La concejala Nora Quispe denunció que fue golpeada. Dijo que la agresión se produjo después de que acusó al alcalde de varias irregularidades.
La concejala del municipio de Achacachi del departamento de La Paz Nora Quispe Ticona (MSP) denunció ayer que tres de sus colegas la golpearon y obligaron a firmar su carta de renuncia por fiscalizar al alcalde de su municipio, por la presunta adquisición irregular de vehículos.
La concejala presentó una demanda ante el Ministerio Público contra sus colegas Ramón Yujra (su suplente), Bernabé Gutiérrez y Miguel Apaza por agresión física y los delitos que señala la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. La denuncia también la presentó ante el Defensor del Pueblo.
"Esos concejales me hicieron golpear dentro del Concejo de mi pueblo. Me amarraron y me golpearon a su antojo. No pude defenderme. Me han golpeado porque fiscalicé al alcalde y mi suplente quiere que renuncie a mi cargo para que él trabaje, por eso me han golpeado”, relató la concejala Quispe, y aseguró que su colega Gutiérrez fue quien planificó la agresión.
Según Quispe, su suplente Yujra fue quien le agarró a golpes. "Mi suplente ha traído a su gente para hacerme golpear. Él dice que quiere trabajar y que tenemos un acuerdo firmado, pero no es así, no he firmado nada. Yujra ha falsificado mi firma, por eso ha perdido en la ciudad de La Paz”, agregó.
Afirmó que pese a las agresiones, hoy se incorporará al Concejo de Achacachi para continuar con la fiscalización y las tareas pendientes.
La Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales establece que las renuncias de los alcaldes y concejales deben efectuarse de modo personal ante las autoridades competentes, con lo que se evita que las autoridades ediles sean obligadas a firmar sus renuncias a través de métodos violentos.
Ante la denuncia, investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) anunciaron que viajarán a Achacachi para indagar sobre los hechos y recabarán declaraciones de las personas implicadas en este presunto acoso político.
Ese tipo de agresiones es sancionado por la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que introduce dos nuevas figuras en el Código Penal: acoso político y violencia política contra las mujeres, cuyas sentencias van de dos a ocho años de privación de libertad.
La violencia política llegó a extremos, cuando el 13 de marzo de 2013 fue hallado sin vida el cuerpo de Juana Quispe Apaza, concejala de Ancoraimes, provincia Omasuyos.
En esa ocasión, sus restos fueron encontrados cerca del río Orckojahuira de la ciudad de La Paz, con signos de haber sido estrangulada.
El caso de la concejala asesinada nunca fue esclarecido.
Más casos
Tarvita El alcalde de Tarvita (Chuquisaca), Wilfredo Ipiña; dos concejales, el presidente del Comité de Vigilancia y otros funcionarios ediles de ese municipio fueron denunciados por obligar a renunciar a la concejala Magda Hasse, en un cabildo. Fue presionada por policías sindicales y tomada de rehén en un coliseo por más de 13 horas, en mayo de 2011.
Calacoto Marina Apaza y Delia Sánchez, concejalas del municipio de Calacoto (provincia Pacajes de La Paz), denunciaron que fueron amenazadas de muerte y que eran discriminadas por denunciar actos de corrupción. Ambas denunciaron haber sido relegadas por sus colegas municipales por el solo hecho de querer hacer cumplir las leyes, basadas en la Ley de Municipalidades, para mejorar la gestión.
Tinguipaya Cecilia Gutiérrez fue presionada a renunciar al cargo de concejala por el municipio de Tinguipaya en el departamento de Potosí, en marzo de 2013. "A Gutiérrez, que es de Tinguipaya, la han sacado los varones. Eso es acoso político. Ya tenemos la ley, pero sigue actuando el machismo”, relató en ese entonces la concejala Antonia Largo.
Acobol En la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) informaron que el desconocimiento de los alcances de la norma y la falta de mecanismos institucionales para hacerla efectiva frenan la aplicación de las normas.
Fuente: www.paginasiete.bo