Arturo Yáñez Cortes
La autonomía universitaria fue la conquista más importante del siglo pasado de los movimientos universitarios bolivianos para separar las aguas de los poderes gubernamentales (principalmente) y así elegir internamente a sus autoridades, docentes y administrativos, afianzar la libertad de cátedra y administrar sus recursos humanos y financieros, sin injerencias externas de ninguna naturaleza. Constituye un antiguo principio de organización de antiguas universidades europeas traído a nuestro continente por España a sus universidades -coloniales– en América.
En Bolivia, la Constitución ensangrentada de La Calancha, indica que consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, personal docente y administrativo; elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos, pudiendo negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa. Así las cosas, la autonomía universitaria debiera imprimir independencia política, académica y administrativa a una universidad pública respecto de todo tipo de factores externos en lo que hace principalmente a su administración, elección de autoridades y planes de estudio.
No obstante, la tozuda realidad cumpliendo aquella vieja sentencia del gran Montesquieu “Es una experiencia eterna que todo hombre investido de autoridad abusa de ella” muestra una situación muy diferente. Me explico: como solemos ver en el medio, es frecuente que algunas de sus autoridades y órganos de gobierno, so pretexto de aquella autonomía, terminen defendiendo sus propios intereses u otros personales, por encima de los de su institución. Es lo que, sensiblemente, se ha visto los últimos tiempos en la tricentenaria Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca cuando parte del Consejo Universitario le metió nomás al mejor estilo del Gobierno que suele criticar y aprobó para beneficiar a su propio jefazo –se alega mediante un recurso sin tener competencia para ello– la reelección de autoridades, redujo el plazo de su renuncia previa a sólo 30 días antes de las elecciones e incluso luego habría establecido una suerte de sueldo vitalicio para algunas posibles “ex autoridades”, por sí las moscas.
Para seguir metiéndole nomás, ofreciendo un grotesco espectáculo que no condice con la naturaleza académica y formadora de la U, ante la presentación de ese recurso directo de nulidad contra parte de aquellos abusos, las autoridades actuales sin pudor de ninguna naturaleza mandaron a sus huestes (léase “movimientos sociales universitarios”) so pretexto de defender su autonomía a presionar al Tribunal Constitucional para que no admita ese recurso y así evitar que empiece a derrumbarse el castillo construido sobre la arena deleznable del meterle nomás. Cuando salió el fallo de admisión, algunos armaron una khaleadura en puertas del mismísimo tribunal e incluso una de las docentes que presentó ese recurso está ayunando denunciando amenazas y amedrentamientos de la actual rosca… por haber cometido el gravísimo pecado de recurrir a la justicia.
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Acontece entonces que en Bolivia el mal ejemplo del autoritarismo y desinstitucionalización cunde más allá del discurso autonomista, y espero que cuando las justas electorales universitarias finalmente se realicen, no sirvan sólo para el afianzamiento de la actual rosca o el cambio de aquella por otra que haga lo mismo; fuera inteligente de parte del movimiento universitario evitar usar su autonomía como pretexto para proteger sus intereses particulares o de rosca, considerando aquello de Fenelon: El poder sin límites es un frenesí que arruina su propia autoridad. Salven entonces la autonomía universitaria para que no termine fagocitada por sus excesos.
Correo del Sur – Sucre