Ecuador amplió el martes en tres días el estado de excepción vigente en el volátil país andino desde la semana pasada, cuando un grupo de policías amotinados puso en jaque al presidente Rafael Correa en medio de protestas por un recorte de sus beneficios salariales.
La revuelta policial, en la que murieron al menos ocho personas y casi 300 resultaron heridas, ha sido definida por Correa como un intento de golpe de Estado y magnicidio, aunque sus críticos creen que se trató de una mera protesta laboral que se les escapó de las manos a las autoridades.
El mandatario ha decidido ampliar el estado de excepción, que expiraba el martes, y mantener a los militares patrullando las calles en el país sudamericano para mantener la seguridad interna, pese a que el Gobierno asegura que todo está bajo control y ha ordenado a la policía retomar sus actividades.
"El período de duración de esta renovación del estado de excepción es hasta el día 8 de octubre", indicó el decreto presidencial, en el que se alegaron "actos bochornosos, de fuerza" por parte de policías en la sede de la Asamblea Nacional.
Mientras dure el estado de excepción, el Ejército se hará cargo además de la custodia del palacio legislativo, a petición de los parlamentarios, mientras se oyen helicópteros sobrevolando la capital ecuatoriana.
El Congreso suspendió el martes el reinicio de sus labores, detenidas desde el pasado cuando un grupo de policías se insubordinó por un recorte de beneficios económicos y sumió al país en el caos por unas horas.
"Debido a la falta de garantías para la realización de la sesión Número 62 del Pleno de la Asamblea Nacional convocada para las 09:30 (14:30 GMT) (…) nos permitimos informar que se suspende dicha convocatoria", dijo la presidenta encargada del legislativo, Irina Cabezas, en un comunicado.
Estaba previsto que la Asamblea iniciara el debate de una polémica ley de finanzas públicas, que el Gobierno de Correa defiende como imprescindible para apuntalar la recuperación económica del socio más pequeño de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Autoridades confirmaron el lunes que han llegado a un acuerdo para incrementar los salarios de militares y policías, aunque la ley que les recorta bonos y compensaciones económicas -que disparó el motín- no será modificada.
Reuters