El ministro de gobierno, Carlos Romero, ha asumido desde un tiempo atrás el papel de “gran seductor” de los empresarios cruceños con miras a su inserción en el proyecto político-económico del MAS.
Ese rol no es gratuito, sino que obedece a su estrategia para posicionarse como el principal articulador entre el gobierno central y los poderes regionales, con miras a convertirse en: a) primer senador del oficialismo por Santa Cruz, o b) candidato a gobernador cruceño.
Sus recientes declaraciones abonan lo sustentado en el primer párrafo: “Un Estado no puede prescindir del sector empresarial, así como el sector empresarial necesita del Estado. (…) (Los empresarios cruceños) han comprendido que el proceso de cambio no era su enemigo, que pueden convivir con él y en términos muy ventajosos. (…) La fuerza de los hechos va a hacer que ellos tengan que asumir un posicionamiento político. (…) La convergencia de intereses se ha desarrollado a partir del reconocimiento del protagonismo estatal. (…) Ojalá tengamos empresarios candidatos”.
Lo anterior nos da cuenta, no solo del desembozado intento de cooptación del estrato empresarial de Santa Cruz, sino también del modelo mercantilista-patrimonialista adoptado por el régimen, entendido como el uso del Estado para privilegiar a los empresarios “amigos del poder”.
En respuesta, tenemos a quienes se amoldan a este juego (oligárquico en el sentido más estricto de la palabra) y por otra parte a empresarios que desoyen los “cantos de sirena” del masismo, para continuar su labor creativa en el marco de la libre competencia. Estos últimos son la verdadera esperanza de la economía boliviana.
Así como en la Venezuela chavista se alimentó con privilegios a la denominada “boli-burguesía”, solo para sacrificarla en el momento oportuno como hemos visto en los recientes “saqueos de Estado” a importantes cadenas comerciales, de igual modo en la Bolivia evista se ceba a sectores que, llegada la ocasión, se convertirán en fusibles confiscables del modelo neo-populista…