La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley que declara el “23 de septiembre como Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas”, con la finalidad de concienciar a la población sobre este flagelo y buscar la disminución y posterior erradicación de estos delitos en todo el territorio nacional, e inclusive servir de ejemplo para otros países.
El Proyecto de Ley N° 297/13 que define una fecha de septiembre de cada año como el “Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas”, en conmemoración a la promulgación de la primera norma que sancionaba la prostitución infantil, fue presentado por el Tercer Secretario de la Cámara de Diputados, Carlos Subirana (CN), mismo que fue aprobado por unanimidad en las Cámaras de Diputados el 11 de junio pasado, y en la Cámara de Senadores el pasado 7 de julio.
“La trata de personas es un crimen de lesa humanidad que vulnera los derechos fundamentales del ser humano al engañar, coaccionar, amenazar o violentar a las personas, constriñendo su libertad y violando su dignidad, con el fin de explotarlos”, resalta en sus argumentos el proyecto de Subirana.
Al respecto, Subirana señaló que la trata y tráfico reduce a los individuos a “cosas”, a un objeto de transacción comercial y tiene lugar dentro de redes de tratantes, nacionales o transnacionales, que buscan lucrar con la vida misma de las personas y no reparan en sus métodos utilizados, por lo que es necesario concienciar a la población sobre este delito y así contribuir a su erradicación.
En el mundo, el 23 de septiembre fue instaurado el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de personas, hecho que se desarrolló en Bangladesh en 1999.
La trata es definida como la captación de las personas para ser explotadas, mientras que el tráfico alude al cruce irregular de fronteras. Bolivia ocupaba el lugar 113 en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de un total de 177 países, la peor situación de un país sudamericano con aproximadamente el 24% de sus más de 10 millones de habitantes viven en situación de pobreza extrema, situación que es ampliamente aprovechada por los tratantes de personas.
“El desempleo, la falta de oportunidades y los bajos ingresos llevan a muchas personas a situaciones desesperadas, las convierte en potenciales víctimas de la trata, otros factores condicionantes son los relacionados con la discriminación racial y de género en entornos en los que abundan familias disfuncionales con casos de abandono y violencia intrafamiliar”, resalta en otro de sus argumentos la ley sancionada en la Asamblea legislativa y que ya fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación
“Por estas consideraciones que afectan directamente a la población más vulnerable de nuestro país y del mundo entero, es que justifica plenamente el alentar a la sensibilización y acciones efectivas para luchar al delito de la trata y tráfico de personas”, señala en su parte conclusiva el informe de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados al respecto.