Representantes del oficialismo insisten en que se perseguirá penalmente a quienes promuevan el voto nulo. Esta es una muestra del gran temor que existe en filas del MAS ante una muy posible victoria de esa opción en las elecciones judiciales de octubre.
Lo cierto es que un triunfo de la anulación del sufragio echaría por tierra toda la farsa de unos comicios amañados, donde se quiere forzar a la ciudadanía a votar sin elegir.
En este caso, un gobierno que judicializa a quienes piensan diferente camufla su persecución haciendo que las “organizaciones sociales” dependientes del partido oficial sean las que pidan la destitución de los parlamentarios que impulsen el voto nulo.
Sin embargo, el intento de castigar la promoción del voto nulo no parece tener asidero jurídico alguno, ya que el Código Penal sólo sanciona el abstencionismo. Igualmente, la Ley del Régimen Electoral incluye entre las opciones legítimas de sufragio al voto nulo y el voto en blanco.
Desde el oficialismo se intenta forzar una interpretación del reglamento de las elecciones judiciales, que establece la prohibición de hacer campaña “a favor o en contra de los candidatos”. Según la antojadiza lectura del MAS, quien promueva el voto nulo estaría “haciendo campaña en contra” de los postulantes a magistrados.
Pero esta falacia también se cae por su propio peso, ya que el voto nulo no implica hacer campaña contra ningún candidato específico, sino un cuestionamiento a la falta de transparencia de todo el proceso.
Todo apunta a que octubre –a pesar de las persecuciones que puedan darse en los próximos meses- bien puede acabar convirtiéndose en un plebiscito contra el autoritarismo y la intervención gubernamental en la justicia…