Estrategia. En 1997, la chilena Ferrocarril Antofagasta Bolivia dio poder a abogados en el país para evitar que se revoque la concesión para el uso del manantial Silala.
Página Siete, Boris Miranda / La Paz
Uno de los ferrocarriles del FCAB que se usó en el siglo pasado.
Ferrocarril Antofagasta buscó salida legal antes de acudir a su Cancillería.
La disputa entre Bolivia y Chile por el uso del agua del manantial Silala no comenzó como una disputa diplomática. El Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), beneficiario directo del caudal boliviano, buscó una salida legal en la Corte Superior de Distrito de Potosí en 1997 antes de acudir a la Cancillería chilena.
Documentos a los que tuvo acceso Página Siete demuestran que la empresa, compuesta por capitales ingleses y chilenos, emitió un poder para que abogados presenten recursos legales en Bolivia que eviten que se realicen cobros por el uso del agua.
En 1997, después de la denuncia del desvío del manantial, la Prefectura de Potosí revocó la concesión de 1908 a favor del FCAB (originalmente Bolivian Railway Co.). Bolivia había anunciado, además, que Chile debe pagar por el uso del agua del manantial.
La reacción en Londres fue otorgar derechos de representación para que abogados, ante la Corte Superior de Distrito, presenten memoriales pidiendo anular o dejar sin efecto el edicto que puso el fin a la polémica concesión hecha en 1908.
El 17 de junio de 1997 se presentó un recurso directo de nulidad ante un juez potosino con el argumento de que la resolución emitida por la Prefectura potosina no tenía bases legales.
El argumento que en aquella oportunidad planteó el FCAB fue que el prefecto potosino, que en 1997 era Omar Manzano, no tenía potestad para anular una concesión de recursos naturales. El documento señala que la autoridad potosina “sin tener competencia alguna dictó la ilegal resolución con la que pretende revocar y anular la concesión y consiguiente adjudicación de aguas de las vertientes Silala otorgada en favor de FCAB”.
La trasnacional planteó que las mismas leyes bolivianas, fundamentalmente la extinta Ley de Descentralización Administrativa, impedían a la Prefectura a tomar disposiciones sobre concesiones de agua. Para realizar esta argumentación, la empresa (que pertenece al poderoso Grupo Luksic) recurrió a abogados bolivianos que la defendieron en tribunales potosinos.
Uno de los documentos presentados en aquella oportunidad fue la inscripción de la concesión que la Bolivian Railway Co. hizo ante Derechos Reales de Potosí en noviembre de 1908.
La ofensiva jurídica del FCAB no prosperó pues la revocatoria del permiso fue elevada a rango de Decreto Supremo y la Corte Superior Potosina ya no tenía competencia para juzgar el planteamiento londinense.
Después, Bolivia, en 1999, realizó una convocatoria pública para adjudicar las aguas del Silala. La empresa privada Ductec SRL ganó la licitación y decidió pasarle la factura de consumo a la empresa chileno-inglesa.
A estas alturas, la diplomacia chilena ya tenía el manejo del conflicto e indicó al FCAB y a la Compañía Nacional del Cobre (Codelco) no discutir ninguna clase de pago a una entidad boliviana por el uso del Silala.
“Rechazamos y desconocemos cualquier pretensión de obtener tal pago ya que a ustedes [Ductec] no los conocemos y jamás hemos tenido relación, convenio o nexo alguno, así como tampoco hemos requerido ni recibido algo de ustedes”, rezaba la respuesta enviada desde el Ferrocarril a la empresa nacional.
Una nota parecida llegó desde la Codelco, que acotaba que el uso del agua se enmarcaba dentro de las leyes chilenas.
El ex canciller Javier Murillo afirmó que este cambio de estrategia hizo que la disputa se torne más compleja. “Cuando Ductec comenzó a facturar por el uso del agua, Chile politizó el tema y elevó un diferendo empresarial a un nivel político y diplomático. Instruyó que no se pagara y se devolvieran las facturas”.
A finales del siglo pasado se criticó mucho que Bolivia acceda a debatir la demanda por el manantial Silala dentro de la agenda diplomática con Chile.
Bolivia espera pronta firma de acuerdo
A pesar del terremoto diplomático que significó el anuncio de llevar la causa marítima a un tribunal internacional, Bolivia espera que el acuerdo con Chile sobre el manantial Silala se pueda firmar en el mediano plazo.
El presidente del Comité Cívico Potosinista, Celestino Condori, afirmó a Página Siete que ésa fue la información que el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, les brindó en su última conversación.
“Tuvimos una comunicación telefónica donde él nos ha indicado que el caso marítimo no afectará al tema Silala y se mantienen los avances en la firma del acuerdo inicial que hasta noviembre de 2009 fue consensuado”.
Condori indicó que existe la posibilidad de reducir los plazos para que Chile comience a pagar por el uso del agua del manantial Silala.
El monto inicial acordado entre ambos países es de 17.000 dólares diarios por el uso del 50% del caudal boliviano.
Además, se realizará un estudio compartido por Bolivia y Chile para definir finalmente si el Silala es un manantial o un río internacional. Este trabajo demoraría cinco años.
El acuerdo no fue firmado hace dos años porque los pobladores de Potosí rechazaron que el documento no incluya una disposición clara sobre el pago por la deuda histórica del Silala.