Humor negro, y del peor

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Chito Valle ¿linchamiento?

2. Bajo el Penoco, El Día: Humor negro, y del peor

3. Los Tiempos: EL PRINCIPIO DEL FIN DE UNA GUERRA INJUSTIFICABLE

4. El Deber: Complejo ambiente delictivo

5. La Razón: Caranavi

6. Cambio: El reo Nº 3.564

7. La Prensa: Salud pública y seguridad social

8. El Diario: Se plantea la socialización de los bienes urbanos

9. El Mundo: Ética de prueba

10. Opinión: Presupuesto y ejecución de trabajos municipales

11. Clarín, Argentina: Abusos con la publicidad oficial

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El Día: Chito Valle ¿linchamiento?

Con la captura del ex prefecto de La Paz, Luis Alberto Valle, el Gobierno del MAS ha conseguido, por fin, repatriar a la primera de las numerosas ex autoridades nacionales que ha declarado prófugas, ya sea por acusaciones de corrupción o por violaciones a los derechos humanos, como sucede con Gonzalo Sánchez de Lozada, varios ex ministros y también ex mandatarios.

La comunidad internacional le ha dado una excelente lección al régimen de Evo Morales sobre la forma de proceder en estos casos, en estricta sujeción a las normas internacionales y manifestando una actitud abierta de cooperación, como corresponde a países civilizados en los que reina el estado de derecho para cualquier ciudadano.

Tanto el Poder Ejecutivo peruano, como la justicia de ese país han cumplido todos los procedimientos previstos, haciendo oídos sordos de las arengas, insultos e improperios lanzados por actores políticos que no hacen más que buscar el entorpecimiento de las relaciones entre ambos países, vínculos que deberían mejorar notoriamente a partir de este gesto que se produce en Lima.

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Lo más interesante del caso “Chito” Valle es que ha sido el Gobierno de Estados Unidos el actor fundamental de la deportación, ya que fue la embajada norteamericana en Perú la que dio la alerta a Interpol, cuando el ex prefecto acudió a esa legación diplomática a tramitar una visa. Con este comportamiento, Washington echa por tierra todas las especulaciones que ha expresado la administración gubernamental boliviana sobre una supuesta falta de voluntad que estaría impidiendo la entrega de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. Tanto en lo que respecta a Estados Unidos, como lo que atañe a Perú, donde están refugiados varios ex ministros, está demostrado que no están dadas todas las condiciones legales para la repatriación de aquellos ex funcionarios y obviamente no está en manos de los gobernantes tomar decisiones políticas, como lamentablemente ha sucedido con el peruano Wálter Chávez, solicitado por la justicia de su país y que goza de la protección del régimen del MAS.

Con “Chito” Valle, del que se pueden decir muchas cosas, tal vez con mucha razón, el Gobierno de Evo Morales debe demostrarle al mundo que en Bolivia también puede haber respeto a las leyes. Deberían calmarse aquellas voces que están solicitando una suerte de linchamiento del ex prefecto paceño. Antes de que llegue a Bolivia, se había anunciado la aplicación de la Ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, lo que significaría incurrir en la retroactividad, una absoluta aberración, muy mal vista en el contexto internacional.

En los últimos años lamentablemente se han visto muchas aberraciones en Bolivia. Ministros que ordenan traslados y arrestos. Policías que se niegan a cumplir una orden de la Corte Suprema, nombramientos a dedo de jueces y fiscales, violación de las jurisdicciones judiciales y un sinfín de atropellos que ponen en duda la vigencia del estado de derecho en el país.  El Gobierno no ha sido capaz de repatriar a las ex autoridades que se encuentran prófugas porque la comunidad internacional no puede prestarse ni facilitar los linchamientos. Por eso es que justamente con “Chito Valle” se hace imprescindible aplicar el debido proceso.

“Chito” Valle se perfila como el gran chivo expiatorio, después del fracaso de este Gobierno en la lucha contra la corrupción.

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Bajo el Penoco, El Día: Humor negro, y del peor

Qué les habrá pasado a los viejos trabajadores petroleros. Esos hombres rudos que transpiraban su orgullo por YPFB. En su aniversario, este sector ha decidido condecorar al presidente Morales con la “Insignia de Oro”, en reconocimiento al proceso de nacionalización de los hidrocarburos “que determinó la recuperación de los recursos naturales para beneficio del pueblo boliviano”. Vaya palabritas, bien aprendidas las tienen, pero al parecer las repiten como loros. Lo curioso del caso es que tal premiación se realizó nada menos que en la planta engarrafadora de GLP de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde cada vez tienen menos trabajo, pues YPFB cada día importa más gas licuado, ya sea de Chile o de Argentina. Lamer las botas del jefazo no es un pecado, lo hacen todos los días, incluso ilustres personajes y otros que nadie hubiera imaginado. Pero hacerlo en estas circunstancias es humor negro y del peor. Menos mal que el Primer Mandatario no lo tomó a mal, a no ser que los trabajadores petroleros estén poniendo de relieve el nuevo paradigma sobre el trabajo en Bolivia.

