El fiscal general de la República ha declarado que “robaron el orgullo de los brasileños”
Pedro Cifuentes
El fiscal general de la República ha declarado que “robaron el orgullo de los brasileños”
El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot. / STRINGER/BRAZIL (REUTERS)
La Fiscalía General de la República ha denunciado a 35 personas por corrupción, formación de organización criminal y lavado de dinero en el marco del caso Petrobras, en un paso más de lo que promete ser un proceso largo y complejo por una operación, Lava Jato, que no deja de crecer a medida que se conocen nuevos testimonios y se desclasifican documentos aprehendidos a delatores premiados. De los 35 imputados, 22 pertenecen a grandes constructoras brasileñas: OAS, Camargo Corrêa, UTC, Mendes Junior, Engevix y Galvão Engenharia. La Fiscalía, además, solicita a las seis empresas una indemnización global de 1.000 millones de reales (380 millones de dólares) por el dinero desviado en sobornos.
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“Se trata de un inmenso esquema de corrupción, en el cual se pagaban sobornos de entre un 1% y 5% del valor de cada contrato billonario con Petrobras”, afirmó en rueda de prensa Deltan Dallagnol, uno de los fiscales asignados al caso, quien confirmó que la trama de lavado de dinero tuvo su apogeo entre 2004 y 2012, “continuando no obstante hasta 2014”. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, presente también en la rueda de prensa ofrecida en Curitiba (sede de las investigaciones), declaró que los acusados “robaron el orgullo de los brasileños”. «Esto sólo es el comienzo de una investigación. Una fase más. […] La complejidad de los hechos nos lleva a intuir la dimensión de esta investigación”, continuó tras prometer que “nos vamos a conducir de forma serena, pero firme y contundente. Cada persona responderá por sus actos”.
En esta etapa se han denunciado 105 actos de lavado de dinero por valor de 75 millones de reales (28 millones dólares) y 154 actos de corrupción por valor de 286 millones de reales (108 millones dólares). Es apenas “la punta del iceberg”, según fuentes de la Policía Federal. A medida que se desclasifican los documentos intervenidos a los arrepentidos aparecen nuevas conexiones y obras ejecutadas incluso en otros países latinoamericanos: decenas de empresas ficticias que simulaban operaciones comerciales para justificar sobornos y donaciones ilegales a partidos políticos. “Funcionaban como si fuese un campeonato de fútbol, o un bingo, aunque en este caso el juego era de cartas marcadas, donde se sabía quien ganaba cada licitación”, dijo Dallagnol en referencia al club de grandes empresas que se repartían las obras de Petrobras, descubierto gracias a las confesiones premiadas de dos directivos de la contratista Toyo-Setal, el cambista Alberto Youssef y el exdirectivo de Petrobras Paulo Roberto Costa (estos dos últimos, también acusados formalmente).
Dellagnol destacó que las mismas empresas investigadas (algunas de las mayores del país, que acumulan contratos con Petrobras por decenas de miles de millones de dólares) están envueltas en otras obras públicas y que la única forma de atajar sus corruptelas es mantener la prisión preventiva de los ejecutivos. Muchos de ellos están acusados de más de un delito: la pena individual por un solo delito de lavado de dinero o facción criminal oscila entre los 10 y los 20 años. “El conjunto de funcionarios de Petrobras corrompidos constituye el segundo núcleo de ese gigante esquema criminal”, advirtió el fiscal.
Ha pasado ya casi un mes desde el 14 de noviembre, denominado por los investigadores Día del Juicio Final, aquel viernes en que Brasil se despertó con la noticia de que la Policía Federal había detenido a 23 altos directivos de grandes empresas constructoras en séptima fase de la Operación Lava Jato. Estos días se agotaba el plazo para establecer su imputación, sobre todo teniendo en cuenta el inicio de las vacaciones judiciales, el próximo 20 de este mes. Las autoridades afirman que la cantidad total desviada puede alcanzar los 10.000 millones de reales (3.375 millones de dólares). Pocos dudan ya de las palabras expresadas por la propia presidenta el 16 de noviembre: “Este caso puede cambiar Brasil para siempre”.
Tras esta esperada primera acusación se espera que llegue la imputación de cargos políticos, protegidos por el foro privilegiado, que serían juzgados por el Tribunal Supremo Federal (en Brasilia). “Tenemos a los que pagaron; faltan los que recibieron”, decía hace unos días a este diario un responsable de la investigación, en referencia a la ausencia de diputados y senadores denunciados. El informe final de la controvertida Comisión Parlamentaria sobre el caso Petrobras, presentado esta semana, no establecía acusación alguna y se limitaba a sugerir personas que deben ser investigadas. Destaca la ausencia absoluta de políticos en el listado. Además, propone cambiar la ley de contratos con empresas estatales.
Fuente: elpais.com