Tres largos años han pasado desde que una unidad de la UTARC, presuntamente con apoyo venezolano, irrumpiera en el hotel Las Américas y cegara las vidas de Eduardo Rozsa, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi.Desde entonces, y en gran parte a raíz de esa (sangrienta) maniobra estratégica, el mapa político del país ha cambiado bastante. Y es que el Operativo Rozsa ha sido clave en el desmontaje del empate de fuerzas entre un poder central con vocación autoritaria y el contrapoder liberal que hasta aquel entonces impulsaban las regiones del Oriente y Sur de Bolivia.La arremetida lanzada desde ese momento contra todo el movimiento autonomista de Santa Cruz fue sin duda feroz, marcando el pináculo de la instrumentación partidaria de la justicia contra quienes sostenían una visión de país distinta, basada en la descentralización o distribución del poder.A partir de allí, la democracia ha ido menguando, al punto que Bolivia es considerada un “régimen híbrido” por The Economist y un “país parcialmente libre” por Freedom House.Ha existido, por supuesto, una sistemática edificación de la mentira, o al menos de una versión extremadamente sesgada de la realidad. Al punto que los países de origen de dos de los presuntamente ejecutados, Hungría e Irlanda, han sentado sus protestas frente al régimen de Evo Morales.No han sido tenidos en cuenta en la investigación oficial ni los peritajes independientes que muestran indicios de ejecución y de torturas, ni las extrañas señales sobre una supuesta comunicación entre el grupo abatido y figuras gubernamentales.Lo que queda claro, en definitiva, es que no habrá establecimiento de la verdad histórica mientras no se reestablezca la independencia de la justicia boliviana y hasta tanto no haya una participación internacional en la investigación.Sólo entonces, el relato condenatorio que estigmatiza a todo el movimiento autonómico como “separatista” dejará paso a una visión más precisa de la realidad…[email protected]