Mientras detienen a otros ocho cocaleros de Apolo. “No descartamos la hipótesis de que hayan participado extranjeros; todavía no podemos decir si son colombianos, peruanos o brasileños; el Ministerio Público lleva adelante su investigación”, dijo el viceministro Cáceres. Iglesia y ONU expresan su preocupación.
El Gobierno apunta a que narcos o extranjeros actuaron en Apolo
El Presidente no cree que campesinos hayan promovido el ataque armado a la fuerza erradicadora. La Policía recuperó un fusil lanzagases y un chaleco antibalas en Miraflores.
Convoy. Policías viajan de Apolo a Miraflores (30 kilómetros) para erradicar coca excedentaria. Eduardo Schwartzberg.
La Razón / La Paz
El presidente Evo Morales y el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, sospechan que detrás de los ajusticiamientos a tres uniformados erradicadores de coca y un civil, en la comunidad apoleña de Miraflores, están narcotraficantes o extranjeros, dadas las características del ataque.
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El sábado, según la información oficial del Gobierno, un contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), compuesta por las Fuerzas Armadas y la Policía, sufrió una arremetida con armas de fuego cuando se aprestaba a erradicar coca excedentaria en el municipio de Apolo. Según los comunarios, los uniformados atacaron con gases lacrimógenos a las viviendas de los cocaleros, por lo que éstos se defendieron.
A raíz de ese violento hecho, fallecieron a consecuencia de disparos de armas de fuego el subteniente de Ejército Óscar Gironda, el suboficial naval Willy Yujra, el policía Reynaldo Quispe y el médico Michael Olivares, mientras que otros 14 uniformados resultaron heridos por impactos de bala. El informe forense emitido tras la autopsia a Olivares y Yujra da cuenta de que ambos estaban de rodillas cuando murieron. Respecto a Gironda, uno de los heridos contó que los agresores incluso siguieron golpeando el cuerpo sin vida del oficial militar.
Posición. “Yo digo eso (el ataque armado) no es del movimiento campesino porque no hace así, sino es gente ajena, serán narcotraficantes o extranjeros, como se comenta, peruanos o colombianos”, sostuvo el Jefe del Estado en una concentración en Lauca Ñ, en el trópico cochabambino.
El Primer Mandatario también hizo referencia a que uno de los heridos recibió el impacto de bala en la boca y lamentó la muerte de los cuatro uniformados y del civil.
“(Los agresores) han planificado seguramente acá (el ataque). No descartamos la hipótesis de que hayan participado extranjeros; queremos ser más responsables, todavía no podemos decir si son colombianos, peruanos o brasileños; el Ministerio Público lleva adelante su investigación”, advirtió el Viceministro de Defensa Social.
Cáceres, en una entrevista con radio Patria Nueva, observó el hecho de que los agresores ni siquiera cumplieron las normas de la Cruz Roja Internacional, ya que no dieron auxilio a las personas que estaban heridas. Por el contrario, lamentó que hayan ejecutado a las cuatro víctimas mortales. Las indagaciones de este hecho son llevadas adelante por cuatro fiscales, por orden del jefe del Ministerio Público, Ramiro Guerrero.
Uno de ellos, Leopoldo Ramos, informó que en la inspección realizada en la zona entre el miércoles y jueves se recolectaron diferentes evidencias. “Se han encontrado bastantes elementos de prueba; hay armamento, casquillos, proyectiles y bastante sangre en algunas casas donde estaban de rehenes los soldados y los policías”, manifestó.
Entre los indicios valorados por la Fiscalía, Ramos detalló que una de las tareas que realiza la comisión de investigación es desenterrar pruebas, ya que existe información en sentido de que hay armamento y fusiles enterrados en la región, instrumentos que fueron utilizados por personas que tenían de rehenes a las víctimas.
Recuperan un arma
Apolo
A 25 minutos de caminata de la plaza central de Miraflores, policías encontraron enterrados en la maleza un chaleco antibalas, un fusil de balines y gases lacrimógenos que habrían sido arrebatados a los uniformados el 17 de octubre.
Juez ordena detención domiciliaria para Cari
En dos audiencias consecutivas, el juez mixto de Apolo, Daniel Guarachi, ordenó la detención domiciliaria para el dirigente cocalero Gregorio Cari y el arraigo natural para tres comunarios de la región que fueron detenidos e imputados por la Fiscalía, dentro de la investigación de la emboscada del sábado por la que murieron cuatro personas.
