El MAS-IPSP se desmorona

Casi toda la cúpula dirigencial de las organizaciones campesinas-indígena-originarias tuvo una actuación poco clara en el Fondo Indígena.

imageAmpliado de MAS-IPSP en la Casa Campestre en Cochabamba.| Foto ilustrativa de archivo Los Tiempos.

Página Siete, La Paz

Carlos Laruta, sociólogo miembro de UD

La sociedad boliviana, sobre todo en occidente, se caracteriza por su organización molecular en su base, por gremios de actividad o por territorio, con estructuras intermedias y superiores de dirección. Diríamos, no hay una sola persona que no tenga algún tipo de organización social a la que esté afiliada.

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Esta forma de organización corporativa (COB, CSUTCB, Colonizadores, Bartolinas, COR El Alto, FEJUVE El Alto) tiene como rasgo sobresaliente que nace buscando relación con el Estado, debido a la ampliación de la autoridad del Estado nacional después de 1952. