El “Puerto Seco” es un proyecto regional anhelado de los orureños, pues el comercio internacional es la segunda actividad económica departamental después de la minería.
Asambleístas de oposición en Oruro consideran que el protocolo suscrito por el Gobierno de Bolivia con su par de Perú para desgravar el comercio internacional por el puerto de Ilo es, de momento, una decisión política que no consideró su impacto económico-social para Oruro y que, de concretarse, comprometerá la consolidación de la vocación de corredor de comercio internacional de esa región.
Foto. Puerto de Ilo
Tras firmar una adenda, entre los gobiernos de Bolivia y perú, al acuerdo de 1993 entre Jaime Paz y Alberto Fujimori para liberar de gravámenes a las importaciones y exportaciones por el puerto peruano de Ilo, el diputado Franz Choque calificó tal decisión de “no meditada”, debido al impacto negativo que tendría para Oruro una migración del volumen de comercio exterior que hoy transita por territorio orureño desde y hacia los puertos de Iquique y Arica.
El legislador orureño advirtió que no existe una política de compensación que permita a Oruro tener opciones económicas frente a un cambio de ruta de comercio hacia el Pacífico que significará la anulación de impuestos a la carga transportada hacia territorio y puertos peruanos.
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informó que el Gobierno deberá ofrecer a Oruro alternativas sostenibles para su economía, si marginara a este departamento del circuito de los corredores bioceánicos y de importaciones y exportaciones por valor de casi 3 mil millones de dólares anuales, pues eso representa para Oruro el acuerdo de Ilo.
Explicó que el “Puerto Seco” ha sido un proyecto regional anhelado por muchos años, dado que el comercio internacional es la segunda actividad económica en importancia en Oruro después de la minería y puesto que Oruro es la ruta natural del comercio continental hacia el Pacífico.
“Es una lástima que se pueda desplazar así un polo de desarrollo, sin un estudio de impacto económico-social y queremos saber si para cambiar el curso del comercio internacional el presidente pensó en qué alternativa iba a ofrecer a miles de orureños que viven de eso”, sostuvo.
GOLPE A ORURO
Para el asambleísta departamental, Eduardo Campos, el protocolo es un golpe de efecto mediático que pretende reposicionar internamente la imagen del gobierno de Evo Morales y que sólo demorará la consolidación de las rutas y servicios de comercio internacional en el país.
“A los orureños nos preocupa que la adenda del acuerdo de Jaime Paz con Fujimori, lo que busca es mejorar la situación de la imagen interna del Gobierno y no resolver el tema pendiente de la infraestructura de carga y transporte para el comercio internacional”, dijo.
Para Campos, esta adenda es igual que el abrazo de Charaña, pues no apunta a resolver la mediterraneidad sino a salvar la imagen del Gobierno, debilitada por su acercamiento a Chile. Estamos preocupados por la conclusión de los corredores bioceánicos, Oruro es el nudo articulador de la economía boliviana, mientras que el Ejecutivo está preocupado por hacer demagogia”, aseguró.
“Debido a esos proyectos regionales importantes como el puerto seco y sus componentes viales de Oruro Pisiga y Ancaravi-Turco-Tambo Quemado aparecen bajo amenaza de quedar fondeados”, afirmó.
Explicó que por los puestos fronterizos de Pisiga y Tambo Quemado se internan anualmente 1.200 millones de dólares y se exportan otros 1.600 millones al año, “pero al trasladarse el eje de los corredores más al norte, hacia Ilo, Oruro perderá parte importante de esa inversión”.
Por su parte, el diputado Franz Choque responsabilizó a la gestión del ex prefecto Luis Alberto Aguilar de la paralización del proyecto “Puerto Seco”, debido a irregularidades que llevaron a la suspensión de una obra cuyo diseño final se valúa en Bs 10 millones.
“Las denuncias de corrupción y los malos manejos que se hicieron del proyecto, su emplazamiento defectuoso en una de las escasas áreas agrícolas del departamento y sobre los depósitos acuíferos más importantes de la región determinaron la paralización del proyecto, hay responsabilidad jurídica y se debe sancionar a las ex autoridades responsables”, manifestó.
Las denuncias sobre irregularidades en el proceso de licitación de la elaboración del “Puerto Seco”, presentadas hace varios meses fueron corroboradas por la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien en 2009 levantó acusación formal contra el ex prefecto Aguilar. ANF y El Diario