En la reserva Choré, el Ejecutivo admite que hay más de 1.000 familias asentadas ilegalmente en los predios Jenecherú I, II y en siete subcentrales de la reserva. Ofrecen tierras en la Chiquitania. En El Alto padres afectados anuncian bloqueos para el lunes.
Liberaron a rehenes de la reserva Choré
Campesinos que exigen legalizar sus tierras, soltaron a munícipes de Santa Rosa del Sara.
El Día. En la comunidad Monterrey del municipio de Santa Rosa del departamento de Santa Cruz, comunarios del lugar, liberaron al menos a 23 personas que tomaron como rehenes ayer, entre ellos a concejales con la pretensión de obligar a firmar documentos para legalizar las tierras que ocupan.
Los campesinos esperaban que se les otorguen los títulos o los permisos para que puedan asentarse en el lugar donde está situada la reserva forestal El Choré, por el momento se ha llegado a un acuerdo parcial con las autoridades del lugar.
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El avance actual de la pérdida del área boscosa dentro de esta reserva es de 26.300 hectáreas que representan un 4% de todo el terreno.
Para algunos opositores, aunque los asentamientos humanos están prohibidos por ley, el avance de la deforestación en El Choré aumenta, debido a la permisividad del Gobierno nacional con las ocho centrales de campesinos que se ubican en la zona a las que se les había prometido la dotación 500 mil hectáreas en la zona.
El Gobierno promete que relocalizará a colonos
Choré. El Ejecutivo admite que hay más de 1.000 familias asentadas ilegalmente en los predios Jenecherú I, II y en siete subcentrales de la reserva. Ofrecen tierras en la Chiquitania
Encuentro. El alcalde de Santa Rosa, Manuel Yevara (derecha) sale de la reunión privada que tuvo con los colonos
El Deber. D. Moreno/ H. Heredia
El Gobierno, las autoridades municipales de Santa Rosa y los colonos asentados en Choré se contradicen sobre la denuncia de toma de rehenes en la Colonia 5, de las subcentrales Jenecherú I y Jenecherú II.
Para el viceministro de Tierras, José Manuel Pinto, no hubo toma de rehenes ni secuestro, sino una presión social de los sindicatos agrarios para exigir al alcalde y al Concejo Municipal el reconocimiento de la comunidad para luego tramitar los títulos para sus tierras. Empero, admitió que hay más de 1.000 familias asentadas de manera ilegal. “No hay rehenes, todos están libres. El alcalde se quedó en el lugar para negociar la mejor salida al conflicto; sin embargo, para que quede claro, el área forestal tiene una ley que radica en la creación de la Reserva Forestal Choré”, afirmó el funcionario.
Pinto denunció que los madereros y los colonos ingresaron en la zona, destruyeron el bosque, abrieron caminos y construyeron casas hace unos cuatro años. “Ahora piden modificar la concesión y que el Gobierno les consolide sus títulos de propiedad en una extensión de 420.000 hectáreas (ha). Entre las ocupaciones ilegales están Jenecherú I, Jenecherú II y siete subcentrales, lo que hace más de 1.000 familias asentadas de manera ilegal. Reitero, nadie ha consolidado esas tierras ni existen títulos”, aseveró.
En todo caso, ¿qué se va a hacer para dar una solución definitiva al conflicto?, se le consultó a Pinto y el viceministro respondió: “Ellos deben salir de la zona y los tenemos que reubicar en otra área, pues son gente que se dedica a la agricultura. Por ejemplo, tenemos tierras fiscales en la Chiquitania, Velasco y Ñuflo de Chávez”.
Por su lado, el director regional del INRA, Diego Marquina, también admitió que la mayoría está asentada de forma ilegal en la reserva forestal y que el asunto debe ser definido por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT).
Sin embargo, coincidió con el viceministro Pinto en que la solución al problema es dotarles de tierras fiscales en la Chiquitania.
Con relación a la toma de rehenes, hay versiones contradictorias. Para la dirigente de una de las subcentrales Jenecherú, Alcira Sosa, tal cosa no sucedió, sino que hubo un bloqueo general en la zona “que impidió el ingreso y salida de vehículos”.
