El INRA pide militarizar 10.000 hectáreas en Santa Cruz. La CAO solicita a privados, menonitas y campesinos abandonar las 10.000 hectáreas por ‘las buenas’, niega las tomas y exige pruebas. El agro ve una acción débil del Gobierno
CAO alerta que las tomas ponen en riesgo cultivos
La institución solicita a privados, menonitas y campesinos abandonar las 10.000 hectáreas por ‘las buenas’, niega las tomas y exige pruebas. El agro ve una acción débil del Gobierno
La cosecha de maíz y soya se ve afectada con una nueva toma del predio San José en la zona norte
EL DEBER, Santa Cruz, Bolivia
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) alertó que hay nueve nuevas tomas de propiedades que amenazan el cierre de la campaña de cosecha de invierno y el inicio de la campaña de verano de los cultivos de soya, girasol, maíz y otros productos, en los que se estiman pérdidas por más de $us 20 millones. En total hay 70 predios afectados en el departamento, según esa entidad, que exigió al Gobierno una oportuna intervención para evitar más líos.
El INRA evalúa la situación, pero en el caso específico de El Tinto afirma que las 10.000 ha en conflicto son tierras fiscales y, por lo tanto, solicitó a empresarios, menonitas y campesinos abandonar el área en las próximas horas.
La institución agraria pedirá el apoyo de los militares en caso de una resistencia, pues argumenta que todos quienes se encuentran en esa área (caso Bolibras) son ocupantes ilegales.
Durante el mediodía de ayer el presidente de la CAO, Julio Roda, denunció que se afecta a los cultivos de soya, girasol y maíz. Criticó al Gobierno por no actuar rápidamente.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) rechazó la acción de los supuestos grupos irregulares organizados que tomaron propiedades productivas de la zona norte, donde se están produciendo alimentos estratégicos para garantizar la seguridad alimentaria de la población boliviana.
En un sobrevuelo a las nueve propiedades tomadas, ubicadas a 100 kilómetros al norte de Santa Cruz aproximadamente, se pudo constatar el ingreso de más de un centenar de campesinos, quienes ponen en riesgo la producción de soya y maíz, de más de 18.000 hectáreas que están siendo actualmente cosechadas.
El gerente general de Anapo, Rolando Zabala; el titular de la CAO, Julio Roda, y los agricultores afectados con la toma de sus propiedades pidieron a las autoridades hacer cumplir la ley y que procedan a ordenar el desalojo, porque no puede ser que por algunos supuestos ‘traficantes’ de tierras productivas, se ponga en peligro la seguridad alimentaria.
“Una propiedad tiene más de 168.000 dólares en pérdidas. Se han dañado cinco máquinas. Los campesinos han puesto fierros en medio de los cultivos de soya, hay vandalismo. Las inversiones están amenazadas en Santa Cruz. Pedimos al Gobierno que actúe de forma rápida antes de que esto se convierta en una actividad lucrativa para este tipo de personas que se aprovechan de lo ajeno”, enfatizó Roda.
No obstante evitó dar nombres de los supuestos ocupantes ilegales.
Se mudan de lugar
El ejecutivo de la CAO indicó que los campesinos ‘tomatierras’ se mudan de un lugar a otro. Ejemplificó que quienes ocupaban el predio La Fortuna ahora están en la comunidad Limoncito, propiedad San José (distante 50 km del ingenio Aguaí) del empresario Rony Roca.
Según las declaraciones de Roda, los campesinos han bloqueado la salida de la producción agrícola de esa zona y se encuentran armados.
Denunció que una periodista del periódico Cambio fue agredida el jueves.
Por su lado, uno de los afectados, José Luis Roca, aseguró que hay nueve propiedades afectadas en una extensión de 18.000 ha que no pueden cosechar soya ni maíz.
Roca admitió que aún no interpuso la denuncia ante el INRA, pero dijo que lo hará en las próximas horas.
Caso El Tinto (Bolibras)
La abogada de los menonitas, del predio El Tinto ubicado en el cantón El Cerro Concepción de la provincia Chiquitos, Mary Peredo, mostró ayer documentos del derecho propietario inscrito en Derechos Reales bajo la matrícula 7051020000881 de fecha 11 de junio de 2002.
El predio fue tomado por más de un centenar de campesinos y pese a que existe una orden judicial para su desalojo, esta no se cumple, acción por la cual inició procesos legales contra el director regional del INRA, Jorge Gómez, y cinco cabecillas de los ‘tomatierra’. Asegura que ya perdieron $us 15 millones.
La respuesta no se dejó esperar. El responsable del INRA Santa Cruz fue contundente. Tanto empresarios, menonitas como los supuestos ‘avasalladores’ deben desalojar las 10.000 ha de manera inmediata, si no lo hacen pedirá militarizar el área la próxima semana, pues se trata de tierras fiscales. Acusó a ambos de ser ‘tomatierras’.
Respecto a las denuncias de la CAO y Anapo de que hay nuevas tomas y que al momento ascienden a 70 ocupaciones ilegales, negó tal situación y emplazó a la dirigencia y a los afectados a demostrar con ‘documentación legal’ la pertenencia de sus tierras; es más, los conminó a presentarse al INRA a debatir el tema.
¿Respaldo legal?
