Cortando cabezas

El Gobierno necesita ir despejando cualquier posibilidad de que surja alguna figura que le pueda hacer sombra el caudillo.

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: Cortando cabezas

2. Bajo el Penoco, El Día: La cacería ya empezó

3. Los Tiempos: DOS VERGÜENZAS PARA LA JUSTICIA

4. El Deber: Votos despreciados

5. Cambio: Nueva Ley de Pensiones

6. La Prensa: ¿Militares militantes?

7. El Diario: Inflación, un problema que preocupa al pueblo

8. El Mundo: Mucho

9. Opinión:

10. Clarín, Argentina: Bebés y chicos con desnutrición

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El Día: Cortando cabezas

C uando todos en el país creían que la emergencia que vive Bolivia por la escasez de alimentos, la sequía y el aumento de precios, iba a poner en órbita al Gobierno del MAS, obligándolo a iniciar de una vez por todas su gestión en el campo económico, el oficialismo decide retomar la agenda política y nada mejor que el conflicto, la confrontación y una dosis más fuerte de persecución de los opositores, para generar el clima en el que mejor trabaja el régimen conducido por Evo Morales. Esa es justamente la forma de crear la sensación de que el Gobierno está haciendo algo para mantener a las masas entretenidas con este circo en el que los jueces se han convertido en los leones devoradores de opositores y de cualquiera que tenga la osadía de cuestionar, denunciar o dudar del “proceso de cambio”.

Es un hecho que no se llevará a cabo la elección de autoridades judiciales como estaba marcado en las leyes y en el calendario electoral. El oficialismo ha maniobrado para empantanar la elección de los miembros de los tribunales electorales y todo indica que los jueces y magistrados que han sido nombrados a dedo por el presidente Morales se van a quedar por tiempo indefinido. La realidad económica y la caída de la imagen presidencial por los abusos y rodillazos, no están como para arriesgarse a otro 4 de abril y con un Poder Judicial tan obsecuente, tan seguidor de las políticas de aniquilamiento, para qué cambiar.

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Las cosas no van a mejorar para el MAS. Es posible que más de la mitad de los campos de cultivo del país se queden sin sembrar y el próximo año va a escasear de todo menos coca. Los ingresos por las exportaciones de gas y minerales no van a alcanzar para comprar alimentos, gasolina, GLP y todo lo que la nacionalización y el desincentivo a la producción se han llevado. El ministro de Finanzas cree que con cambiar al presidente del Banco Central para que afloje recursos sin control y para que disimule los datos de la economía, todo va a marchar mejor. Sus especulaciones son de muy corto alcance, sobre todo, cuando piensa que al depreciar el valor del dólar y quitarle el estímulo a las exportaciones, la producción va a seguir siendo la misma y por ende se va a abastecer el mercado interno. Con seguridad ese anuncio ocasionará que haya menos soya, menos maíz y también caña de azúcar, como ha sucedido en el pasado por el bloqueo a las exportaciones.

En ese contexto, el Gobierno necesita ir despejando cualquier posibilidad de que surja alguna figura que le pueda hacer sombra el caudillo, cuyo deterioro podría acelerarse y requerir por lo tanto dosis más fuertes de autoritarismo.  Surge la necesidad de quitar del camino a Tuto Quiroga, a René Joaquino, con posibilidades de hacer lo mismo con Mario Cossío y Rubén Costas, quienes dependen de las decisiones de oscuros jueces y fiscales que se han convertido en la mejor arma de destrucción política del régimen. Veremos qué pasa si Juan del Granado decide levantar cabeza. Por lo visto, la consigna es arremeter con toda la fuerza posible. Están preparando un código de ética para expulsar parlamentarios opositores y para Navidad se anuncia la puesta en marcha de la Ley contra el racismo, el instrumento más eficaz que ha concebido este régimen para aniquilar a sus “enemigos”.

 

El Gobierno necesita ir despejando cualquier posibilidad de que surja alguna figura que le pueda hacer sombra el caudillo.

