Proceso. El origen es una tira cómica. Los convocan hoy como testigos. La Asociación Nacional de la Prensa calificó las citaciones como un acoso e intimidación al periodismo boliviano.
El director ejecutivo del diario EL DEBER, Pedro Rivero Jordán, y Juan Carlos Rivero Jordán, miembro del directorio, además de los abogados del diario, Marco Peredo y Vitalio Quiroga, fueron citados a declarar en calidad de testigos en la Fiscalía de Distrito por un juicio por prevaricato que inició el general José Antonio Ágreda Mendívil, segundo comandante del Ejército. El militar enjuicia al juez que ordenó que se ventile en el tribunal de imprenta su demanda planteada contra EL DEBER por responsabilidad civil y daños morales, al considerar que fue mellado su honor y dignidad con una caricatura.
Para las 11:00 fue citado Juan Carlos Rivero; a las 15:00, Pedro Rivero Jordán; a las 16:00, Vitalio Quiroga, y a las 17:00, Marco Peredo. Todos prestarán sus declaraciones en calidad de testigos ante el fiscal Anticorrupción Gomer Padilla.
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El 18 de agosto de 2009, el diario EL DEBER registró una noticia en la que autoridades y pobladores de San Ignacio de Velasco denuncian que la instalación del Comando del Plata quedó en nada y que el Estado invirtió recursos.
El 24 de agosto se publica la tira cómica El Duende y su Camarilla, de Gaspar, y el 22 de diciembre, el jefe castrense, en ese tiempo con el grado de coronel y responsable del comando, plantea la demanda que es conocida por el juez Omar Dorado. El diario EL DEBER, a través de sus abogados, planteó excepción de incompetencia al juez y pidió que el caso sea derivado a un tribunal de imprenta por considerar que el demandante es servidor público y como tal está obligado a recurrir al tribunal de imprenta y no a la justicia ordinaria. El juez declaró probada y pasó al tribunal de imprenta. Tras el fallo, el general lo demandó por prevaricato. Es así que los ejecutivos de EL DEBER y juristas fueron citados ante el fiscal Padilla como testigos. Los abogados creen que se trata de un típico hecho de intimidación y amedrentamiento, y tienen como fundamento un fallo de la Suprema que sienta jurisprudencia sobre este caso. El fallo señala que “no constituye injuria el hecho de puntualizar por la prensa deficiencias y abusos sobre irregularidades que afectan a servicios públicos”. Los juristas se amparan en el artículo 28 de la Ley de Imprenta y aseguran que la demanda no tiene asidero.
Para la ANP es una intimidación
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) calificó anoche las citaciones a los ejecutivos de EL DEBER y a sus abogados como un acoso e intimidación al periodismo boliviano.
El director ejecutivo de la ANP, Juan Javier Zeballos, expresó que se trata de coartar la libertad de expresión y consideró que es ridículo iniciar una demanda por la publicación de una caricatura.
Zeballos sostuvo que los delitos de imprenta deben ser tratados por la Ley de Imprenta en sus respectivos tribunales y no así en la justicia ordinaria, como se pretende. Manifestó que las citaciones, que buscan el amedrentamiento y la intimidación, se suman a otros hechos contra periodistas que sólo buscan la verdad de los hechos. “Son causas tiradas de los cabellos que no tienen fundamento alguno. Ningún periodista puede ser llevado a la justicia penal en casos de imprenta; la Ley de Imprenta está vigente, intacta”, dijo Zeballos.
Para la ANP, es una aberración que se cite a periodistas en un proceso de prevaricato contra un juez y sólo busca el amedrentamiento
Registro. Esta caricatura generó la demanda de un general, que busca resarcimiento de daños civiles y morales por considerar que fue mellado su honor.
El Deber