El partido encabezado por el empresario Samuel Doria Medina entregó a la Fiscalía General toda la documentación que respaldan sus denuncias sobre los supuestos ilícitos en los que habría incurrido la gestión gubernamental
Elizabeth Reyes y Arturo Murillo, ambos miembros de Unidad Nacional, partido opositor al actual Gobierno.
La opositora Unidad Nacional (UN) oficializó este martes, ante la Fiscalía General, sus denuncias sobre un presunto sobreprecio en tres grandes proyectos ejecutados por el Gobierno nacional, y solicitó una "profunda investigación" sobre esos presuntos ilícitos.
A través de la diputada Elizabeth Reyes, el partido encabezado por el empresario Samuel Doria Medina entregó a la Fiscalía General toda la documentación que respaldan sus denuncias sobre los supuestos ilícitos en los que habría incurrido la gestión gubernamental.
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"Estamos presentando la investigación realizada y por supuesto el Ministerio Público, de oficio, tendrá que hacer la investigación y tipificar los delitos que vea conveniente", dijo la diputada luego de presentar la documentación.
Reyes dijo también que se presentó la misma documentación ante la Contraloría, el Ministerio de Transparencia y al Procurador General del Estado , "para ver si realmente en este caso se hace la investigación respectiva y se protegen los bienes de todos los bolivianos".
Reyes lamentó, asimismo, que con una anterior denuncia presentada por Unidad Nacional sobre aparentes irregularidades en el programa "Evo Cumple" "no vimos ningún tipo de resultado" en las instituciones mencionadas.
"Esperamos que esta vez el sobreprecio de $us 382 millones sea investigado y que realmente se pueda sancionar a los responsables", apuntó.
Según Reyes, la investigación realizada por UN muestra un sobreprecio de $us 382 millones en tres megaobras del Gobierno nacional: el teleférico La Paz-El Alto, el proyecto azucarero de San Buenaventura y la planta de amoniaco de Bulo Bulo, en el Chapare.
Consultada sobre el tipo de delitos que se advierten en la documentación, Reyes indicó que ello corresponderá a una valoración jurídica que deba realizar la Fiscalía General luego de realizar las investigaciones del caso.
Fuente: El Día