Desencuentro: El Ministro de Minería descartó esa posibilidad y señaló que la controversia debe ser resuelta por la ESM. La Jindal ratifica que irá al arbitraje.
Trabajo: maquinaria de la Jindal en el cerro del Mutún
La Prensa
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El Comité Cívico de Puerto Suárez envió ayer una carta al Presidente Evo Morales solicitándole que intervenga en el conflicto entre la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) y la Jindal Steel Bolivia (JSB), pero el ministro de Minería, José Pimentel, rechazó la invitación porque recordó que el representante gubernamental en este tema es la ESM.
Para los cívicos, la controversia tiene que ser resuelta con la intermediación del presidente Evo Morales. El dirigente cívico Juan Carlos Santander considera que el Mandatario está mal informado por el presidente de la ESM, Sergio Alandia, y quiere que conozca las versiones de Jindal y de los cívicos.
Invitaron al Jefe de Estado a Puerto Suárez sin una fecha determinada, pero esperan que pueda participar en el próximo encuentro entre la Jindal y la ESM previsto para mañana.
Los cívicos consideran que el Mandatario desconoce que el Gobierno aún no ha entregado la totalidad de las tierras, pese a que el Ministro de Minería asegura lo contrato. El cívico señaló que aún hay tierras ocupadas y, por lo tanto, el primero que ha incumplido el contrato sería el Estado.
El contrato entre el Gobierno boliviano y la JSB ingresó en controversia debido a que el directorio de la ESM decidió ejecutar las boletas de garantía de la Jindal, por 18 millones de dólares, porque a su juicio ésta incumplió el contrato al no renovar las boletas a tiempo y no pagar el derecho de explotación.
El superintendente de la Jindal, René Soria Galvarro, calificó ayer de ilegal el cobro de las boletas de garantía, ya que —coincidió con los cívicos— el Gobierno ha incumplido el contrato al no haberles entregado aún las 1.500 hectáreas donde estaba previsto instalar el campamento y las plantas.
Dijo que la prueba más fehaciente de eso es que hay predios cuya propiedad se analiza en el Tribunal Agrario Nacional en la ciudad de Sucre, y que en el compromiso del 9 de marzo firmado por Alandia, Pimentel y la Jindal, el Gobierno se daba un plazo de 90 días para dejar expeditas esas hectáreas faltantes.
El representante de la Jindal afirmó que el momento que le confirmen que el dinero de las boletas de garantía ha sido traspasado a cuentas fiscales (a través de una comunicación de los bancos), iniciará el proceso de arbitraje en territorio boliviano, pero con normas internacionales. Esto paralizará el proyecto y se estará a un paso formal del rompimiento del acuerdo. Ese procedimiento comenzará con una misiva de la Jindal en la que comunicará a la ESM su determinación de ir al arbitraje, para luego pasar a nombrar a los árbitros, que no pueden ser de nacionalidad ni boliviana ni india.
El fin de semana se conoció que la socia de Jindal, la transnacional GTLI, presionó al Gobierno boliviano y puso en duda inversiones por 20 millones de dólares en cuatro bloques en La Paz, Beni, Santa Cruz y Chuquisaca.
El viernes se reunieron en Puerto Suárez representantes de la ESM y la Jindal, pero no llegaron a ningún acuerdo, y por el contrario agendaron otra reunión para mañana con la participación de todo el directorio.
Sin embargo, en la tarde de ese mismo día, el Ministerio de Minería envió a los bancos el número de cuenta a la que deben transferir los 18 millones de dólares de las boletas de garantía.
Esta acción del Gobierno no fue informada en el encuentro de Puerto Suárez. Al conocer este detalle, tras la reunión, los cívicos anunciaron medidas de presión. No obstante, ayer comunicaron su determinación de enviar una carta al presidente Morales.
La Jindal dijo que aún no conoce oficialmente si el dinero fue traspasado a cuentas fiscales, y que está a la espera de la confirmación de la fecha de la próxima reunión. Soria Galvarro destacó que su empresa actuará cien por ciento en apego a la ley, es decir al contrato de riesgo compartido suscrito con el Gobierno boliviano en junio de 2007.
Por último, manifestó la predisposición de Jindal de cumplir el contrato, pero advirtió que si se obrara con ilegalidad, Bolivia perderá una inversión de 2.100 millones de dólares.
Para el miércoles está convocada otra reunión entre ESM y Jindal.
Para destacar
El contrato con la Jindal Steel Bolivia (JSB) se firmó en julio de 2007 en la ciudad de Santa Cruz.
El compromiso inicial era una inversión de 2.100 millones de dólares en ocho años.
El ministro de Minería, José Pimentel, informó que la Jindal invirtió en dos años sólo 12 millones de dólares.
La Jindal asegura que invirtió 20 millones de dólares y que el Gobierno de Bolivia no le entregó todo el terreno comprometido.