En el Salón Rosado del Tribunal de Justicia, el juez dispuso que Cari quede arrestado en su vivienda de la zona San Isidro. El acusado no podrá salir de La Paz y estará incomunicado con la gente de Apolo.
La audiencia de medidas cautelares contra el dirigente se instaló tras el retiro de la recusación contra el juez de Apolo, presentada el miércoles por los abogados del dirigente. También interpusieron un recurso de libertad que fue denegado por magistrados del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Para evitar la dilatación del proceso, el dirigente optó por retirar la medida.
Minutos después, se instaló la audiencia para otros detenidos por la emboscada: Felipe Toro, Simeón Enríquez y Humberto Flores. El juez determinó arraigo natural como medida sustitutiva, que quiere decir que los sindicados permanecerán en Apolo, donde deben ir a la Fiscalía cada 15 días.
Mujeres y niños se refugian en la parroquia
Al menos 15 mujeres y unos 20 niños se fueron de las comunidades de Copacabana y Miraflores, y se refugiaron en la parroquia de Apolo por la presencia policial y militar que hay en sus viviendas. Los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) continúan con la erradicación en esas zonas.
“Tenemos miedo de que nos hagan algo (los uniformados). Además, ya no tenemos a nuestros esposos para que nos ayuden en nuestras plantaciones. Mi marido fue detenido sin motivo y le pegaron ayer (miércoles) para llevarlo a no sé dónde”, denunció una señora que tiene nueve hijos y que perdió su cocal. Otra mujer, madre de siete hijos, contó que su pareja tuvo que huir de Copacabana con rumbo desconocido porque los policías querían detenerlo al igual que otros dirigentes.
“Muchos de los niños estaban desesperados y en shock, a tal punto que cuando nos vieron llegar, huyeron al monte. Pero, luego de confirmar que éramos no- sotros, volvieron. La mayoría está sin padres porque ellos se ocultan y otros están detenidos”, informó el padre Dionisio Pinedo, responsable de la parroquia Inmaculada Concepción de Apolo, quien fue al rescate de los menores que ya no tenían qué comer.
Cerca de 250 efectivos de la FTC ingresaron aproximadamente a las 06.00 a Copacabana, de forma estratégica y por distintos sectores, con el objetivo de no ser sorprendidos como el sábado 17 de octubre. Las personas atemorizadas salieron con la ayuda del párroco, quien las sacó de la comunidad en una camioneta blanca de la Iglesia Católica.
Detienen a otros ocho cocaleros de Apolo
EL FISCAL DICE QUE SERÁN ACUSADOS DE ASESINATO, TORTURA, TENENCIA DE ARMAS Y SECUESTRO.
Los Tiempos, Bolivia
Los comunarios detenidos en Apolo llegan a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, ayer. Apg Agencia.
Ocho comunarios de Apolo llegaron ayer a La Paz, horas después de ser aprehendidos por su presunta participación en el ataque armado a los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta, del sábado pasado.
Según el fiscal Gregorio Blanco, que investiga el hecho, estas personas serán imputadas por asesinato, tortura, vejaciones, tenencia ilegal de armas, secuestro y otros delitos “porque hay suficientes indicios de su participación”.
Por su parte, el juez de Apolo, Daniel Guarachi, dispuso ayer la libertad con medidas sustitutivas de cuatro personas, presuntamente implicadas en el ataque; entre ellos, el dirigente de los cocaleros en Apolo, Gregorio Cari.
El presidente Evo Morales, durante una reunión con dirigentes cocaleros del trópico de Cochabamba, volvió a condenar lo sucedido en Apolo, pero insistió que cree que el movimiento campesino de Apolo no es el responsable de los cuatro asesinatos, sino extranjeros, posiblemente “peruanos o colombianos”.
“Yo sigo pensando que no es el movimiento campesino, el movimiento campesino se organiza para defender la vida y para mejorar la situación económica. Hay alguna gente ajena, ya tengo información de que son extranjeros que están usando a dirigentes”, dijo Morales.
Aprehendidos
El juez Guarachi impuso medidas de carácter personal para los cuatro aprehendidos el martes pasado en Apolo. Dijo que fue en atención al pedido del Ministerio Público, pero el fiscal Fernando Villarroel negó haber solicitado medidas sustitutivas, porque “el tipo penal no es el adecuado”.
Cari consideró que el arresto domiciliario que le impuso el juez, se debe a que el Ministerio Público no cuenta con pruebas fehacientes en su contra para demostrar su participación y planificación en el presunto ataque a los erradicadores.