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Bajo el Penoco, El Día: La cacería ya empezó

Durante la Guerra de la Independencia, los españoles aplicaban una técnica bastante macabra para infundir terror entre las poblaciones que se sublevaban contra la Colonia. En cada ciudad, le cortaban la cabeza o ahorcaban al líder de los patriotas de tal forma de escarmentar al resto. Los “trofeos” eran exhibidos como estandartes en las plazas públicas durante varios días. Así lo hicieron con Pedro Domingo Murillo en La Paz, con Warnes en Santa Cruz, con Manuel Ascensio Padilla en Chuquisaca y tantos otros que derramaron su sangre por la libertad. Sin el contenido sanguinario del aquel entonces, el MAS está aplicando el mismo método en Bolivia para aplastar a los líderes regionales. El primero fue Leopoldo Fernández; el segundo Jaime Barrón de Sucre; el tercero René Joaquino de Potosí y el próximo saldrá de la terna Cossío-Suárez-Costas, los tres con juicios pendientes en su contra. En febrero del próximo año comienza el juicio oral a Manfred y adivinen qué. El ex prefecto cochabambino ha anunciado su retorno y lo más probable es que se quede donde está.

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Los Tiempos: DOS VERGÜENZAS PARA LA JUSTICIA

Con algunos operadores de justicia que actúan como comisarios políticos, es incierto el futuro que se cierne sobre los derechos democráticos

La semana que concluye se convertirá en baldón para la justicia porque de manera casi simultánea se han consumado sendos golpes, a cual más artero, contra dos de los alcaldes que más apoyo popular recibieron al ser elegidos en abril pasado para conducir el gobierno municipal de Sucre y Potosí, sus respectivas ciudades.

Se trata, como han coincidido en señalar los más importantes jurisconsultos de nuestro país, de dos decisiones judiciales sobre cuya legalidad pesan muchísimas dudas. Ambas conllevan, además, la agravante de reavivar heridas, negativos sentimientos, resentimientos, odios incluso en dos regiones que si algo necesitan es reforzar los vínculos de solidaridad y entendimiento consigo mismas y con el resto de nuestro país y sus instituciones.

En el caso de la sentencia condenatoria contra René Joaquino, el partido en función de gobierno decidió hacer prevalecer su afán de acaparar todo el poder aún a costa de cometer una enorme injusticia. Se condenó al alcalde suspendido y seis ex concejales por un caso en el que sólo recurriendo a muy retorcidos argumentos y con extraordinaria mala fe se puede hallar culpabilidad que justifique una sentencia como la que se le impuso.

La detención preventiva del ex alcalde de Sucre Jaime Barrón no es menos cuestionable. Como lo han señalado expertos en materia jurídica, la misma se basa en un principio antijurídico y anticonstitucional como es la presunción de culpabilidad, y en el aparente riesgo de fuga del imputado por el simple hecho de poseer un pasaporte.

Como en el caso de Joaquino, salta a la vista que el apresamiento de la ex autoridad sucrense no es sino producto de una forzada argumentación legal que parece responder a otras directrices que no son precisamente las que mandan la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.

Si no fuera así, si fueran sinceros los motivos que los acusadores y juzgadores alegan para defenestrar primero y encarcelar después al ex alcalde Barrón, el proceso que se le sigue habría ido acompañado de algún esfuerzo para identificar y detener a los vándalos que ese 24 de mayo condujeron a un grupo de campesinos hasta la plaza 25 de Mayo para someterlos a irreproducibles humillaciones.

No es para nadie desconocido que tanto Joaquino como Barrón, y con ellos muchas otras autoridades electas en municipios a lo largo y ancho del país, han sido y aún son los blancos contra los que la hegemonía política que controla el poder se propuso actuar de manera implacable, tal como lo anunciaron en más de una oportunidad con una franqueza lindante en el cinismo diversas autoridades gubernamentales.

