La Policía y TSJ culpan a Fiscalía por fuga de exfiscal Soza; Guerrero en la cuerda floja

LA POLICÍA NACIONAL, EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA Y DIPUTADOS APUNTAN A RAMIRO GUERRERO.

Culpan a Fiscalía por la fuga de Marcelo Soza

image

Los Tiempos y Agencias.

El comandante de la Policía, Walter Villarpando, ayer en conferencia de prensa, deslinda responsabilidades sobre la fuga del exfiscal Marcelo Soza. – Apg Agencia.

El Comandante General de la Policía, Wálter Villarpando, deslindó ayer responsabilidades sobre la fuga del exfiscal Marcelo Soza argumentando que hasta el 12 de marzo no había recibido ninguna orden de aprehensión por parte de autoridad judicial o del Ministerio Público. En tanto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, dijo que el caso estaba “en manos de la Fiscalía”, que no se pronunció para que un juez declare rebelde a Soza.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El fiscal general, Ramiro Guerrero, no quiso responder ayer a las alusiones. Mientras, una comisión parlamentaria convocará a la autoridad para que informe por qué no se tomaron las medidas para evitar la salida de Soza del país.

Von Borries sugirió también que el juicio por presunto terrorismo debía seguir su curso. De hecho, ayer en Santa Cruz se cumplió una audiencia más del juicio oral.

Asimismo, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados convocó a Guerrero para el miércoles de la próxima semana para que informe sobre la situación de Soza y el proceso en el caso de presunto terrorismo.

La salida de Soza fue confirmada el pasado miércoles a través de un comunicado de la Embajada de Brasil en el que hace referencia que el abogado pidió refugio al país vecino y que esta situación está siendo analizada.

Soza es denunciado por la senadora opositora Carmen Eva Gonzales por el delito de extorsión a los acusados del caso de presunto terrorismo, que estalló el 16 de abril de 2009, cuyo proceso fue de responsabilidad del abogado prófugo.

Tras confirmarse la fuga, el comandante de la Policía, Walter Villarpando, declaró ayer que “desde el 19 de marzo de 2013 hasta el miércoles 12 de marzo de 2014 (…) ninguna autoridad del Ministerio Público ni del Órgano Judicial emitió a este comando ni a los nueve comandos departamentales en el país, incluyendo sus unidades policiales, ninguna orden de aprehensión o arraigo en su contra”, afirmó.

“El día de ayer (miércoles) 12 de marzo del presente, la doctora, José María Barrientos Ruiz, Fiscal Anticorrupción de la ciudad de Santa Cruz libó un mandamiento de aprehensión en contra del señor Soza, el fax de este requerimiento fiscal llegó a horas 13:32 de ese mismo día al Comando General de la Policía boliviana. La Felcc de Santa Cruz tomó conocimiento de este requerimiento a horas 12.47 del mismo día”, resaltó.

Acotó que según un informe de la Dirección General de Migración, Soza no tenía orden judicial ni arraigo en su contra y no se presentó en ninguno de los puntos fronterizos de migración en todo el país.

Von Borries, por su parte, dijo que los jueces cumplieron con su deber de hacer el control jurisdiccional al proceso investigativo de los fiscales quienes pidieron tomar declaraciones, proceder a incautaciones y secuestros “y no hay por qué echar la culpa a los juzgadores”.

“Todo estaba en manos de la Fiscalía que tenía que pronunciarse para que el juez declare la rebeldía del imputado”, dijo Von Borries, según Correo del Sur.

Tras la salida del exfiscal Marcelo Soza, Von Borries manifestó que el juicio por terrorismo tiene que seguir su curso hasta concluir con algún dictamen, pese a la demora por la cantidad de imputados y sus declaraciones, que tampoco es responsabilidad de los jueces de La Paz que atienden el caso en Santa Cruz.

Asimismo, señaló que las revelaciones de Soza sobre presuntas irregularidades en los hechos de separatismo, tienen que ser probadas en otro proceso.

Von Borries dijo que el refugio de 180 días otorgado por Brasil a Soza puede ser acortado si es que se demuestra la fuga o ampliado, si hay situaciones de persecución política o de afectación de los derechos humanos. Eso lo tiene que decir el Brasil.

CAE PONCE DE LEÓN

La Policía aprehendió anoche en La Paz a Moisés Ponce de León, abogado del exfiscal Marcelo Soza. Ambos son acusados de haber extorsionado a varios implicados y procesados del caso terrorismo.

El juicio sigue

Mientras en el país se debatía la posibilidad de anular toda la investigación del presunto caso terrorismo a raíz de la fuga del exfiscal Marcelo Soza y de una supuesta carta suya en la que acusa al Gobierno de presiones, el juicio oral en Santa Cruz proseguía ayer su curso regular.

En la audiencia, Guido Colque, abogado de Ignacio Villa Vargas, alias “El Viejo”, pidió la separación de una jueza ciudadana a la que señaló de tener relaciones con instancias gubernamentales, lo que afectaba la transparencia del proceso.

Según el jurista, la hija de la jueza Anastasia Callisaya Catari trabajaría en el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Según el abogado, cuando se posesionó a los jueces ciudadanos, Callisaya habría mentido a las autoridades judiciales sobre su independencia.

