Si el gobierno no cumple con su obligación de preservar el orden interno, tal cual manda la Constitución, y el vandalismo se exacerba realizando más destrozos y bloqueos, finalmente será la población la que tenga que preservar sus bienes y sus fuentes de trabajo arriesgando sus vidas.
Somos testigos de los desmanes que están provocando los miembros de la COB, campesinos y trabajadores ligados al masismo, en los últimos días en La Paz. Turbas que recorren libremente la ciudad pidiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en una actitud subversiva, y sujetos revoltosos bloqueando las carreteras y caminos, cercando, no solo a la Sede de Gobierno, sino afectando la producción y el libre tránsito en Santa Cruz, Cochabamba y otros departamentos. Están fundiendo nuestra precaria economía.
Ante la incapacidad gubernamental de detener a los sediciosos (Morales el faccioso mayor), el Comité pro Santa Cruz, en justa defensa de los intereses cruceños y nacionales, ha dado plazo hasta el domingo próximo para que se levanten todos los bloqueos en el departamento. De lo contrario, ante la inacción gubernamental, la juventud y los ciudadanos de toda edad, se desplazarán a los lugares de bloqueo y los abrirán a la fuerza.
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Eso significa, lamentablemente, un enfrentamiento fratricida y el fomento del odio entre oriente y occidente. El fallecimiento de un solo joven – varón o mujer – provocaría una reacción que no se puede medir, entre una región y otra. Estaríamos al comienzo de una guerra civil.
Por tanto, es urgente que el gobierno tome cartas en el asunto y que haga despejar los bloqueos en las próximas horas, con los medios legales de que dispone, para evitar lamentos tardíos e irreparables.