En criterio de analistas agrarios, quienes toman tierras sienten que su acción tiene respaldo legal. El texto del art. 19 numeral 2 de la Ley Marco de la Madre Tierra, establece que para facilitar el acceso equitativo a la tierra, hay que eliminar su concentración en manos de propietarios agrarios y empresas. Del sector agroalimentario de Santa Cruz es de donde sale más del 70% de los alimentos que consume la población boliviana
Es necesario realizar las investigaciones
Henry Escalante – ANALISTA AGRARIO
Llas ‘tomas’ y los ‘avasallamientos’ de tierras son conceptos que en los últimos tiempos se están usando de una manera irresponsable por algunos gremios, pues permanentemente se los asocia a una supuesta intervención abusiva por parte de algunas organizaciones sociales ‘afines al Gobierno’ y como natural consecuencia, también irresponsablemente, se dice que determinados funcionarios públicos estarían colaborando. Sin descartar absolutamente ningún extremo de lo que públicamente se afirma, es necesario realizar las investigaciones que correspondan, estas investigaciones solo se dan como emergencia de una denuncia. Esta denuncia, de los que se consideren afectados, individual o colectivamente, deben presentarla a las autoridades jurisdiccionales buscando el “imperio de la ley”.
Con relación al no cumplimiento de una resolución judicial, si así fuera, tiene su sanción. Las decisiones judiciales son de “obligatorio y estricto cumplimiento”.
La seguridad jurídica sobre la propiedad agraria emerge inicialmente del proceso de saneamiento y luego se mantiene con el cumplimiento de la función económico social (trabajo- producción) que de manera permanente debe cumplir la propiedad. Si estos requisitos legales se cumplen, los propietarios cuentan con la debida seguridad jurídica. Lamentablemente en Santa Cruz, como en otros departamentos, el proceso de saneamiento no ha concluido el 18 de octubre y por esa razón, por intermedio de la Ley 429, se ha ampliado por 4 años más (hasta el 2017). Aún quedan 12 millones de hectáreas por sanear (Santa Cruz tiene una superficie total de 36 millones de ha)
Cumplimiento de la norma agraria
David Gómez – ABOGADO
Existen procedimientos agrarios establecidos en la normativa agraria vigente para acceder al recurso tierra tales como la dotación y la adjudicación, una vez sea declarada el área o zona mediante resolución ejecutoriada como tierra fiscal disponible. Si no se cumplen estos requisitos, se considera ilegal cualquier ingreso o toma de predios rústicos.
Ahora bien, con relación al caso denominado Bolibras I y II de conformidad a lo establecido en el D.S. # 1697 de fecha 14-08-2013, se autoriza la ejecución del proceso de saneamiento de la propiedad agraria en las 95.542 hectáreas, según las coordenadas determinadas en el anexo adjunto del citado decreto aplicándose únicamente a los predios que cuenten con antecedentes agrarios sustanciados ante el ex-Consejo Nacional de Reforma Agraria.
De esto se infiere que aquellos predios que se encuentran al interior del área del caso Bolibras, podrán regularizar su derecho de propiedad agraria, si cuentan con el requisito establecido en el referido decreto supremo.
Por otro lado, los expedientes agrarios no deben tener vicios de nulidad absoluta, según la valoración que efectúe la autoridad competente.
Si los menonitas han interpuesto una denuncia contra el director regional del INRA y algunos funcionarios porque supuestamente han colaborado con los supuestos ‘avasalladores’ y no dan cumplimiento a una resolución judicial de hacerlos desalojar en el predio El Tinto, tal situación debe investigarse a fondo para sentar un precedente. Hay que ver el documento. La seguridad jurídica en el país tiene que ser analizada por las autoridades nacionales
El INRA debe precautelar la propiedad
Luis Fernando Asturizaga – ANALISTA AGRARIO
La toma de tierras se ha convertido en un instrumento de facto de la reconducción comunitaria de la Reforma Agraria, establecida en la ley 3545.
Un elemento clave a considerar para entender las ocupaciones ilegales de tierras es la disposición transitoria primera de la Ley 3545. Dicha disposición despoja a la justicia agroambiental de la competencia de conocer las acciones que precautelen los derechos de posesión y propiedad agrarias, y establece que el INRA es quien debe precautelarlos. Sin embargo, la falta de voluntad y recursos humanos/logísticos de dicha entidad impiden un cumplimiento efectivo de dicha disposición en desmedro de la seguridad jurídica sobre la producción agropecuaria en Santa Cruz.
No olvidemos, además, que en la práctica los casos de ‘avasallamiento’ para el INRA son considerados como conflicto entre dos personas con derechos iguales.
El otro elemento es que a partir de la presión de ONG vinculadas a organizaciones sociales, el INRA, el Viceministerio de Tierras y el Ministerio de Desarrollo Rural tienen el criterio de aplicar de forma retroactiva los arts. 396 y 398 de la Constitución vigente, a fin de desconocer el derecho de posesión de productores de origen extranjero y el derecho propietario de productores que trabajan la tierra en más de 5.000 hectáreas, y que en ambos casos cumplen con la FES antes de la vigencia de la nueva Constitución.
A ello debemos sumar los trámites de saneamiento concluidos, o por concluir, que son observados por el INRA y que son remitidos al Viceministerio de Tierras, a espaldas de los propietarios de las tierras
EL INTERÉS POR LAS TIERRAS EN SANTA CRUZ
CAPACIDAD PRODUCTIVA
Las tierras de Santa Cruz tienen capacidad productiva, pues para el consumo local, nacional y para la exportación produce carne y leche con la actividad ganadera, alimentos con la actividad agrícola, madera y sus derivados con la actividad forestal, atractivo mercado de tierras y, por último, tenemos aún espacio para ampliar la frontera productiva.
LA FORTUNA
Este predio fue desalojado la anterior semana. Los productores temen más problemas.