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Los Tiempos: EL PRINCIPIO DEL FIN DE UNA GUERRA INJUSTIFICABLE

Así como Estados Unidos ha sido capaz de incurrir en semejante acción, también lo ha sido para rectificar errores, como ahora

El Presidente de Estados Unidos, cumpliendo una promesa electoral, ha ordenado el repliegue de tropas de Irak dando fin a la aventura impulsada por su predecesor George W. Bush y que tanto daño ha hecho a esa conflictiva región del planeta, a su propio país y al mundo en general.

De principio, se trató de una guerra basada en la mentira, hecho que da cuenta de la catadura moral de quienes gobernaron Estados Unidos entre 2001 y 2009, cobijados bajo el denominativo genérico de "neocons", que promovieron, con una radicalidad pocas veces vista, un pensamiento único dirigido a hacer el concepto  de la "guerra preventiva" el mecanismo de intervención de la potencia mundial en cualquier lugar del mundo si sus conductores consideraban que así se debía proceder.

Esta guerra ha costado la muerte de alrededor de medio millón de iraquíes, más de cuatro mil efectivos estadounidenses, centenas de miles de heridos, el conocimiento de viles torturas a los oponentes como en el caso de Abu Ghraib y el surgimiento de una guerra civil en esa nación que no tiene visos de terminar en el corto plazo.

Los costos en el campo económico son elevadísimos, incluyendo un sistema de corrupción generalizado que salpicó a muy importantes autoridades estadounidenses, lo que debilitó sustancialmente el discurso de transparencia que Estados Unidos enarbolaba. Asimismo, la depredación cultural que sufrió la nación iraquí desde el momento mismo de la invasión, la destrucción de gran parte de su infraestructura, también son costos de esta guerra que nunca debió comenzar. Además, esta invasión -como sostienen los entendidos– ha permitido que Irán -país teocrático y en el que se violan los derechos humanos básicos, como la igualdad de sexos– se yerga como la potencia más importante de esta conflictiva región.

Pero, así como Estados Unidos ha sido capaz de incurrir en semejante acción, también lo ha sido para rectificar errores y es posible sostener que es en buena parte debido a este fracaso que los republicanos sufrieron una de sus más grandes derrotas de electorales en 2008 y el Partido Demócrata retornó a la Casa Blanca de la mano del primer presidente negro de la historia de Estados Unidos.

No hay que olvidar que entre las principales ofertas electorales del presidente Barack Obama estuvo la del retiro de las tropas de Irak ni que fue uno de los pocos congresistas estadounidenses que nunca apoyaron la invasión a Irak. Consecuente con ambas posiciones, dio el paso que se comenta.

Ahora, es difícil prever el curso de los acontecimientos en Irak. La lucha de facciones, los intereses económicos, la corrupción, la pobreza y la injerencia sistemática y permanente de intereses externos, hacen muy difícil que Irak pueda reconstituirse como nación soberana. Y en cuanto a las relaciones en el planeta, a Estados Unidos le seguirá costando recuperar la confianza en su liderazgo, peor aún si las corrientes radicales que justifican las acciones armadas de esa nación logran imponer su agenda política.

Por ello, parece que será difícil para el presidente Obama volcar la página de este sangriento conflicto, como es su deseo de acuerdo al sentido discurso que pronunció la noche del 31 de agosto al anunciar el repliegue de tropas de su ejército de Irak.

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El Deber: Complejo ambiente delictivo

El de la delincuencia es uno de los ‘sectores’ que más ha evolucionado en sus métodos, en sus modos de operar, y en este ambiente altamente peligroso de nuestra ciudad capital.