LA POLICÍA LO APREHENDIÓ EN SU CASA DE LA ZONA SUR DE LA PAZ; LO TRASLADARÁN A SANTA CRUZ

Capturan al abogado del exfiscal Soza

La Policía presentó anoche a Moisés Ponce de León, asesor legal del exfiscal del caso de presunto terrorismo, Marcelo Soza, tras aprehenderlo en su domicilio del barrio Pedregal de la zona sur de la ciudad de La Paz al promediar las 22:00.

En un acto realizado en el Distrito Policial 4 en la Zona Sur de La Paz, el comandante general de la Policía, Walter Villarpando, dijo que la aprehensión se realizó en cumplimiento a la instructiva del Ministerio Público, ya que el abogado no se presentó a declarar en Santa Cruz por el delito de extorsión.

“La Policía ha cumplido. En este momento ha detenido al doctor Moisés Ponce de León y entregado al Ministerio Público como corresponde”, manifestó  Villarpando en conferencia de prensa.

Tras la aprehensión, la Policía se disponía a trasladar a Ponce de León hasta la ciudad de Santa Cruz para ponerlo a disposición de la fiscal Rosse Mary Barrientos, quien está a cargo de las investigaciones sobre el delito que pesa en su contra y su cliente Marcelo Soza por el delito de extorsión presentado por los implicados en el caso de presunto terrorismo.

El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, destacó el trabajo de la Policía boliviana y el Ministerio Público en un “despliegue espectacular” en la que 10 casas fueron controladas por el servicio de Inteligencia.

OBSERVAN QUE LA PRUEBAS TIENEN SOMBRA DE DUDA Y MUCHA INFLUENCIA POLÍTICA

Juristas aconsejan que caso vuelva a “fojas cero”

Dos abogados consultados por este medio coincidieron ayer en recomendar volver a “fojas cero” las investigaciones sobre el caso Rózsa, de presunto terrorismo, ya que la carta hecha pública por el exfiscal asignado, Marcelo Soza, devela que muchas de sus acciones fueron producto de la presión del “poder político”. Además, advirtieron que la conformación de una comisión internacional que se haga cargo del esclarecimiento no tendría poder vinculante alguno.

“El propio fiscal, el propio director del proceso, quien ha realizado todas las diligencias, está poniendo en duda la credibilidad.

Entonces, pues, no hay otra que volver a empezar desde el principio”, dijo el presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba Jorge Pinto.

Agregó que la carta de Soza constata la falta de independencia de la justicia boliviana.

En esta misma línea, el abogado Cayo Salinas dijo que las pruebas recogidas por Soza durante el proceso de investigaciones en términos legales “carecen de toda efectividad jurídica y es nulo en pleno derecho, porque se ha actuado en base a pruebas obtenidas aparentemente de manera ilícita”, dijo.

“Todo lo que se ha hecho hasta el presente carece de validez jurídica”, reiteró Salinas a tiempo de advertir que el proceso investigativo estuvo subordinado al “poder político”, lo que permitió “violar” los derechos constitucionales del ciudadano.

“El Ministerio Público, ente encargado de velar y proteger a la ciudadanía, se ha trasformado en un ente acusador con pruebas que fueron “obtenidas de manera ilícita, supuestamente”, dijo Salinas.

Pinto, en tanto, propone que la forma de avanzar en el proceso de investigación una vez éste quede en fojas cero, sea conformar a través de la Fiscalía una “comisión de fiscales especiales”, donde pueda participar con el fin de transparentar alguna “comisión del parlamento nacional” encabezada por el Fiscal General.

Comisión

Los juristas Cayo Salinas y Jorge Pinto observan poco viable la conformación de una comisión internacional que investigar el caso terrorismo,  pues las conclusiones a las que arribarían no tendría un poder vinculante.

La legislación boliviana señala claramente que los encargados de realizar una investigación de delitos cometidos dentro de un territorio de un Estado son determinadas instancias, en Bolivia esta instancias pre establecidas recae en el Ministerio Público y la Policía Nacional.

“Son las instancias encargadas de investigar la verdad de los hechos, ver si ha habido  delito, tipificar el delito y plantear la acusación” dijo Pinto.

El presidente del Colegio de Abogados agregó que la comisión internacional no está reconocida por el ordenamiento jurídico para llevar adelante la investigación, “no tienen competencia”.

TSJ culpa a Fiscalía por fuga de exfiscal

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia dijo que el proceso por el caso terrorismo I debe continuar.

LA RAZÓN

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, responsabilizó ayer a las autoridades del Ministerio Público por la fuga del exfiscal y exdirector del caso terrorismo I, Marcelo Soza, que huyó del país y pidió asilo político en Brasil.

Sin embargo, manifestó que el caso terrorismo I debe continuar, aunque demore y que la carta que supuestamente fue dejada por Soza puede ser tomada en cuenta, pero al final del proceso, “en la fase de alegatos finales”, aseveró.

“Está en manos de la Fiscalía, que tenía que pronunciarse para que el juez lo declare rebelde o algo, como se está haciendo en Santa Cruz, recién, declarado rebelde”, señaló a los periodistas.

El magistrado reveló que ninguno de varios juicios instaurados en contra de ese exfiscal fueron de exclusiva competencia del control jurisdiccional, como el proceso investigativo por el delito de extorsión por el caso terrorismo I que está en Santa Cruz.

Afirmó que el proceso tarda por la cantidad de imputados, “eso tiene que seguir, aunque tarde. Otros fiscales tomaron el lugar de Soza, su salida no significa que el proceso haya terminado”, dijo