Así, con algunos operadores de justicia que parecen estar obrando como comisarios políticos antes que como hombres de derecho que han jurado cumplir y hacer cumplir la ley, es incierto el futuro que se cierne sobre los derechos democráticos, civiles y políticos constitucionalmente reconocidos pero sistemáticamente violentados

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El Deber: Votos despreciados

Uno de los pilares que sostienen la estructura de la democracia tiene una inscripción: cada ciudadano un voto.

Pero en Bolivia se está tambaleando ese pilar, después de que autoridades ediles y gobernadores elegidos con todas las de la ley vienen siendo destituidos con métodos oscuros.

Un alcalde acusado de haber comprado vehículos nuevos ha recibido el mismo castigo que otro al que se le acusa de haber comprado vehículos usados. El uno por haber pagado mucho y el otro por haber pagado poco, han recibido el castigo de este método que consiste en punir a los que piensan de otra manera.

Un sistema judicial designado con criterio de complicidad se ocupa de los detalles. Castiga a quienes osaron disputar cargos a los candidatos oficialistas, y luego derrotarlos.

El alcalde de Sucre, Jaime Barrón, el de Potosí, René Joaquino, son los casos más bullados de una historia que comprende otros nombres en poblaciones menores.

El gobernador de Tarija, Mario Cossío, denuncia que esta misma maquinaria de castigo a los diferentes opositores está preparada para destituirlo. Ha presentado pruebas de una conspiración, con grabaciones de un representante del Gobierno que se ufana del hecho de que su partido controle a los jueces y a las autoridades electorales.

Una maquinaria similar está avanzando para castigar a los gobernadores de Santa Cruz y Beni. Todos los bolivianos saben que eso ha de ocurrir en algún momento y saben también que, por el momento, nada pueden hacer para evitarlo.

En la población de Potosí se observó una actitud de impotencia y de furia por este irregular proceso por el cual Joaquino fue condenado por haber comprado, en su anterior gestión de alcalde, vehículos más baratos, en un trámite que contó con el visto bueno del Ministerio de Finanzas.

No influyó en nada, para salvar a Joaquino de la sanción que estaba prefijada, que sus defensores aleguen el hecho de que el propio presidente Morales compró un avión de segunda o tercera mano, como denuncia la diputada Norma Piérola.

Los detalles de esta historia son humillantes. Son una ofensa a la conciencia democrática de los bolivianos.

Esta historia, en efecto, equivale a decir a los ciudadanos que algunos votos no valen nada. Que si el candidato más votado es contrario a los designios del Gobierno, nada le garantiza que ha de ocupar el cargo para el que fue elegido.

En este panorama, los bolivianos están aprendiendo a entender que no existe una comunidad internacional. Que los funcionarios de organismos internacionales terminan siendo cómplices de los atropellos que cometen las autoridades nacionales.

Del mismo modo que el señor Hugo Chávez arrebató la jurisdicción del alcalde opositor de Caracas, sin que nadie pueda decirle nada, en Bolivia los alcaldes y gobernadores de la oposición son barridos por un método que tiene la complacencia de la justicia y el visto bueno de los organismos internacionales.

Los votos despreciados por este método podrían debilitar a la democracia. Quizá ese sea el propósito oculto de este procedimiento.

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Cambio: Nueva Ley de Pensiones

La remisión del proyecto de la nueva Ley de Pensiones a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su sanción, ha provocado una serie de reacciones adversas por parte de algunos voceros del viejo sistema político que privatizó el derecho a la jubilación de los trabajadores bolivianos y marginó de ese beneficio vitalicio a miles de trabajadores, a quienes el propio neoliberalismo denominó la "generación sándwich".

Según el economista y ex director de Pensiones, Alberto Bonadona, la aprobación de la nueva Ley de Pensiones, tal como fue consensuado entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), provocará una espiral inflacionaria, alimentará el déficit fiscal por el "gasto inusitado del Gobierno", y que la nueva norma sólo beneficiará a la "generación sándwich".

