8 años de “octubre negro”. Sentencia genera nefasto historial para FFAA; 5 jefes militares presos es el único resultado del juicio

Cinco jefes militares fueron sentenciados a 10 y 15 años de cárcel, mientras dos ex ministros sentenciados lograron su libertad. “La extradición de Goni depende de las gestiones del Estado”.

Sentencia por octubre genera nefasto historial para FFAA

DATO. Ex jefes militares dicen que los militares obedecieron órdenes políticas, por lo que ahora los jefes castrenses deben pensar dos veces antes de obedecer una orden.



imageImágenes de la represión en octubre de 2003.Foto : Archivo Página Siete

Página Siete / La Paz – 17/10/2011

El fallo contra cinco ex militares del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, quienes fueron condenados a penas de diez a 15 años por la masacre de octubre, generó un precedente negativo sobre obedecer órdenes de autoridades políticas en caso de conmoción interna o conflictos sociales.

Ex militares como el senador opositor y ex comandante del Ejército (r) Marcelo Antezana consideraron que la sentencia del caso octubre negro es un “nefasto precedente” porque criminaliza la acción constitucional de las Fuerzas Armadas y advirtió que ahora los altos mandos militares lo pensarán dos veces antes de obedecer una orden del presidente del Estado.

Antezana, después de conocer el fallo, dijo al portal de noticias NAN estar apenado por la sentencia de diez a 15 años de cárcel impuesta a los jefes del Alto Mando Militar de 2003, consecuencia de un proceso que, en su criterio, fue llevado con una sola parte, donde los acusados enfrentaron un juicio, sin contradecir con los otros actores que recibieron amnistía, cuando lo ideal hubiera sido que el proceso se desarrolle con ambas partes.

En su criterio, se sancionó a la parte más débil, buscando chivos expiatorios para dar gusto a la exigencia de las víctimas y algunos movimientos sociales.

“Hemos presenciado un fallo judicial que se debe respetar, aunque no los compartimos porque las FFAA actuaron dentro la misión constitucional y cumpliendo una orden expresa del Presidente en representación del Estado”.

Dijo que los directos responsables en cuanto al Presidente, ministro de Defensa, de Gobierno, de la Presidencia de ese entonces, no están en el proceso, ni el vicepresidente, menos los dirigentes sociales.

“Estos últimos fueron partícipes de una convulsión nacional interna, existió una intencionalidad abierta de subvertir el orden, donde el Poder Ejecutivo tenía sus justificativos para hacer uso de las fuerzas legales y administrar la violencia”, indicó el general en retiro, quien considera que el fallo “es un duro revés para las FFAA porque se ha criminalizado el accionar constitucional de los altos mandos militares”.

En su opinión, los futuros comandantes tendrán temor de hacer caso a las órdenes del capitán general porque sabrán que en el nuevo Gobierno serán encarcelados, tal como ocurrió con los jefes militares de octubre de 2003.

El ex comandante de las Fuerzas Armadas Alvin Anaya dijo a la agencia EFE que la sentencia “no debió ocurrir nunca” porque sus camaradas sólo cumplieron órdenes “en democracia, donde el factor político es quien define y los militares están obligados a subordinarse”.

Anaya pidió que el actual comando castrense se pronuncie para decir al menos que los ex comandantes condenados “no son genocidas, asesinos ni masacradores, sino que han cumplido una misión que les encomendó el factor político en democracia”.

La sentencia impuso a cinco ex comandantes penas de diez a 15 años por el delito de “genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”, por la muerte de 64 personas en la represión a las protestas desatadas contra el segundo Gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).

El general retirado Víctor Jemio también advirtió que la relación entre Morales y las Fuerzas Armadas “se va a dificultar” y les “costará mucho” a los gobernantes “tener la subordinación leal, consciente y disciplinada” de los militares.

“Es una lección tan dura ésta, que no será ignorada por los profesionales de la defensa, ellos ya saben a qué atenerse. Saben lo que hacen los políticos: emiten las órdenes y después huyen y los abandonan”, sostuvo Jemio, en alusión a Sánchez de Lozada que reside en EEUU después de renunciar a su cargo en 2003.

Cinco ex jefes militares presos es el único resultado del juicio

Los dos ex ministros sentenciados lograron su libertad.

SENTENCIA. Después de ocho años de espera, familiares de las víctimas de octubre negro siguen esperando un resarcimiento y un proceso contra los principales responsables.

image Roberto Claros Flores, ex comandante en jefe de las FFAA. Condenado a 15 años y 6 meses.