Cari fue acusado de firmar un documento, en el que se advierte que resistirán con armas la erradicación de coca en las comunidades de Apolo. El lunes, luego de que un juez dispuso su libertad, por falta de evidencias, fue nuevamente aprehendido.
Junto a Cari fueron liberados Simeón Enrique Salas, Humberto Flores, y Felipe Toro.
Por otra parte, el fiscal Blanco, que dirigió las pesquisas en Apolo y el traslado de los ocho detenidos, ayer, en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana, anunció que la investigación continuará en esa población, para dar con otros participes, cómplices y encubridores.
Los ocho aprehendidos fueron trasladados hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a la espera de la audiencia cautelar. Blanco informó que en la comunidad de Miraflores, donde la patrulla de la FTC fue atacada, se colectaron evidencias que se presentarán como pruebas.
Control
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, que llegó en la misma aeronave que los detenidos, informó que los rastrillajes en Apolo continúan, y aseguró que el Gobierno garantizará una presencia policial sostenida, para evitar que comunidades de esa región se conviertan “en tierra de nadie o zonas rojas de producción de la materia prima para el narcotráfico”.
Aseguró que en esas comunidades no sólo plantan coca ilegal, sino que recientemente encontraron una factoría de pasta base de cocaína.
Cáceres anunció la construcción de infraestructura militar y policial para el control permanente en las comunidades.
Certificado de defunción
El certificado de defunción de Michael Olivares, entregado a los familiares del médico, muerto en el ataque armado en Apolo, señala que fueron tres impactos de bala en la cabeza los que acabaron con la vida del galeno.
“En la frente, la nariz y en la región de la sien de la cabeza”, fueron los tres disparos, dijo el presidente del Colegio de Médicos de Cochabamba, Anibal Cruz, al anotar que sólo se tiene ese reporte.
Al resultado del examen físico, “no hemos tenido acceso, por tanto no se conoce si hay signos de maltrato, si ha sido flagelado. Esos datos tendrían que estar descritos en el reporte del examen físico”, dijo Cruz, en referencia a las diferentes versiones que existen sobre las circunstancias en las que murió Olivares.
El certificado de defunción describe que para el peritaje se recogieron cinco pruebas que fueron introducidas en tubos de ensayos y enviadas al Instituto de Investigaciones Forenses de la ciudad de La Paz.
El Colegio Médico también expresó su preocupación por el tipo de contrato que tenía Olivares con la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el que según los familiares era temporal, por un año, a partir de enero pasado y era para Chimoré, aunque esta información según Cruz no ha sido corroborada con documentación.
El presidente de los galenos de Cochabamba anunció que pedirán, mediante una carta, al Ministro de Salud y al Ministro de la Presidencia la indemnización que corresponde a la familia de Olivares. “Es obligación del Gobierno dar las condiciones necesarias y seguridad, en el caso de nuestro colega debe garantizarse una justa indemnización a la familia”, dijo Cruz.
Iglesia y ONU expresan su preocupación
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia expresaron ayer, por separado, su pesar por las cuatro personas que murieron en Apolo, el fin de semana pasado, y su preocupación por ese suceso violento, vinculado –según los informes del Gobierno– con el narcotráfico, “un mal que amenaza con socavar las estructuras de la sociedad sembrando dolor y muerte”.
“La mejor respuesta a estos graves hechos es una investigación profunda e imparcial, a ser posible con la participación de instituciones de la sociedad civil que velan por la defensa de los derechos fundamentales de las personas, para establecer la verdad de los acontecimientos y sus responsables, a fin de asegurar las sanciones adecuadas y que estos acontecimientos no se repitan en el futuro”, señala el comunicado emitido ayer por la CEB, ante la “violencia y muertes” en tareas de erradicación de la coca excedentaria en la localidad de Apolo.
“La violencia sólo genera violencia y, en nombre de Dios, la condenamos como recurso, en todas sus formas, venga de donde venga”, manifiesta el documento, al exhortar a autoridades y dirigentes de Apolo “a retomar el camino del diálogo verdadero, sereno y responsable, como el único camino que permite encontrar soluciones consensuadas y verdaderas”.
La coordinadora Residente del Sistema de la ONU en Bolivia, Katherine Grigsby, por su parte, calificó como “preocupante” la violencia en Apolo. “Cualquier acto de violencia es preocupante, por eso Naciones Unidas tiene entre sus pilares el diálogo, la tolerancia, la construcción de procesos democráticos a partir del respeto entre las personas, a la diversidad de pensamiento, cualquier pérdida de vida humana es una situación dolorosa”, dijo.