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El vicepresidente argentino, Amado Boudou, deberá declarar como imputado ante la justicia el 15 de julio por supuesto tráfico de influencias, en un hecho inédito para un vicepresidente en ejercicio, que acusó a sectores económicos de impulsar una campaña en contra del gobierno.
El juez federal Ariel Lijo lo investiga por una gestión realizada por Boudou en 2010, cuando era ministro de Economía, ante la agencia de recaudación fiscal (Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP) para evitar la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica, la única imprenta de billetes y documentos oficiales, ahora expropiada por el Estado.
No presentará renuncia. "Juro y sostengo que no cometí un acto de corrupción y así lo voy a demostrar cuando me presente a declarar a la indagatoria", dijo el vicepresidente, de 51 años, apenas conocida la citación en declaraciones a radio 10.
Boudou reiteró ayer que es "inocente" y afirmó que no renunciará a su cargo en el Ejecutivo de Cristina Fernández.
Imputado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, Boudou recalcó ayer que "por supuesto" se presentará ante el juez y que recibió la noticia "con mucha tranquilidad" porque esperaba este momento para poder demostrar su inocencia.
Duro golpe para el gobierno. Pese a que la citación, la primera de este tipo para un vicepresidente en ejercicio desde el restablecimiento de la democracia en 1983, tras la dictadura militar (1976-1983), supone un duro golpe para el Gobierno de Cristina Fernández, Boudou subrayó que "de ninguna manera" va a renunciar ni se va a apartar temporalmente de su cargo porque es "inocente".
En declaraciones a varias emisoras de radio, el vicepresidente dijo no tener miedo de terminar condenado, ya que, señaló, no hay nada que se le pueda imputar, porque en ningún momento ha "actuado al margen de la ley".
Mientras Boudou atribuye la investigación en su contra a venganzas relacionadas con intereses empresariales opuestos a las políticas que desarrolló desde la cartera de Economía (2009-2011), la oposición pide que se aparte de sus funciones o se someta a juicio político.
Fuente: Unitel, El Día