Las mañas del inquisidor

SOZA OK Todo indica que el fiscal Marcelo Soza, también conocido como el Torquemada andino, aplicó el viejo método de “renuncio para que me apoyen” y logró un renovado aval para continuar con su manejo del caso Rozsa. La maniobra se produjo en momentos en que la gestión del “superfiscal” aparecía especialmente débil y cuestionada, primero por la difusión de un audio donde se lo escuchaba confabulando con la abogada Mary Carrasco la caída de los magistrados que no resultan dóciles a sus planes, y luego por la negativa del juez de la causa a admitir los expedientes irregulares presentados por Soza. Todo lo cual ponía en evidencia el cuadro de manipulación judicial y violaciones al debido proceso que han caracterizado a este caso (y en general a todo el manejo de la justicia en los últimos años).

Jurídicamente, el caso Rozsa parece ser cada vez más insostenible, por lo que sólo una renovada expresión de voluntad política del gobierno podía sostener a Soza en su cargo, respaldo que finalmente vino del propio presidente Morales, el ex ministro Quintana y el fiscal general Mario Uribe. Vale la pena aclarar, sin embargo, que el fiscal Soza está lejos de ser el meollo de la cuestión en la injerencia gubernamental sobre los tribunales, sino que se trata de un simple peón en el esquema de politización de la justicia y judicialización de la política armado por el régimen, a imagen y semejanza de lo puesto en práctica por los gobiernos gemelos de Venezuela y Ecuador.

No es, por tanto, el asunto central la permanencia o no de Soza en el cargo, cuya eventual salida en otra oportunidad podría significar también una estratagema para tratar de limpiar la imagen del gobierno en materia judicial. Con Torquemada o sin él, la Inquisición continuará mientras siga adelante un régimen signado por la intolerancia ideológica, el irrespeto al Estado de Derecho y un hegemonismo de tintes totalitarios.



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