Desde su punto de vista, tras la implementación de la nueva ley, no solamente 30 mil trabajadores solicitarán su jubilación sino que "estamos hablando de más de 150 mil personas de 56 años y a ellas se puede aumentar otros 100 mil mayores de 50 años como potenciales jubilados. Esto quiere decir que se va generar una situación caótica, no sólo en las pensiones sino en la situación económica". Es decir, Bonadona vislumbra poco menos que una catástrofe económica en Bolivia.

No obstante, si bien la nueva norma permitirá ampliar el número de trabajadores jubilados —un acto de justicia social—, también incentivará un sustancial incremento de la base aportante, de asalariados y no asalariados activos, lo que sumado a los aportes solidarios garantizarán su sostenibilidad en el tiempo, más allá de los 15 años que prevén los voceros que alentaron el actual sistema de pensiones, excluyente y carente de toda solidaridad.

El hecho de que 44 de 47 organizaciones sindicales hayan aprobado el proyecto de la nueva Ley de Pensiones, refleja que por primera vez una administración gubernamental perfiló una norma que cumple con creces con la génesis de la seguridad social a largo plazo, toma en cuenta las posibilidades reales de nuestra economía y asume con hechos la protección a uno de los segmentos poblaciones más vulnerables, como son nuestras abuelas y abuelos.

Es que la propuesta que discutirá la Asamblea Legislativa Plurinacional permite la jubilación desde los 58 años de edad, mejora la renta hasta un ciento por ciento, posibilita que los trabajadores independientes y por cuenta propia accedan al beneficio vitalicio, en especial aquellos sectores con bajos ingresos y secularmente marginados por el extinto Estado colonial.

Por eso es necesario puntualizar que el actual sistema de jubilación  —regido por la Ley 1732, promulgada el 29 de noviembre de 1996 por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada— establece una renta de jubilación baja y carece de espíritu solidario. En cambio, la nueva ley otorgará seguridad social de largo plazo bajo los principios de universalidad, solidaridad y sostenibilidad.

La pensión solidaria, una de las principales características de la propuesta, beneficiará a los asegurados que tuvieron bajos ingresos en su etapa activa y en consecuencia su pensión de vejez también resulta reducida. Es decir, el financiamiento para hacer sostenible el fondo solidario provendrá de un aporte patronal del 3%, una contribución laboral del 0,5%, además del 20% de las primas mensuales de riesgo común y profesional y contará con el aporte de los trabajadores dependientes y personas naturales con ingresos superiores a 20 salarios mínimos nacionales (Bs 13.590), según escala progresiva.

Y mientras el actual sistema de jubilación utiliza el promedio de las últimas 60 boletas de pago para el cálculo del referente de la renta vitalicia, con la nueva ley sólo se utilizarán las últimas 24 boletas, lo que indudablemente favorecerá al trabajador. Además, la edad de jubilación se reducirá de 65 a 58 años, aunque antes de cumplir esta edad, el trabajador debe estar en condiciones de financiar al menos el 60% del referente salarial, con la compensación de cotizaciones y el ahorro individual acumulado. En el caso de los mineros esa edad fue reducida a 56 años, que inclusive bajará hasta los 51 años por trabajos insalubres.

También incorporará un seguro para el trabajador con invalidez parcial por riesgo común —el cual no está contemplado en la Ley 1732—, establecerá que las viudas o viudos con pensión derivada de fallecimiento de su cónyuge continuarán percibiendo su pensión a pesar de que contraigan nuevas nupcias. Las mujeres trabajadoras que tengan hasta tres hijos podrán recibir tres años adicionales de aporte o, por el contrario, por cada hijo nacido vivo adelantarán tres años su jubilación, es decir que accederán al beneficio a la edad de 55 años. Además, las empresas y empleadores que retengan los aportes de los trabajadores y no cumplan con la obligación de depositarlos en el sistema de seguro social serán procesados penalmente.