Nada, por lo que se puede colegir del diario acontecer delictivo, cierra el paso u obstruye el “quehacer” del delincuente. Ni con la más sólida cerradura, ni con el más complejo equipo de alarma se consigue, hoy en día, y aquí, en la otrora fiable Santa Cruz de la Sierra,  poner a buen recaudo el solar o el negocio, frente al avezado trajín del ladrón audaz. Opera éste, ya no con la rústica palanca, con el martillo o con la sierra acerada. Hoy se vale de aparatos modernos,  ingeniosos que en un abrir y cerrar de ojos dejan expuesta la intimidad del hogar o del negocio, con sus pequeños o grandes bienes, para cargar con lo que es susceptible de vender en mercados que, para colmo de los colmos, aún a sabiendas de que sólo operan con objetos robados, gozan de absoluta impunidad y hasta cuentan con guardias a la vista.

El robo de vehículos registra, tal vez, lo máximo en eficiencia y rapidez. En menos de lo que canta un gallo, los avezados ladrones dejan un vehículo sin sus llantas y a plena luz del día. Hasta se permiten la “delicadeza” de abandonar el motorizado sobre pilas de ladrillos, siempre claro que el objetivo no hubiera sido la unidad completa, en cuyo caso, los malvivientes, sin dejar un solo rastro, se hacen humo con la unidad completa… y hasta verte ¡Cristo mío!…

Incontables deben ser las bandas equipadas con lo más moderno, veloz y efectivo de instrumentos de apoyo a sus deleznables artes. Equipos e instrumentos que hacen posible la comisión de un desmantelamiento vía del robo en cuestión de un par de minutos como máximo. Como alarde no sirve puesto que es indigno de la naturaleza humana, pero sinceramente creemos que en Santa Cruz de la Sierra operan las bandas de ladrones equipadas de lo más automático y veloz que se manipula en ámbitos del crimen universal.

Y como contrapartida, ¿de qué podemos valernos? No corresponde aceptar nuestro sino con resignación porque nadie puede quedar de brazos cruzados mientras lo “pelan” en  plena calle y bajo la luz del sol y porque tampoco corresponde transmitir a nuestros descendientes tanta y tan cruel acechanza. ¿Recurrir a las fuerzas a cargo del mantenimiento del orden público, a la policía para hablar directamente sin eufemismos? ¡Claro que sí, tal sería, de modo inexcusable, el camino! Pero nuestra fuerza pública, nuestra policía, amén de insuficiente en número dada la vastedad del territorio y lo denso de la población, no está, al menos con relación a los delincuentes, ni siquiera medianamente equipada. Ni cómo ni con quienes enfrentar a la delincuencia tienen nuestras fuerzas policiales. Es, por lo que parece, cuestión de esperar nomás a que nos coma el tigre.

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La Razón: Caranavi

Lo mejor será no adelantarse ni tratar de salvar a nadie anticipadamente

En semanas consecutivas, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo coincidieron en identificar a la Policía como la responsable de lo sucedido en el norte de La Paz, donde, además de las muertes de David Calizaya Mamani y Fidel Mario Hernani Jiménez, hubo un saldo de 29 heridos. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con mayoría oficialista, dispensó de culpa tanto al ministro Llorenti como a la institución del orden.

Llorenti reconoció que él dispuso la intervención policial y que, si no lo hacía, ahora se estaría hablando de una “masacre fratricida”, lo cual suena altisonante. El comandante general de la Policía, Óscar Nina, se mostró extrañado de que en dichos informes no se mencionara a los policías heridos ni se consideraran aspectos como que se hubiera podido originar un enfrentamiento entre pobladores y cooperativistas mineros y colonizadores, o —un tanto exagerado él— que hubiera gente con riesgo de morir de inanición.

En aquellos días de mayo, la Policía actuó para desbloquear una carretera donde manifestantes de Caranavi demandaban la instalación de una planta de cítricos en su municipio y no en Alto Beni. Según el informe del defensor Rolando Villena, en ese operativo los policías “vulneraron la dignidad de las personas (y hubo) aprehensiones indiscriminadas, uso excesivo y desproporcional de la fuerza, intimidaciones y amenazas, trato inhumano y degradante de los detenidos, ingreso arbitrario a domicilios sin autorización del propietario y uso excesivo de gases lacrimógenos”.

Derechos Humanos señaló que “el Gobierno sigue siendo el principal transgresor de las libertades y derechos fundamentales de los bolivianos. En el caso de Caranavi se utilizó la fuerza para desbloquear, desechando el diálogo, lo que hubiera evitado la muerte de dos jóvenes”.

La reacción presidencial tiene dos partes, una positiva y otra negativa. Fue honesto de su parte reconocer como institucional la orden de desbloquear; por otro lado, más sensato hubiera sido esperar que concluyeran las investigaciones de la Fiscalía, antes de dar un respaldo cerrado a Llorenti, cuestionado inclusive por movimientos sociales.

