El gobierno de Evo Morales, a través de los ministros de Gobierno y Transparencia; Wilfredo Chávez y Nardi Suxo, respectivamente, calificó el informe del Defensor del Pueblo, Rolando Villena, como “apresurado, injusto y sesgado” por individualizar a los presuntos responsables de la represión a la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en la localidad beniana de San Miguel de Chaparina, el pasado 25 de septiembre.
Chávez, en conferencia de prensa en el Palacio Quemado, manifestó que el informe de la Defensoría es absolutamente sesgado y desmedido porque considera que se toma las atribuciones del Ministerio Público. “Una función del Defensor desviando la naturaleza del informe y generando un clima, poco más, de previo juzgamiento de algunas personas que se ven incriminadas en este informe apresurado e injusto, porque las conclusiones son un poco más de juzgamiento, de juez o de sentencia”, afirmó.
Por su lado, Suxo dijo que anteriormente por cinco años trabajó en la Defensoría del Pueblo y ahora le sorprende el informe sesgado y que no guarda relación con las atribuciones de la institución. “En toda la valoración del informe para emitir las recomendaciones no se menciona la utilización de los niños, niñas y mujeres embarazadas que se sabe que está prohibido por el Código del Niño, Niña y Adolescente, que señala no se puede utilizar a los niños (para fines) políticos y la marcha era política”, explicó.
Además, no hace referencia al riesgo inminente de la vida del ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca. No dice absolutamente nada sobre las personas que estaban bloqueando “que sus derechos han sido vulnerados” día antes de la intervención policial, argumentó Suxo. Chávez replicó que el Defensor del Pueblo se tomó las atribuciones desmedidas y usurpó las funciones del Ministerio Público, que realiza las investigaciones de la represión policial a los indígenas.
El informe Defensorial, presentado el miércoles, manifiesta que encontró posibles responsabilidades en el ex ministro Sacha Llorenti, en la brutal intervención policial contra los marchistas del TIPNIS y advirtió también la implicancia de jefes policiales, funcionarios del Ministerio de Gobierno y un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y recomienda efectuar acciones penales en las instancias judiciales.
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Fuente: Unitel.
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