La petrolera estatal de Bolivia continúa indagando sobre los nexos del supuesto ‘clan’ acusado de uso indebido de influencias. El edil de Santa Cruz, Saúl Ávalos (MAS) fue convocado.
La acusada de supuesta corrupción en YPFB S. Camacho denuncia un clan del presidente de la estatal.Foto APG
A dos semanas de haberse iniciado el proceso contra funcionarios, exfuncionarios y empresas vinculadas con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por supuesta corrupción, el departamento legal de la estatal petrolera no descarta que las investigaciones lleguen a cargos que están más arriba de los funcionarios de la Unidad de Comunicación Institucional.
La ampliación se realizará de acuerdo con las denuncias de testigos externos y de la propia investigación interna que aportarán pruebas a la Fiscalía de La Paz, que ya envió a detención preventiva a cuatro supuestos involucrados.
El jefe de la Unidad de Procesos de YPFB, Willam Alave, manifestó que con el Decreto Supremo 101 del año 2009, cabía la posibilidad de que “los procesos y condiciones para la contratación directa de empresas públicas y empresas con participación estatal mayoritaria, deberán ser reglamentados por cada entidad pública bajo responsabilidad de su máxima autoridad ejecutiva y del directorio según corresponda”.
Al preguntarle de la responsabilidad de una autoridad superior de la Unidad de Comunicación que firmara las autorizaciones de contratos por montos mayores a los $us 400.000, respondió: “Eso es lo que vamos a averiguar en las investigaciones”.
“Estamos investigando fundamentalmente la situación de asociación delictuosa, de cómo trabajaba la red. Ya vamos a entrar a futuro, al detalle de cómo se beneficiaban. Ahí vamos a ver en detalle muchas cosas, como la adjudicación de una licitación de medio millón de dólares cuando la empresa tenía apenas Bs 27.000 de capital”, afirmó.
Añadió que se está haciendo un análisis, con base en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y la Ley de Administración y Control Gubernamental (Safco).
Inclusive, el fiscal que investiga el caso, Leopoldo Ramos, convocó a Gerson Camacho, director nacional de Seguimiento a la Gestión Empresarial de Subsidiarias de YPFB, y a Alba Chirinos, jefa de Comunicación de YPFB Transporte, entre otras personas, quienes fueron mencionados por los imputados por haber firmado los contratos irregulares con empresas.
De igual forma, Ramos dijo que el concejal cruceño Saúl Ávalos fue citado a declarar, en calidad de testigo, después de que su nombre fue mencionado por haber recibido poleras para la campaña electoral del Movimiento Al Socialismo, de parte de una de las imputadas.
Fuente: EL DEBER