Página Siete / La Paz – 17/10/2011

Por el caso de octubre negro, cinco ex jefes militares del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada cumplen condenas de entre diez y 15 años; ningún civil está preso y las principales autoridades siguen residiendo en el exterior.

A los ocho años de los sucesos de octubre de 2003, ése es el saldo que arroja la justicia.

El 30 de agosto pasado, la justicia concluyó que en la denominada “masacre de octubre de 2003” se cometió el delito de “genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”.

Después de ocho años de proceso y siete días de debate judicial, la Corte Suprema de Justicia resolvió enviar a prisión a los ex jefes militares Roberto Claros (ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas) y Juan Véliz Herrera (ex comandante del Ejército) con condenas de 15 años y seis meses de reclusión. Junto a ellos también fueron sentenciados el general José Quiroga (ex comandante general de la Fuerza Aérea) y el almirante Luis Alberto Aranda (ex comandante general de la Fuerza Naval) a 11 años de presidio; el general Gonzalo Rocabado Mercado recibió una pena de 10 años de cárcel.

Los cinco ex militares sentenciados formaron parte del Alto Mando militar del ex presidente Sánchez de Lozada y cumplen su condena en el penal de San Roque de la ciudad blanca.

El fallo también encontró culpables a dos civiles, los ex ministros Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara, pero por lo bajo de sus penas (tres años) ambas ex autoridades se acogieron al mecanismo de suspensión de condena y fueron liberados.

Los principales responsables, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, radican en EEUU, país en el que han obtenido asilo, logrando así eludir a la justicia.

En septiembre y octubre de 2003, una seguidilla de movilizaciones y protestas contra el régimen de Sánchez de Lozada fue reprimida por el Ejército, lo que ocasionó 67 muertes, el número más alto de la historia democrática. La represión obligó a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín a huir a EEUU.

El juicio por estos sucesos se inició el 22 de octubre de ese mismo año con la primera denuncia que se presentó ante el fiscal general de la nación. Pasaron ocho años de esos sucesos y el 30 de agosto, el presidente de la Suprema, Ángel Irusta, dio la lectura a la sentencia.

Después de escuchar la lectura de sentencia, el general Véliz reiteró que es inocente y aseguró que “jamás jaló el gatillo que encendió la mecha. Véliz jamás ordenó matar”. Asimismo, remarcó que los responsables de la muerte de soldados y los culpables del delito de sedición no fueron investigados.

El fallo generó un fuerte debate sobre el hecho de que los militares, que reciben órdenes de civiles, hayan tenido una sentencia tan alta. El general Véliz resumió el efecto de la sentencia: “Lo único que puedo pedirles a mis camaradas es que tengan mucho cuidado cuando tengan que cumplir con la misión constitucional y las órdenes del capitán general de las Fuerzas Armadas (el Presidente)”.

Los ex ministros de ese Gobierno que no enfrentaron un juicio fueron Jorge Berindoague, por estar asilado en EEUU, y Mirtha Quevedo, Javier Tórrez, Jorge Torres Obleas y Dante Pino Archondo, con refugio en Perú.

“La extradición de Goni depende de las gestiones del Estado”

Rogelio Mayta, abogado de los familiares de las víctimas de la masacre de octubre de 2003, señala que todavía falta la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y que ese pedido depende de las gestiones que haga el Estado.

Mayta dijo que el juicio en Bolivia ha concluido con la condena de siete de los responsables de la masacre de octubre de 2003 y que ahora en adelante se tiene que esperar la respuesta de las órdenes de extradición emitidas por la Corte Suprema de Justicia para los otros responsables de la masacre, que están prófugos.

“La posibilidad de que esas ex autoridades sean repatriadas a Bolivia corresponde al Gobierno a través de la Corte Suprema de Justicia, como establecen las leyes, esto en virtud de que las relaciones para una extradición se establecen de Estado a Estado.

Además señala que el Estado boliviano tiene que hacer los requerimientos ante Perú y EEUU. “Todo eso se define y se desarrolla en el marco de las relaciones diplomáticas”, reitera el abogado.

Mayta agregó que “la responsabilidad de que esa extradición se haga efectiva está en manos del Gobierno y de sus autoridades diplomáticas”.

“Nosotros como representantes de los familiares de las víctimas de octubre de 2003 no podemos solicitar una extradición”, indica, y además reitera que hace tres o cuatro años se ha presentado la solicitud de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que está en Estados Unidos .