Es el abogado defensor en un caso polémico ocurrido en Caranavi, por dos jóvenes que murieron a bala. Desde que tomó el caso comenzó una dura batalla que incluye desde allanamientos a su oficina hasta acusaciones de tener vínculos con el narcotráfico.
Abogado. Wilder Quiroz muestra sus documentos. Dice que tiene todos los derechos adquiridos de un ciudadano boliviano
Roberto Navia, El Deber
Jorge Wilder Quiroz es el abogado de los familiares de los jóvenes David Calisaya Mamani y Fidel Mario Hernani Jiménez, que murieron a bala en los hechos de Caranavi. Desde que tomó el caso siente que su vida ha cambiado. Su casa y oficina fueron allanadas por la Policía y la Fiscalía, y es acusado de tener vínculos con el narcotráfico.
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Quiroz nació en Perú, fue policía durante ocho años y llegó a Bolivia en 1997. Se casó con Claudia Lecoña Camacho, con quien lleva el caso de Caranavi y ve algún riesgo de que el poder lo expulse del país para alejarlo del caso.
– ¿Qué avances hay en las investigaciones sobre las muertes en Caranavi de los jóvenes David Calisaya Mamani y Fidel Mario Hernán Jiménez?
– Los mayores avances que se han dado fueron a partir del 17 de agosto, cuando se empezó a tratar de recoger determinados datos de las autoridades que de alguna forma impartieron las órdenes para que se procediera con el desbloqueo de Caranavi.
El avance que hubo fue traer a La Paz a los dirigentes, notificarlos para que vengan a dar sus declaraciones y después de aquello proceder con su detención.
– ¿Por qué cree que ocurre eso?, ¿ve alguna mano política en el caso?
– Definitivamente. Si bien somos, yo y la doctora Claudia Lecoña Camacho, mi esposa y con quien llevo las investigaciones, no debemos hablar sobre cuestiones políticas, lo cierto es que esto ya tomó un tinte político.
– Pero también hay otras verdades, que forman parte de informes de varias instituciones y que manejan una hipótesis sobre lo sucedido en Caranavi. ¿Qué opina de esos informes?
– El de la Cámara de Diputados expresa una posición política, porque lo hacen políticos. Mientras que el que hizo el Defensor del Pueblo es ajustado a los derechos humanos porque es una institución que se dedica a precautelar al ciudadano. El que se llevó a cabo la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos también es un informe especializado. Yo quiero hacer una aclaración, que los abogados de los familiares de los fallecidos no hemos participado en ningún tipo de elaboración de informe alguno. Quizá hemos proporcionado los insumos. Cuando digo esto me refiero a la relación de hechos que están en los memoriales que hemos presentado tanto para la acción de libertad de las 16 persona que estuvieron detenidos en San Pedro. Eso hemos proporcionado a la Apddhh porque somos miembros de ella.
– ¿Qué opina que el presidente Evo Morales hay asumido una cierta responsabilidades sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno para desbloquear Caranavi?
– Eso lo consideramos como algo político también. El Presiente es nuestro representante, nosotros tenemos mucho respeto por él, pero si decide asumir alguna responsabilidad se supone que ya corre por cuenta esa situación. Nosotros frente a esa decisión política no tenemos nada que decir porque estamos dedicados al proceso jurídico.
– ¿La declaración del Presidente puede enturbiar el proceso?
– Yo creo que no, porque de todas maneras, y pese a todo lo que nos ha ocurrido, la doctora Lecoña y mi persona somos creyentes en la institucionalidad del Estado boliviano. Creemos que sus instituciones no se van a prestar para estas cosas. El Ministerio Público tendrá que actuar conforme a su ley orgánica y a las normas vigentes. Si no lo hace la historia tendrá que sancionarlos y castigarlos, y nosotros somos parte de esa historia también. Probablemente nos toque a nosotros tener que actuar en contra de estas autoridades.
– ¿Le ha cambiado la vida esta investigación?
– Me cambió la vida porque escudriñaron mi pasado. Un pasado del cual no tengo nada que ocultar. Yo cuento con una sentencia absolutoria de ese supuesto proceso por delito de narcotráfico. El fallo que se pronunció el 28 de agosto de 2007 en la localidad de Guamachuco, departamento de La Libertad, en Perú.
Es decir, yo no tengo ninguna cuenta pendiente. Me cambiaron la vida en ese sentido, o de repente me hicieron recordar mi pasado. Esa denuncia de narcotráfico sucedió en 1993.
– Usted también denunció que le intervinieron su oficina, ¿cómo fue eso?
– El 27 de agosto la Policía entró con la Fiscalía a realizar un allanamiento a mi casa y a mi oficina bajo el supuesto de que nosotros nos estábamos dedicando al tráfico de sustancias controladas. Una supuesta llamada anónima había denunciado que varias personas entraban a esos lugares allanados para comprar droga. Le buscaron una forma legal para ingresar y llevarse dos computadoras. Me quieren investigar informáticamente sobre tráfico de sustancias controladas. Me están haciendo dos procesos sobre este tema.
