Por Carlos Manuel Acuña
A las tres de la madrugada de hoy (lunes), un grupo de elementos desconocidos y armados atacó el arsenal perteneciente a las Fuerzas del Ejército en la provincia de Misiones, que dependen del Comando de la Brigada 12. La televisión local suministró una información parcial pero apenas trascendió el hecho se restringieron las noticias y comentarios acerca de un suceso que, de inmediato, se lo relacionó con una reciente substracción de fusiles FAL y armas cortas, en un depósito de la Fuerza Aérea.
Ni uno ni otro hecho mereció explicaciones oficiales, lo que ha dado pie a especulaciones de toda naturaleza, profundizadas como sucede en estos casos, cuando oficialmente se cierran las fuentes consultadas.
Respecto del ataque en la ciudad de Posadas, fue difícil ocultar el episodio habida cuenta que la guardia repelió el ataque y según nos señalaron, hubo disparos sostenidos. A raíz del secreto ha sido difícil obtener más información, a la inversa de un hecho anterior, cuando hace unos meses elementos civiles identificados con organizaciones de activistas de "derechos humanos" – el eufemismo que utilizan para identificarse públicamente – prendió fuego en la entrada de la sede del Comando de la Brigada, cuyo Jefe es el General Dotto.
A esta altura de la tarde sólo pudimos corroborar lo sucedido y llama la atención el hermetismo con que se maneja ésta y otros asuntos similares que recuerdan épocas pasadas. La preocupación reside especialmente en una circunstancia fácilmente mensurable: en los años setenta, la conducción política y constitucional del país enfrentó a los insurrectos; a la inversa, hoy los gobernantes simpatizan con los delincuentes de esos años, ocupan los principales cargos públicos y alimentan organizaciones de militantes que suelen manifestarse con respaldo oficial.
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