Chile: proponen mayor control estatal para solucionar el conflicto educativo

Desde que comenzó el conflicto estudiantil, hace cinco meses, se perdieron 60 millones de horas de clases y los daños a la propiedad pública en Santiago ascendieron a 100 millones de pesos (198.138 dólares).

Según el trabajo, el reclamo de los jóvenes hizo el punto y llamó la atención respecto de los déficits del sistema educacional chileno, pero es hora de volver al ciclo lectivo. El documento recuerda que el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo estimó que de los 11 mil establecimientos educacionales escolares, 10.780 funcionan con regularidad y el 93% de los alumnos asiste normalmente.

Si bien se destaca que Chile emprendió diversas acciones para resolver los problemas estructurales, se insta al gobierno a mejorar las condiciones laborales y los salarios de los docentes y a invertir más recursos para luchar contra la desigualdad en el ingreso al sistema, el cual afecta a los sectores más vulnerables.



La Fundación Internacional de Jóvenes Líderes celebra en su informe -elaborado con investigaciones realizadas por la OCDE y por el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo- la decisión del presidente Sebastián Piñera de aumentar en 20% el promedio del subsidio adicional para estudiantes económicamente desfavorecidos.

No obstante, asegura que son necesarias más medidas para poner fin a la segregación socioeconómica. Entre ellas, la suma de asistentes y maestros capacitados en educación especial para que ofrezcan apoyo adicional a los grupos rezagados.

«En Chile, contratar más maestros de educación especial en escuelas que reciben el subsidio adicional puede ser un uso eficiente del dinero. También puede ser útil ofrecer un mayor salario a maestros con calificaciones especiales para que enseñen en escuelas que cuenten con muchos alumnos de bajos recursos», señala.

El documento también considera las ventajas a las que acceden quienes se forman en colegios privados y señala la necesidad de que se igualen esos beneficios en las escuelas públicas. «Las instituciones privadas pagadas y subvencionadas tienen mucha más flexibilidad respecto de la contratación y el salario para los profesores y cuentan con recursos por alumno significativamente más abundantes que las escuelas municipales», sostiene.

El texto también indica la necesidad de «un sistema de acreditación más exigente y transparente como una forma de mejorar la calidad». Para ello, propone una evaluación externa de toda la estructura educativa y la renovacón de la oferta curricular incentivando esquemas de formación general con especialización posterior.

Andrés Latorre Klocker, embajador de la Fundación Internacional Jóvenes Líderes en Chile, afirma que «aún quedan desafíos importantes, especialmente respecto a la calidad e integración». «La solución no pasa sólo por inyectar más recursos, también requiere reformas que hagan un sistema educacional eficiente y moderno, por lo que es necesario mejorar el uso de los recursos ya existentes», reflexiona.

Fuente: www.infobae.com