El defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que envió una misiva al vicepresidente Álvaro García para que convoque a una reunión entre la Defensoría y las Fuerzas Armadas para definir la intervención de la Asamblea Legislativa.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena.
La Razón Digital / La Paz
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidió al vicepresidente Álvaro García gestionar una reunión entre la Defensoría y las Fuerzas Armadas para tratar y viabilizar la intervención de la Asamblea Legislativa en la investigación de las más de 20 muertes en los recintos militares, como en el establecimiento de medidas que garanticen la vigencia y respeto de los derechos humanos.
Villena hizo ese pedido luego de presentar el informe defensorial sobre la vulneración de derechos humanos del subteniente Ceooly Espinal Prieto, muerto en febrero en la escuela de “Cóndores de Bolivia” en Sanandita, Tarija.
“La gravedad del asunto se expresa en cifras escalofriantes como la muerte de más de 20 ciudadanos entre militares, cadetes y conscriptos y la recepción en nuestra institución, de más de 300 denuncias de vulneración de derechos, algunas de ellas referidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros, en los últimos tres años”, señaló.
El Defensor consideró que los casos denunciados parecen responder a una forma ‘profundamente arraigada de ejercicio de la violencia’ en la formación y conducta en los cuarteles y cuestionó la falta de respuestas de las autoridades militares a las solicitudes de información para coadyuvar en el esclarecimiento de esos hechos.
Informó del envío de una misiva a García para que a la brevedad posible convoque a una reunión entre el Defensor y las autoridades militares. En la reunión, plantea, debe decidirse “la intervención de la Asamblea en la investigación de los casos de muertes en los recintos militares y se acuerde la adopción de medidas que garanticen que los y las soldados que acuden a los recintos militares, los cadetes y efectivos, así como los civiles, tengan la seguridad que sus derechos van a ser respetados y garantizados, especialmente a la vida, integridad física, psicológica y moral, seguridad, protección y cuidado, y a no sufrir torturas, violencia ni tratos degradantes y humillantes”.
En julio, Villena pidió a través de una misiva una reunión con el comandante en Jefe de las FFAA, Edwin de la Fuente, para hablar sobre las muertes de militares en los recintos de esa institución. De la Fuente, en una carta de respuesta de 23 de julio, manifestó que “no es pertinente” porque los casos que serían objeto de análisis están en la justicia ordinaria, por lo cual le corresponde “abstenerse de emitir criterio alguno, mientras no exista sentencia ejecutoriada”.
Ante la negativa de la autoridad militar, Villena recordó que recurrió al Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, logrando que de la Fuente fije fecha para un encuentro, pero que luego la suspendió y que tras ello guarda silencio hasta la fecha.
“Han pasado casi cuatro meses de infructuosa espera y en ese tiempo, lamentablemente, nuevas evidencias vuelven a mostrar al país que el problema subsiste y que nada han hecho las autoridades civiles y militares para evitar que se sigan vulnerando los derechos de los bolivianos y bolivianas que se encuentran sirviendo a la patria en los recintos militares, bajo custodia y responsabilidad de las Fuerzas Armadas”, manifestó el Defensor.
También reveló que la Defensoría del Pueblo, en los últimos cuatro meses, recibió 57 denuncias por vulneración de derechos cuyos presuntos responsables eran miembros de instituciones o unidades militares, siendo 24 de ellas admitidas. “Admitimos 13 denuncias que tenían como víctimas a conscriptos o estudiantes; siete casos tenían que ver con el derecho a la dignidad, a no sufrir tratos crueles y derecho a la vida”, agregó.
En el informe detalló casos de muertes de personas vinculadas a las FFAA, como el del soldado Carlos Daniel Loza, quien falleció el 29 de agosto en Puerto Suárez en circunstancias en que era utilizado para transportar los enseres personales de un teniente y, por un accidente, cayó de la camioneta que también era de propiedad del Ejército.
Otro caso, es del conscripto Freddy Rodríguez Uño, de 19 años, quien entre el 2 y el 3 de septiembre fue sometido a torturas y tratos crueles y degradantes en el Puesto Militar de Atocha, provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí, por un sargento y otros conscriptos.
Villena recordó el caso del subteniente de Ejército, Óscar Gironda Porres y el suboficial de la Fuerza Naval, Willy Yujra Mamani, quienes fueron victimados por disparos de arma de fuego, mientras participaban de un operativo de erradicación en la zona de Miraflores, Apolo.
“Aunque este caso es diferente a los que hemos tratado debido a que se debió a factores externos, el hecho que varios días antes, dirigentes de la zona habían advertido que podían suscitarse enfrentamientos y no se tomaron medidas de precaución y protección, evidencia nuevamente la falta de previsión y cuidado”, indicó.
El Defensor también recordó que el 22 de octubre el alférez Emanuel Cussi Suxo perdió la vida durante la realización de un ejercicio militar en el Distrito Naval de Tiquina. Según las versiones iniciales –explicó Villena- pese a ser notoria su dificultad en esa prueba no recibió el auxilio oportuno de sus instructores.
En el informe defensorial presentado por la muerte del subteniente Espinal, la defensoría identificó que hubo afectación al derecho a la integridad, a la salud y a la vida. También evidenció ausencia de auxilio médico oportuno y falta de personal médico calificado para establecer un correcto diagnóstico