Ayer adelantábamos que tras la desactivación del conflicto en Potosí vendría la cacería contra los dirigentes rebeldes de ese departamento y los sucesos de hoy nos dan -tristemente- la razón. El ministro de la presidencia, Oscar Coca, uno de los secretarios de Estado que encabezó el diálogo con los representantes potosinos en Sucre, dice ahora que “todo fue un falso conflicto” y que se presentarán pruebas en las próximas horas de una supuesta manipulación política de (cuándo no) “la derecha”. Es decir, que ya se ha puesto en marcha la maquinaria propagandística de descalificación, que seguramente será acompañada también de medidas judiciales. Al mismo tiempo, ayllus controlados por el MAS en algunas zonas de Potosí han declarado “traidores” a los dirigentes que se sumaron a las movilizaciones. El gobierno sabe que esta reciente lucha puede ser contagiosa y que el “Efecto Potosí” podría diseminarse por el país, sobre todo en el occidente, mostrando que es posible doblarle el brazo a la burocracia central. Por eso, buscarán dar un “castigo ejemplarizante” para escarmentar a los díscolos.
Capitalismo de Estado vs. economía popular de mercado
El nuevo frente de conflicto que se ha abierto el gobierno es el de los gremialistas, con una polémica Ley de Aduanas que difícilmente sirva para reducir el contrabando, pero que sin duda está erosionando aún más sus alicaídas bases sociales. La experiencia de la Ley 1008 muestra que el sólo endurecimiento de penas no sirve para contener la expansión de sectores extralegales de la economía, si no hay también un gobierno comprometido con desarticular a las grandes organizaciones delincuenciales que operan en esos rubros. ¿Qué autoridad moral tiene el gobierno para hablar de lucha contra el contrabando, cuando los autores del caso de los “33 camiones” siguen impunes y gozando de una importante influencia en el poder político? La razón de fondo para el impulso gubernamental a la nueva Ley de Aduanas no parece ser otra que la voracidad fiscal, en momentos en que el superávit se ha esfumado y hay que intentar tapar el agujero de las finanzas públicas a como dé lugar. Se produce entonces un choque de modelos económicos, entre un capitalismo de Estado que prioriza los intereses materiales de la burocracia y una economía popular de mercado construida en décadas de trabajo por los más humildes del país. El sector informal es hoy por hoy el 70% de la economía de Bolivia y el gobierno ha decidido enfrentarse a esa realidad social. En Perú, las investigaciones pioneras de Hernando de Soto (“El otro sendero” y “El misterio del capital”) mostraron cómo la formalización puede y debe ser promovida mediante el derribo de trabas y costos estatales, y no mediante la criminalización de sectores enteros de la población. Trabajos que orientaron políticas de Estado, que coadyuvaron -junto a la adscripción al libre comercio internacional- al crecimiento sostenido del país vecino en tasas cercanas al 8% durante varios años. Para tomar en cuenta.