En estos momentos el abogado que se atreva a autorizar un memorial en contra de algunos de los integrantes del Gobierno se debe atener a las consecuencias, porque le van a abrir procesos de todo y de nada.
Menos mal que nosotros vivimos con Dios. Cuando allanaron mi oficina no pudieron cristalizar el plan que tenían, de poner sustancias controladas en cualquier lugar del bufete. Esto gracias a que una compañera abogada durante el allanamiento reconoció a una mujer que venía con dos mochilas, en una de ellas probablemente tenía alguna sustancia controlada o armamento.
– ¿Hay evidencia de que esa mochila no es suya?
– Definitivamente que no es mía.
– ¿Qué buscan con estas acciones?
– Lo que se está buscando es acallarme. No voy a dar marcha atrás. No puedo hacerlo por cuestiones de principios, Yo me considero defensor de los derechos humanos. Yo he sido policía en Perú durante ocho años. Estudié la carrera durante cuatro años.
– ¿Por qué dejó de ser policía?
– Por motivos económicos y sociales. En Perú se vivía en un ambiente muy difícil. Había una dictadura. No sólo dejé yo la Policía. Hubo una fuga de efectivos. Éramos 120.000 y se quedaron 100.000.
– ¿Cuándo llegó a Bolivia?
– Me vine a Bolivia en 1997. Estudié Derecho en la Umsa. Me casé con la doctora Claudia Lecoña Camacho.
– Usted dice ser defensor de los derechos humanos. En este caso hay una persona que antes de ser ministro era miembro de los derechos humanos. ¿Qué opina de Sacha Llorenti?
– No quisiera hacer una comparación con el señor ministro, pero la diferencia de repente entre ambos es que él trata de ayudar, mientras que yo hago lo correcto. Digo que él trata de ayudar porque no se sabe a quién ni en qué forma.
– ¿Debe haber un alejamiento de Sacha Llorenti del Ministerio de Gobierno?
– Eso lo tiene que determinar el Presidente que, tengo entendido, da su absoluto apoyo a Llorenti. Nosotros no tenemos ningún reparo con aquello. Son decisiones del Ejecutivo y es el Presidente el que tiene que decidir. Yo me voy a abstener de dar una posición política.
– ¿Cómo se pinta el panorama en torno a los anuncios de posibles marchas por parte de familiares de los fallecidos y de habitantes de Caranavi?
– Tengo entendido que hay la predisposición para que se movilice Caranavi. Es por eso que tratamos de no dar muchas apreciaciones políticas porque ello puede convertirse en una excusa no para apartarnos del caso, sino para sacarnos de este suelo patrio que queremos muchísimo.
– ¿Tiene miedo a una repatriación?
– No tengo miedo de ninguna repatriación ni expulsión del país. Yo soy un boliviano, tengo todos los derechos adquiridos, los ejerzo conforme al actual texto constitucional y no tengo ningún temor. Pero si deciden sacarme buscándome cualquier situación, tengan la plena seguridad que volveré.
– ¿Teme por su vida?
– Ya no tenemos miedo. Al inicio sí hemos tenido cierto temor. De repente algún iluso piense que con nuestras muertes va a devolver la vida de los jóvenes fallecidos en Caranavi. Si es así, pues que las tomen. No vamos a ser los primeros ni tampoco los últimos que tengamos que ofrendar nuestras vidas por el respeto a los derechos humanos.
– ¿Cuánto está ganando en este proceso?
– Nosotros no cobramos un centavo por esto. Ni a los dirigentes ni a los familiares de los jóvenes asesinados. Sabemos que no tienen dinero, son campesinos, gente excesivamente humilde.
– ¿Por qué lo hace?
– Estamos apoyando por intermedio de la Apddhh, de la cual somos parte.
– ¿Cómo llega este caso a manos suyas y a la de la doctora Lecoña?
– Una tarde, después de que los dirigentes de Caranavi tuvieron una reunión con el Presidente de Bolivia. Llegaron a la Apddhh y nosotros como abogados de dicha institución estábamos analizando los últimos hechos ocurridos en el país. Ellos llegaron a pedir apoyo.
Perfil
Abogado que nació en Perú
Jorge Wilder Quiroz Quispe nació en San Miguel de Cajamarca, Perú, el 5 de marzo de 1966. Llegó a Bolivia en 1997. Fue policía en su país y dice que consiguió la nacionalidad boliviana.
Estudió Derecho en la UMSA. Se desempeñó como oficial de diligencia del Juzgado Cuarto y Primero del Partido en lo Penal del distrito de La Paz.
Cuenta con estudios de postgrados en educación superior de la Universidad Mayor de San Andrés, Derecho Penal y procesal en la Universidad Nacional de Trujillo, Perú.
Señala que desempeña funciones como abogado defensor en el foro paceño y docente de grado en la Universidad San Francisco de Asís. Es docente universitario.
Considera que llevar el caso de Caranavi es defender los derechos humanos y no piensa desistir.