Lo mejor será no adelantarse ni tratar de salvar a nadie anticipadamente, mientras se desarrollan las averiguaciones que ojalá sean a fondo para dar con los responsables de las muertes de Hernani y Calizaya en Caranavi.

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Cambio: El reo Nº 3.564

La expulsión del Perú y la posterior detención preventiva en el penal de San Pedro del ex prefecto Luis Alberto ‘Chito’ Valle cerró el primer capítulo del procesamiento penal de quien fuera uno de los hombres con más poder político de Acción Democrática Nacionalista (ADN), partido ultraconservador fundado por el fallecido dictador Hugo Banzer Suárez, a la sazón suegro de quien deberá explicar a la justicia boliviana sobre el arbitrario manejo económico que hizo cuando administró la Prefectura de La Paz.

La ex autoridad departamental está acusada de un millonario daño económico al Estado por 17.753.013 dólares y enfrenta un proceso penal por la presunta comisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, falsedad material e ideológica, contratos lesivos al Estado, uso de instrumento falsificado, uso indebido de influencias, peculado y malversación, entre otros.

Los casos en su contra —acumulados entre 1996 y 1998— se refieren a la transferencia de bienes del ex Banco Minero de Bolivia por 7.177.964 dólares y la adquisición de muebles de lujo a la empresa Cuisine por 210.049 dólares. Por otro lado, está procesado por el caso denominado ‘Chitochatarra’, referido a la transferencia irregular de 200 vehículos de la Prefectura de La Paz casi nuevos a precio de chatarra por un monto de 2.000.000 de dólares, así como por la ‘Chitocasa’, que involucró un inmueble en la calle Antonio Gallardo de La Paz enajenado de manera irregular por 100.000 dólares.

A esto se suma una deuda contraída por la transferencia de Ferreco por un monto de 8.265.000 dólares. Además, el ex prefecto también se apoderó —sin trámites— de una quebrada sobre el río Beni, en el Parque Madidi, que era usada por vecinos de Rurrenabaque y San Buenaventura para su recreación. Nunca se supo de dónde sacó los millonarios recursos, pero en ese paradisiaco lugar construyó, al amparo del segundo gobierno de su suegro, una serie de bungalows con pozas de agua cristalina en medio de la selva. Según la red Erbol, ese hotel fue construido con material llevado desde La Paz en vehículos oficiales.

El ex Prefecto paceño fue detenido por efectivos peruanos de Migración el 20 de agosto a pocas cuadras de la Embajada de Estados Unidos en ese país, y deportado por el Gobierno de Lima este 1 de septiembre. Llegó a La Paz a las 03.10 de la madrugada para ser inmediatamente recluido en una celda común del penal de San Pedro, registrado como el interno Nº 3.564.

Valle, quien llegó con buena salud, aunque con una leve crisis emocional causada por la situación en la que se encuentra y su traslado de varias horas, no gozará de ningún privilegio respecto al resto la población penal.

"Verbalmente, la médica forense que le examinó a su llegada determinó que su salud es completamente estable. Todos sus signos vitales están normales", dijo la viceministra de Lucha contra la Corrupción, Gabriela Veizaga.

Es decir, las condiciones de reclusión de ‘Chito’ distarán de lo que habitualmente ocurría en el pasado, cuando influyentes políticos, banqueros y empresarios, que por alguna razón terminaban entre rejas de manera preventiva, gozaban de prerrogativas inimaginables para el resto de los reos comunes.

En este contexto, el abogado defensor de Valle, Alberto Morales, denunció que durante la detención de su cliente en Lima y su traslado a La Paz las autoridades "violaron sus derechos humanos", de "una persona de 68 años que fue afectada por la persecución penal que le fue impuesta desde su aprehensión en Perú, el recurso que aceptó un juez limeño para que sea deportado y la incertidumbre y la ansiedad de su traslado hasta 3.600 metros sobre el nivel del mar". En este marco, demandó que las autoridades bolivianas "privilegien" la situación humana de ‘Chito’ Valle "antes que la jurídica".

Sin embargo, lo que debería preocuparle al abogado Morales es precisamente la situación jurídica de su cliente, ya que en un estado de derecho como el que vive Bolivia, producto de la voluntad soberana de su pueblo, los derechos humanos del ex Prefecto están plenamente garantizados.

Lo que intencionalmente ignora el jurista en cuestión es que hoy la patria no está gobernada por una dictadura, como la que encabezó el suegro de su cliente, sino por una democracia que garantiza los derechos constitucionales de todas y de todos los bolivianos. Bolivia es un país donde existe la más amplia libertad de prensa y donde ni por asomo existen presos políticos, menos desaparecidos como los que cobró la dictadura banzerista.

