La judicialización de la política

Editorial

Uno de los temas más serios en el análisis de la salud de la democracia es la judicialización de la política: es decir cuando el Poder Judicial es utilizado por las autoridades para perseguir, acallar y arrinconar a quienes critican al Gobierno.

Lastimosamente en el país se han dado varios ejemplos, con más énfasis en los últimos años, de una judicialización de la política. Está el ejemplo del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien lleva  cuatro años en una celda sin sentencia. También los acusados de pertenecer al grupo Rozsa están detenidos ya durante cinco años, sin un fallo. Como éstos, existen otros casos.

La persecución judicial mostró toda su fuerza contra José María Bakovic, expresidente del Servicio Nacional de Caminos, obligado por la justicia a declarar en La Paz cuando demostró que tenía problemas de salud. Ocurrió lo que todos temían: la muerte del acusado que, además, enfrentaba 76 juicios en cinco departamentos; sin mencionar que había logrado vencer otros 30 procesos y tenía a veces que presentarse en dos audiencias el mismo día en lugares distintos. Su caso es una vergüenza para el Poder Judicial.

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En este marco, el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia, que recientemente demandó al Estado boliviano ante la CIDH de la OEA, emitió un informe en el que afirma que al menos 121 bolivianos y bolivianas viven bajo «persecución judicial por motivaciones políticas entre los meses de enero y abril de este año.

La figura de «persecución corresponde «al hecho de procesar judicialmente a ciudadanos que consideran que son objeto de procesos judiciales  únicamente por criticar o pensar diferente a las autoridades de Gobierno. El texto menciona varios casos de personas que incluso pertenecieron al oficialismo y que, por desafiar la línea dada por dirigentes superiores, también son perseguidos judicialmente.

La justicia sufre varios problemas en el país, entre otros la retardación, la inoperancia y la corrupción. El otro aspecto grave es el que se menciona aquí, la utilización política de jueces y fiscales para perseguir a quienes piensan distinto. Es una situación preocupante, que está interesando, además, cada vez con mayor intensidad, a organismos y entidades internacionales.

Se llama permanentemente la atención sobre la calidad de la administración de la justicia, incluso desde el propio Órgano Ejecutivo. ¿No sería oportuno pensar más en el bienestar del país y del sistema democrático para resolver sus problemas antes de profundizarlos o ignorarlos?

 

La justicia sufre varios problemas en el país, entre otros la retardación y la corrupción. El otro aspecto grave es su falta de independencia.

Fuente: paginasiete.bo