No nos referimos en esta ocasión a los tratos velados con Toyosa, sino a algo aún más grave. El arresto del refugiado peruano Julio César Vásquez, acusado del asesinato de una mujer en gestación, destapó su presunta participación en una “Comisión de Inteligencia Revolucionaria” que funcionaría bajo el ala de la Vicepresidencia.
Según Julio, el año 2009 formó parte “conjuntamente con otros compañeros de la Comisión de Inteligencia de la Vicepresidencia y en la computadora (que el Ministerio Público me secuestró) existe un informe que nosotros hemos elevado a la Vicepresidencia como Comisión de Inteligencia revolucionaria”, el mismo que contendría datos sobre “campamentos guerrilleros”.
El personaje también precisó que entre sus trabajos de inteligencia habría estado el espiar a la embajada de Estados Unidos en Bolivia.
Álvaro García Linera se apresuró a salir a la luz pública para decir que el sujeto en cuestión no figura en la base de datos de la Vicepresidencia y que éste debe ser investigado, porque tiene “un expediente muy, muy raro”.
El asunto merece un par de comentarios: para empezar, muchos testigos -desde el ex zar anticorrupción Fabricio Ormachea hasta el ex fiscal Marcelo Soza- dan cuenta de actividades realizadas para la Vicepresidencia por el hermano del segundo mandatario, Raúl García Linera, quien tampoco es funcionario formal de dicha dependencia estatal.
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Lo cual podría indicar que existe un grupo informal o irregular que efectivamente hace trabajos de inteligencia para el vice.
Por otra parte, nadie duda de que Julio César Vásquez deba ser investigado, pero sí se duda de la idoneidad del gobierno para encabezar esas investigaciones, máxime si estas involucran supuestas actividades en las sombras de la Vicepresidencia.
Y es que el segundo mandatario, ex integrante de la banda terrorista EGTK, también tiene “un expediente muy, muy raro”…