Arturo Yañez Cortes
Aunque es un término usado en traumatología, no encuentro otro que describa gráficamente lo que le ocurre a nuestra administración de justicia, principalmente penal, pues según el diccionario en línea de la RAE, significa: “Sacar algo de su lugar. 2. Torcer un argumento o razonamiento, manipularlo sacándolo de su contexto. 3 Hacer perder el tino o la compostura”. Cabrá precisar que la principal función de esa administración consiste en proteger los derechos y garantías de las personas y, tratándose de la penal, pretende además descubrir la verdad de lo acaecido, para a partir de ello, declarar responsabilidades: culpable o inocente. “That´s the question” diría Shakeaspeare.Pues bien, a la vista de los últimos acontecimientos, por ejemplo el encarcelamiento express del periodista Quisbert o del Contralor de Chuquisaca ahora en problemas con huestes del oficialismo; las curiosas sentencias –condenatorias– del periodista Roger González o la del opositor Luis Ayllón, la cadena de procedimientos abreviados “libremente” acordados y otros casos ya tristemente célebres, pregunto: ¿Será que la justicia se acerca por lo menos a esos propósitos?Sostengo que no y como evidencia me remito a lo obvio de aquellos. Cuesta creer que un fiscal que se supone sabe lo elemental del derecho penal haya imputado al periodista Quisbert por un tipo penal que condiciona su realización a que la obstrucción de justicia se haya dado en delitos de corrupción, puesto que lo que estaba investigando el periodista no eran delitos de esa naturaleza (la muerte del bebé Alexander). Peor aún, con esa misma consideración, es increíble que una juez (cuya función es de controlar garantías), considere acreditada la probabilidad que Quisbert era autor o partícipe de ese delito y… lo detenga.A cualquier mortal le llamará también la atención que el periodista González haya sido sentenciado, pasándose previamente por el forro la Ley de Imprenta, que aunque viejecita, sigue vigente, pues no fue derogada. También, la sentencia del colega dedicado a la política Ayllón, por un delito diferente del que –efectivamente– se defendió durante su juicio y… por el extravío de una cámara de aproximadamente 1.000 Bs, que siendo además fungible, ya fue reemplazada. Esto además, cuando es secreto a voces de la “pérdida” de un vehículo de la misma institución, en la puerta de un prostíbulo, aunque en este caso, cabe considerar la pequeña pero gran diferencia, que el responsable era –en ese momento– del oficialismo, por lo que como no podía ser de otra manera, no pasó absolutamente nada (tod@s bien, gracias…).El caso del contralor que guardó su vehículo en el garaje de su institución, es de Ripley, sí se considera que varios de los operadores del sistema que ahora lo juzga, parquean sus vehículos –cuando están trabajando– en predios de la misma institución (lo que no es lesivo para el todopoderoso estado) e, incluso, si el lector se para unos minutos a la hora de entrada o salida de cualquier colegio particular –le sugiero la Arenales, Junín, Loa, Ayacucho, Olañeta o Padilla) verá llegar al chofer de un vehículo oficial de alguna institución del mismo sistema (por mucho que tenga vidrios obscuros) a dejar y recoger l@s niñ@s de algún alto cargo del mismo sistema…. Eso sí algun@s disimulan y esperan a la vueltita.¿No fuera más útil y sobre todo inteligente que la justicia se dedique a hechos de relevancia que sean lesivos (que causen daño)? Aunque por lo escrito está claro que “el proceso penal es un indicador de la cultura jurídica y política de un pueblo” según Hassemer, sostengo que para cumplir con sus fines, la justicia debe proteger los derechos y garantías de tod@s l@s ciudadanos, huyendo una vez más de aquello de Gargarella: “El derecho acostumbra a hacer lo que no debe, maltrata a quienes debe cuidar, persigue a quienes debe proteger, ignora a quienes debe mayor atención y sirve a quienes debe controlar”.Correo del Sur – Sucre