Empero, para la concejal de Santa Rosa Maribel Montero, su persona y su colega Katherine Gutiérrez, ambas opositoras al alcalde masista Manuel Yevara Cortez, fueron retenidas en contra de su voluntad. “Llegamos el martes y luego no nos dejaron salir, tumbaron troncas en el camino, pusieron un camión, tuvimos que dormir ahí, no teníamos agua”, indicó.
Las dos concejalas lograron salir el jueves por la noche en medio de la maleza hasta la comunidad Monterrey, donde el corregidor, Ángel Saavedra, logró auxiliarlas.
Esta versión fue contradecida por Sosa, que indicó que las dos concejalas se salieron del lugar sin ningún impedimento porque estaban libres, sin ningún tipo de control. “No tuvimos de rehén a nadie”, aseguró.
Igualmente, el alcalde Yevara desmintió que los concejales y su persona hayan estado como rehenes. La autoridad municipal afirmó: “Hay personas interesadas en dar falsas alarmas para confundir al pueblo”.
Añadió que hará una investigación porque denunció que en Santa Rosa dos micros de servicio público fueron interceptados por algunas personas del lugar y, con supuestos actos discriminatorios, saquearon las pertenencias de los pasajeros.
Luego Yevara también se dirigió a los colonos de Jenecherú I y Jenecherú II para advertirles que su autoridad no negociará con presiones.
Se negoció bajo tensiones
La llegada del alcalde Manuel Yevara a la comunidad de Colonia 5, donde están asentadas las subcentrales Jenecherú I y Jenecherú II, el jueves por la noche, contribuyó a mejorar el clima tenso que en los últimos días se produjo en la zona de la reserva forestal Choré.
A la medianoche del jueves, la negociación prácticamente estaba rota entre las autoridades municipales, los responsables de las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL) y los dirigentes de los colonizadores, según reconoció Alcira Sosa, una de las líderes campesinas.
Sin embargo, también estuvo en el lugar el secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de las Cuatro Provincias del Norte, José Luis Avendaño, que intentó mediar en el conflicto.
Ayer, en horas de la mañana, se produjo una reunión entre el alcalde, el presidente del Concejo Municipal de Santa Rosa,
Máximo Castro, la concejal Dolly Saucedo y los dirigentes de los colonizadores, sin que participaran los representantes de las ASL. Al cabo de la misma, se indicó que ya había una solución.
En conferencia de prensa, Sosa manifestó que el único propósito que motivó la expulsión de las ASL fue para presionar a las autoridades municipales de Santa Rosa para que atiendan las necesidades de la zona.
Según Sosa, se pide el reconocimiento del municipio de Santa Rosa a las comunidades de las dos subcentrales porque necesitan un aval público para obtener ayudas comprometidas, como la construcción de un tanque de agua y la conexión domiciliaria.
Al final, los colonos dijeron que pueden convivir con las ASL, pero se les pidió cumplir sus compromisos.
39 albergues SOS corren riesgo en El Alto. Protesta.
Predios. El Centro Social de Aldeas SOS de El Alto sigue tomado por los vecinos del Distrito 14.
La Razón. Herbert Herrera – El Alto.
Los ejecutivos de Aldeas Infantiles SOS de Sudamérica y Bolivia advierten que si se consolida la toma de su Centro Social en El Alto de la zona Bautista Saavedra se cerrarán los 39 albergues que funcionan en esa ciudad y que son administrados por esta organización.
“Nos queremos quedar en El Alto y lo vamos a seguir haciendo hasta que nos echen. Esta (toma) es una forma de hacerlo y pone en riesgo los 39 centros, porque nos quitan un medio importante para poder seguir trabajando”, dijo el director Nacional de Aldeas SOS, Alfonso Lupo Flores.
Paralelamente, los padres y madres sustitutas de 1.600 niños beneficiados por los programas Manitos y de capacitación de padres anunciaron bloqueos y movilizaciones desde el lunes en calles, avenidas y accesos de esa ciudad en defensa de las instalaciones de Aldeas SOS.
El domingo 12 de septiembre, vecinos de Bautista Saavedra, encabezados por Rufo Huaycho, tomaron por la fuerza las instalaciones de la ONG construidas en esa zona sobre una extensión de 590 metros cuadrados con el argumento de que en el terreno —de propiedad municipal, pero entregado en comodato a SOS— debía construirse un hospital para la zona.