Lo que el doctor Morales debe asumir a plenitud es intentar demostrar que las acusaciones contra ‘Chito’ Valle no tienen sustento, porque para eso lo contrató el acusado, y dejar a las autoridades jurisdiccionales la tarea de establecer lo que en derecho corresponde.

Además, varios de los procesos en contra de Valle han prescrito por el encubrimiento político del que gozó durante los gobiernos de Sánchez de Lozada y de Banzer, por lo que, en criterio del gobernador de La Paz, César Cocarico, "no se podrán recuperar 10 millones de dólares" del daño provocado al Estado.

Por eso es importante que el proceso penal contra ‘Chito’ Valle alcance a sus cómplices y encubridores, entre éstos ex autoridades de la Corte Suprema de Justicia y algunos vocales de la Corte de Distrito de Chuquisaca, que cometieron el delito de prevaricato —según la parte civil— para favorecer al yerno de Banzer, hoy el reo Nº 3.564 de San Pedro.

Es importante que el proceso penal contra Valle alcance a sus cómplices y encubridores, entre éstos ex autoridades de la Corte Suprema y algunos vocales de la Corte de Distrito de Chuquisaca que cometieron el delito de prevaricato —según la parte civil— para favorecer al hoy reo Nº 3.564.

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La Prensa: Salud pública y seguridad social

Se supone que si el trabajo de los médicos es afectado por un excesivo número de pacientes, la institución debería incrementar su personal.

Una joven madre trabajadora busca atención médica y va, en principio, al Hospital Obrero, pues ella es asegurada en la Caja Nacional de Salud. En el hospital le dicen que previamente debe asistir al médico familiar que atiende en el policlínico de Villa Fátima, que es donde le corresponde dada la zona en la que vive. A partir de allí esta joven mujer vivirá un extraño y alarmante vía crucis que tendrá una culminación trágica.

Debemos reconocer que el servicio que presta la CNS es no sólo la única alternativa con la que cuentan la mayor parte de los trabajadores bolivianos para la atención médica personal y la de su familia, también la atención que han recibido les ha permitido recuperar la salud en condiciones óptimas, que es en realidad uno de los objetivos por los cuales ha sido creada. Es cierto que como institución la CNS ha tenido un desarrollo impresionante, un crecimiento que no sólo ha aportado beneficios a la población, pues la institución aseguradora también ha sufrido los embates de los problemas propios de toda institución estatal. Desde la corrupción funcionaria a la extrema burocratización.

La historia con la que abrimos este comentario continúa cuando la mencionada trabajadora es atendida por el médico familiar que le correspondía y éste, tras una somera revisión ?que el director del nosocomio justifica dada la cantidad de pacientes que esperan atención?, concluye que la enferma sólo está buscando el parte de baja médica que le permitirá no asistir al trabajo durante tres días y, luego de una dura reprimenda por aquel supuesto intento de engaño, le da unos calmantes y la envía a su casa. Dos días después la infortunada mujer muere a causa de una peritonitis que el médico familiar no había sido capaz de detectar.

En este sentido, cabe subrayar la actitud del médico con la enferma que no condice con una formación humana básica, algo que desgraciadamente se hace muy común ver en médicos que trabajan especialmente en el área de la seguridad social. Por otro lado, debemos señalar la terrible burocratización enraizada en esa institución, la enferma solicitó una atención médica ya en el Hospital Obrero, pero, claro, había que cumplir con las normas, así que previamente tuvo que hacer una visita al médico familiar que no sólo no le hizo una revisión exhaustiva, también la acusó de embustera. Se supone que si el trabajo de los médicos es afectado por un excesivo número de pacientes, la institución debería incrementar su personal.

Claro, todo se justifica con el bendito de la insuficiencia de presupuesto básico, por lo que el problema llega a niveles estatales superiores cuya obligación primaria es la de solucionar este tipo de conflictos, más aún los que hacen a la atención básica de la salud de los trabajadores y sus familiares que ?se supone? aportan a la seguridad social con descuentos directos del salario mensual que reciben, acudan o no a atención alguna. Sin lugar a dudas, éste resulta otro de los problemas básicos de la población que ningún gobierno nacional ?aun aquellos que pregonan ?cambios? que nadie siente? supone necesario solucionar, ni siquiera aquellos que atañen a quienes han cometido el error de creer en sus promesas de una mejor calidad de vida. Son errores que deberían evitarse de cualquier manera, pues atañen a la vida de los ciudadanos.