Aunque en los últimos días el discurso público del régimen de Evo Morales aumentó sus decibeles “antiimperialistas”, al punto que los co-presidentes Quintana y García Linera anunciaran la inminente expulsión de USAID, la realidad práctica parece ser diferente. Lo cierto es que el escándalo desatado por la captura del narco-capo de inteligencia, René Sanabria, ha obligado a restablecer el diálogo del gobierno boliviano con la embajada de Estados Unidos, a través de una serie de reuniones muy discretas entre el ministro de gobierno, Sacha Llorenti, su viceministro Farfán y funcionarios de esa legación diplomática. El objetivo formal de las charlas ha sido reconstruir los mecanismos de coordinación policial entre ambos países, rotos en el 2008 con la decisión del presidente cocalero de expulsar a la DEA, pero sospechamos que la intención de fondo era tratar de saber de qué está hablando Sanabria. ¿Las declaraciones del narco-capo alcanzan, como se rumorea, al general Óscar Nina, o también al propio ministro Llorenti? La incógnita tiene en vilo a todo un régimen, que ahora paga el precio por aislarse de la red de agencias antinarcóticos del continente.
Resistencia popular al estatismo
El gobierno acaba de abrirse otro frente de lucha, al amagar con la estatización de los seguros de salud universitarios. Como ya sucediera con la resistencia de los gremialistas al intento de colectivización del comercio vía Emapa y con la lucha de los transportistas contra el congelamiento estatal del boleto (que sólo provocó desabastecimiento, como sucede con el control de cualquier precio), ahora le ha tocado el turno a los universitarios de salir a las calles. Lo interesante del caso es que son sectores populares los que enfrentan y obligan a retroceder al proyecto de dictadura económica de la oligarquía burocrática.