Y la gestora pública estatal —que reemplazará a las AFP y estará fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones— velará y garantizará la correcta administración de los aportes laborales, cobrará las contribuciones y aportes solidarios en mora, intereses y recargos, sin otorgar condonaciones. Por eso, el proyecto de Ley de Pensiones es trascendente, porque beneficia a los trabajadores, pero fundamentalmente hace justicia.

La gestora pública estatal garantizará la correcta administración de los aportes laborales, cobrará las contribuciones y aportes solidarios en mora, intereses y recargos, sin otorgar condonaciones. Por eso, el proyecto de Ley de Pensiones beneficia a los trabajadores y hace justicia.

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La Prensa: ¿Militares militantes?

El anuncio fue seguido por la resolución del Presidente de ratificar en sus cargos a los jefes militares que habían tomado tan trascendente decisión?

Las Fuerzas Armadas de Bolivia, según acaba de revelarlo el comandante en jefe, general Antonio Cueto, han adoptado la ideología socialista y antiimperialista.

Una decisión tan importante, cuando se trata de otro tipo de instituciones, surge después de una profunda deliberación, pero es probable que en este caso eso no haya ocurrido porque, como se sabe, los militares no deliberan: sólo cumplen órdenes.

Aquí se aplica el sentido vertical de las decisiones, vertical pero de arriba hacia abajo, al contrario de lo que ocurre con instituciones democráticas como los partidos o los sindicatos. Cuando se trata de este tipo de verticalismos resulta difícil saber qué piensan quienes están en la base de la pirámide, en este caso los oficiales de rango inferior, porque ellos cumplen rigurosamente aquello de que no deben deliberar.

Lo que sí ocurre en circunstancias referidas a las FFAA es que se pronuncian los oficiales en retiro. Esta vez algunos de esos oficiales no dejaron pasar mucho tiempo desde el discurso del general Cueto para hacer sus observaciones, todas ellas críticas.

Del discurso del general Cueto se desprende que este radical cambio en las preferencias políticas de los militares bolivianos surgió del ejercicio de los jefes oficiales de leer la Constitución que creó el Estado plurinacional. Algo parecido ocurrió con los militares del tiempo del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que llegaron a organizarse en ?comandos militares? de ese partido después de leer las bases ideológicas del partido dominante de entonces.

En esa época, también por influencia de la corriente política dominante, los oficiales que ocupaban el mando llegaron a suscribir acuerdos con sectores específicos de la sociedad, como el ?pacto militar?campesino?.

Quienes no fueran campesinos estaban excluidos del círculo de amistades preferidas por los militares. Los mineros, por ejemplo, nunca tuvieron un pacto semejante con los militares. Es que en esa época la ideología de las FFAA estaba inspirada en la doctrina de la seguridad nacional, consecuencia de la Guerra Fría. Los militares llegaron a atacar con armas a los mineros de Siglo XX en 1967, y a matar a muchos de ellos, porque habían apoyado a la guerrilla del Che Guevara.

Casi medio siglo después de aquella experiencia, las FFAA bolivianas asumen la ideología antiimperalista del comandante guerrillero abatido por sus camaradas de aquella época. Como dijo Heráclito, nadie baja dos veces al mismo río. Años después de aquella experiencia, el imperialismo no es el mismo y las propias FFAA bolivianas no son las mismas. Todo esto parece legítimo pues muestra que todo cambia, lo que también es una advertencia para quienes controlan el presente.

Hay un solo detalle que habría sido bueno cuidar en la ceremonia en que se dio a conocer este cambio de los militares bolivianos. El anuncio del general Cueto fue seguido por la resolución del presidente Evo Morales de ratificar en sus cargos a los jefes militares que habían tomado tan trascendente decisión ideológica.

Para que no parezca una compensación, un premio a la determinación anunciada, habría sido mejor que el Alto Mando fuera cambiado por otro. De esa manera se habría dado la sensación de que los rangos inferiores están de acuerdo con la nueva tendencia.