Gremios de la prensa boliviana objetan juicio a periodista en vía ordinaria

LAMENTAN QUE NO HAYA SIDO JUZGADO EN UN TRIBUNAL DE IMPRENTA.

Gremios objetan juicio a periodista en vía ordinaria

Los Tiempos

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Reporteros gráficos y periodistas durante la cobertura de una conferencia de prensa en Cochabamba. – Carlos López Gamboa Los Tiempos

Dirigentes y trabajadores del gremio de la prensa local y nacional manifestaron ayer su rechazó a la sentencia de un año y ocho meses de cárcel que emitió un juzgado ordinario contra el periodista Roger Gonzales. Lamentaron que la justicia boliviana esté sometida al poder político al no permitir que el acusado sea procesado por un Tribunal de Imprenta tal como corresponde y manda la ley y la Constitución Política del Estado (CPE).

Denunciaron además que este fallo sienta un “terrible” precedente porque en el futuro otros periodistas podrían ser juzgados por la vía ordinaria cuando corresponde que se aplique la Ley de Imprenta.

El periodista Roger Gonzales fue acusado de instigación pública a delinquir y apología del delito durante los incidentes violentos de grupos radicales contra campesinos, el 24 de mayo de 2008, en la ciudad de Sucre. Entonces, Gonzales era director de un canal de televisión.

En noviembre de 2011, cuando empezó el juicio, González rechazó los delitos por los que se le acusaba e intentó hacer prevalecer su derecho a ser juzgado en un Tribunal de Imprenta, pero estas prerrogativas le fueron negadas por el tribunal ordinario que consideró que el periodista cometió delitos comunes, que no tienen que ver con el ejercicio periodístico.

El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, Claudio Rojas, expresó ayer su rechazo porque no se aplicó la normativa vigente en el juicio al periodista Gonzáles.  “Como en cualquier otro caso relacionado con una falta cometida en el ejercicio periodístico, tendría que haberse aplicado la Ley de Imprenta”, aseguró.

El dirigente aclaró que está en total acuerdo con que no se infrinjan las normas, o que un trabajador de la prensa no incumpla las leyes y dañe a terceros. Sin embargo, también cuestionó que el periodista sucrense no sea sometido a un Tribunal de Imprenta, como corresponde.

Coincidió con Rojas el ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, Hugo Bellido, para quien el castigo a González es un exceso porque es un caso que debe juzgar  un Tribunal de Imprenta.

Bellido anunció que el lunes tienen una reunión con los representantes departamentales para tomar una posición respecto al caso Gonzáles. Inicialmente conformarán una comisión para pedir una explicación al Órgano Judicial de por qué no se llevó el caso por la vía del Tribunal de Imprenta, como correspondía. 

Según Bellido, un elemento que contribuyó para este juzgamiento por la vía ordinaria fue el silencio y hermetismo tanto de los juzgadores como del periodista Gonzáles. “Él no pidió apoyo como el caso de los compañeros de La Razón.  No es un justificativo pero no hicimos el seguimiento porque el compañero se alejó”.

Para el periodista y exdirector del diario Página 7, Raúl Peñaranda, los supuestos delitos que cometió Gonzáles fueron en su calidad de periodista, en el proceso de difusión de información, por tanto deben ser juzgados por el Tribunal de Imprenta.

Según Peñaranda, la Ley de Imprenta se aplica a todas las presuntas faltas cometidas en el ejercicio de la difusión de información e incluye prensa escrita y TV. “Debe aplicarse a todos los medios de comunicación, inclusive las redes sociales”, dijo.

Tras condenar, el martes, el fallo contra Gonzáles, ayer el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León, fue más allá y aseguró que el problema radica en la mala administración de la justicia en el país. “Hay una falta de profesionalidad en los jueces que se refleja en la administración de justicia, porque esa gente recibió su cargo como un favor político. Entonces qué valor moral puede tener para juzgar con imparcialidad a la ciudadanía”, declaró a  radio Panamericana.

Agregó que la ley de imprenta tiene tantos años y nunca ha sido tan vapuleada como en el último tiempo.

“Lamentablemente se pretende estigmatizar a los medios de prensa y a los periodistas como operadores políticos contrarios al Gobierno. Si desde las propias esferas del poder se nos estigmatiza, es lógico que la gente que obedece al Gobierno va a actuar en esa misma línea, en esta caso los jueces”, finalizó León.

Norma rige para todos los medios

Junto al periodista Roger González, también fueron imputados dos de sus colegas por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de su labor (difusión de información) en los sucesos del 24 de mayo de 2008, pero la Fiscalía declaró el sobreseimiento de ambos. Inicialmente una jueza decidió remitir el caso a un Tribunal de Imprenta, pero vocales, en apelación, revocaron la resolución con el criterio de que esa Ley sólo ampara a los medios escritos.

Para el ejecutivo de los Trabajadores de la Prensa de Cochabamba, Claudio Rojas, la Ley de Imprenta ampara a absolutamente todos los medios de comunicación. “No se pueden interpretar las leyes según la conveniencia del que juzga.

Creo que todos estamos conscientes de que la justicia en el país no funciona bien”, protestó.

Irregularidades y futuras acciones

En 2008, los fiscales Dante Romay y Jhonny Escóbar imputaron de oficio a Roger  Gonzáles y tras cinco años de preparación el juicio oral se ventiló en 2014, en el Juzgado Segundo de Sentencia.

El abogado de Gonzáles, Efraín Arancibia, hizo notar que durante el proceso nunca se identificó a las víctimas de la supuesta instigación, pero el viernes y antes de la lectura del fallo, un total de 15 campesinos se presentaron ante el juez Farid Nassar para declararse víctimas del presunto delito, según publicó ayer el diario cruceño El Día.

La defensa del periodista denunció que los acusadores presentaron como pruebas unas grabaciones de video de otro hecho violento registrado en noviembre de 2007.

El abogado Arancibia considera que el fallo es efecto de presiones políticas a la justicia y anunció un recurso de apelación. El ordenamiento jurídico ofrece la posibilidad de un perdón judicial para las personas con penas menores a tres años.

Acciones

El representante de los trabajadores de la prensa en Cochabamba, Claudio Rojas, dijo que como primera acción han pedido a la Federación Nacional de Trabajadores de la Prensa que emita un pronunciamiento al respecto. “Esto se podía hacer evitado si se actuaba con tiempo. Creo que no se debería dejar pasar un solo caso, hoy es uno, mañana serán dos y de aquí a unos años todos los periodistas vamos a estar en riesgo de ser juzgados por la vía ordinaria, cuando existe la Ley de Imprenta”, alertó Rojas.

En tanto, el ejecutivo nacional de la prensa, Hugo Bellido, dijo que como confederación asumirán la defensa del periodista. El primer paso que darán es pedir todos los datos del proceso a la federación de Chuquisaca.

“Emitiremos una posición luego del ampliado nacional de nuestro Comité Ejecutivo programado para el próximo lunes”, anunció Bellido y adelantó que el criterio es rechazar esta acción porque vulnera los preceptos constitucionales.