“Sacaron por la fuerza a niños y mujeres; pusieron candados y cadenas a las puertas”, denunció Lupo.
El principal ejecutivo a nivel de Sudamérica de esta organización, Wálter Cadima, dijo que al afectar el trabajo del Centro Social se atacó directamente “al corazón de todo el centro” porque en esta área se realizan las tareas logísticas que sustentan a los 39 albergues que funcionan en 10 distritos de la urbe alteña.
“No se puede concebir el funcionamiento de todas las partes si es que falta uno de sus componentes. Además, es el lugar donde más niños se recibe (121), no sabemos dónde están ellos que en su mayoría son los hijos de comerciantes”, enfatizó Lupo Flores.
Aldeas SOS en El Alto tiene como a su principal socio al municipio con el que ejecuta de forma directa el programa Municipal Manitos. El terreno fue cedido en comodato por un lapso de 20 años el 2005 y finaliza el 2025. La organización construyó la infraestructura donde funciona el Centro Social.
SOS califica la actitud de los vecinos como un atentado contra los derechos de los niños de El Alto. Sus ejecutivos afirman que las acusaciones vertidas, sobre un supuesto mal manejo administrativo y una selección privilegiada de los beneficiados, son infundadas y falsas.
“Estamos dispuestos a someternos a auditorías y a todo lo que se nos exija. Éste es un movimiento que sólo quiere generar una mala imagen con acusaciones que no tienen ningún tipo de asidero”, agregó Lupo. La solución está en manos del alcalde de El Alto, Édgar Patana, pero esta autoridad aún no se pronuncia.
Para Aldeas SOS, la autoridad municipal tiene que hacer prevalecer el principio de derecho y buscar una solución inmediata porque hay un grupo de niños que ha quedado desprotegido por la paralización de las actividades del Centro Social. Los ejecutivos aseguran que sostuvieron dos reuniones con los dirigentes de la junta vecinal.
“Estamos agotando todo lo que está a nuestro alcance. Nosotros no podemos negociar el derecho de unos niños, sin embargo, podemos escuchar las necesidades de los vecinos e incluso coadyuvar y hacer gestiones para que ellos tengan un centro médico y social en su zona”, agregó Lupo.
Los padres de los niños afectados, ayer se manifestaron en puertas de las oficinas de SOS en Sopocachi. Declararon que respaldan a la organización y anunciaron para el lunes movilizaciones y bloqueo de los principales accesos y avenidas a la ciudad de El Alto.
El Centro Social
El Centro Social de Aldeas SOS de El Alto acoge a 121 niños menores de seis años y brinda asistencia integral, alimento y ropa a las madres, y apoyo sociopsicológico a sus familias.
Avasalladores, sin norte
Los representantes de Aldeas SOS recibieron diferentes razones de los dirigentes de la Junta Vecinal Bautista Saavedra para justificar la ocupación de los predios donde funciona dicha ONG.
El presidente de la Junta Vecinal Bautista Saavedra, Rufo Huaycho, aseveró en primera instancia que la toma del edificio era para la creación de un centro para atender a las personas de la tercera edad. En otra declaración brindada el martes dijo que se busca la construcción de un hospital de segundo nivel para la atención del materno infantil.
Sin embargo, en la última reunión que sostuvo con los ejecutivos de Aldeas SOS y mediadores del Defensor del Pueblo, Derechos Humanos y la Federación de Juntas Vecinales, el jueves, argumentó que el terreno serviría para el uso de la Subalcaldía y la junta vecinal de su barrio.
Esta postura fue ratificada ayer por el dirigente de la zona Saúl Juchani, quien señaló que la infraestructura servirá para instalar las oficinas de la Subalcaldía. “Queremos darle una verdadera función social a estos predios y que no beneficie a pocos”, argumentó Juchani.
El director Nacional de Aldeas SOS, Alfonso Lupo Flores, señaló que en el contrato de comodato con el Municipio se establece que en caso de que se retiren de El Alto, la infraestructura del Centro Social debe destinarse exclusivamente a la población infantil.