En los últimos tiempos se conoció la existencia de una auténtica “mafia cocalera” enquistada en el Estado, desde donde desviaba ingentes cantidades de coca fuera de los mercados legales (ergo, al narcotráfico), además de incurrir en prácticas de corrupción realizando cobros ilegales a los cultivadores de la “hoja milenaria”.
El asunto se destapó gracias a las denuncias de cocaleros “de a pie” e implica a figuras del entramado gubernamental muy cercanas al presidente Evo Morales, como el director general de industrialización de la coca, Luis Cutipa, quien fue vicepresidente del mandatario en la federación de sindicatos cocaleros, además de su suplente en la Cámara de Diputados.
Ahora, otro fusible con similar peso dentro del oficialismo acaba de ser aprehendido. Hablamos del ex viceministro de la coca, Dionisio Nuñez, quien se desempeñó como dirigente sindical cocalero, diputado del partido de gobierno y asesor del MAS en la Asamblea Constituyente (en la foto lo vemos junto al ministro de gobierno, Carlos Romero).
De acuerdo a las investigaciones preliminares, la “mafia cocalera” habría realizado cobros irregulares por seis millones de Bs., cifra de alto vuelo que tal vez resulte siendo mayor al final de las pesquisas.
El affaire debe sumarse a otros similares, como el de la “red de extorsión” operada por los principales asesores jurídicos de los ministerios de Gobierno, de la Presidencia y de Transparencia.
En ninguno de los casos la limpieza ha sido obra de una investigación interna sino producto de las denuncias públicas de los afectados, ante las cuales se ha optado por hacer caer algunas piezas sacrificables (“fusibles”, como decíamos más arriba).
El caso de la “mafia cocalera” es un síntoma más de la degradación institucional sufrida por el Estado boliviano bajo el régimen evista…