La Asamblea de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) asegura que no hubo plantaciones excedentarias. La Ley 1008 reconoce a Apolo como zona tradicional. El Gobierno argumentó que muchos no tenían catastro.
En Apolo la FTC erradicó coca de una zona de cultivo tradicional
Página Siete / La Paz, Bolivia
Cuando el 23 de octubre de 2013 la entonces Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) reanudó la erradicación de coca en Miraflores, municipio de Apolo (La Paz), los uniformados arrasaron con plantaciones en una zona de producción tradicional que -según afirmaron varios- no eran excedentarias.
Después de disparos, golpes, humillaciones y el levantamiento de cuatro cadáveres de los efectivos de la FTC, los comunarios denunciaron que el Gobierno erradicó la hoja milenaria de una región en la que hace 300 años se plantaba, cosechaba y utilizaba con fines tradicionales.
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La Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas 1008, de 1988, reconoce tres zonas: tradicional, excedentaria en transición e ilícita. En su artículo 9 reconoce a la provincia Franz Tamayo, donde se encuentra Apolo, como tradicional.
En 2009, Desarrollo Integral de las Regiones Productoras de Coca (Digprococa), delimitó la región de Apolo en la que se permitía producir coca. Dentro de esta región están las tres comunidades en las que la FTC ingresó en octubre de 2013, después de un primer intento frustrado con el mencionado enfrentamiento: Miraflores, Villa Copacabana y Piedra Blanca.
Dos meses después, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz concluyó un informe sobre lo ocurrido. El primer punto de sus conclusiones fue que «el Gobierno erradica coca en zona tradicional”.
Sigue: «dichas comunidades son productoras tradicionales de coca, están dentro del cordón de producción definido en 2009 y no existe coca excedentaria. Es decir que la FTC entró a erradicar cocales en áreas que no corresponden”.
En 2004 -16 años después de lo que mandaba la norma- el Gobierno concluyó el catastro de los productores de coca en Apolo. La mañana del 23 de octubre del año pasado el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Gumercindo Pucho, se plantó en la cancha de Miraflores y dijo: «Se procedió al catastro y se identificó a 38 productores definidos legalmente, de ellos vamos a respetar un cato; el resto, lo siento, pero se va a erradicar todo”. No hubo excusa o súplica que valga, y la erradicación comenzó otros nueve años después del catastro.
La explicación de Pucho se sustenta en la Ley 1008 (1988), pero el plazo para el catastro era de un año: «Los terrenos que no se hallen catastrados en el plazo de un año (sean tradicionales o excedentarios) serán considerados zonas de producción ilícita y erradicados sus cultivos”.
Pucho dijo que se respetaría un cato por productor, pero los comunarios no conocían el cato. Medían sus cultivos por surcos. Como máximo -afirmaron-tenían por familia hasta 60 surcos, unos 700 metros cuadrados, menos comparados a los 1.600 del cato.
El expresidente de Copacabana (Apolo) y actual interno de la cárcel de San Pedro, Juan Bascopé, explicó que muchos comunarios no formaban parte del catastro porque las familias crecieron, los hijos consiguieron sus propias tierras y las sembraron después de 2004. Los productores repitieron que el uso era tradicional, y aunque este año las autoridades afirmaron que creció la demanda lícita de la coca, hace un año dijeron que la producción de Apolo se desviaba al narcotráfico.
Lo que militares les decían a los pobladores
En el informe de la APDHLP se encuentran declaraciones de quienes fueron maltratados y maltratadas por policías y militares en el operativo del 19 de octubre, en Apolo. Éstas hacen alusión a lo que piensan los uniformados de la FTC. Los comunarios relatan: «Eso les ha mandado el Gobierno, ese regalo les ha mandado. Para qué han votado por él nos han dicho (los de la FTC)”.
«Los militares dicen que el Gobierno es el culpable, para qué han votado, ahora sepan pues ese premio les ha dado”.