90, 89, 88… son los días que le quedan al gobierno de Evo Morales, al menos para cumplir su promesa de “erradicar el narcotráfico” en sólo tres meses, realizada el pasado sábado durante la posesión (inconstitucional) del nuevo Comandante Nacional de Policía, coronel Ciro Farfán. 90 días para arreglar los entuertos generados en 5 años… ¿No habría sido más fácil dedicar toda la gestión de gobierno a combatir al narcotráfico, en vez de plantear plazos imposibles cuando las papas queman? Después de haber tolerado durante un lustro la ampliación de los cultivos de coca-para-cocaína, de expulsar a la agencia antidrogas externa que brindaba la cooperación más importante en las tareas de interdicción (la DEA), de ampliar el cupo de gasolina (precursores) para El Chapare, de observar impasible casos como los de las hermanas Terán o del “narcoamauta”, y de ser incapaz de evitar la formación de narco-clanes al interior de la Policía y del propio Ministerio de Gobierno, el régimen evista descubre de pronto que tiene que actuar con energía en el tema. Para esto, claro, tuvo que producirse un escándalo de proporciones mayúsculas, que amenaza con terminar de derrumbar la alicaída imagen internacional del presidente cocalero. Habría sido más fácil, una vez más, haber escuchado meses o años atrás a los opositores “trogloditas” que advertían sobre el descontrol del narcotráfico y actuar en consecuencia. Algo para lo cual, por supuesto, el gobierno debería cambiar su chip antidemocrático y comenzar a entender el valor constructivo de la crítica. La cuenta regresiva ha comenzado, pero tal vez se parezca más a una bomba de tiempo socio-política que a un mero plazo administrativo…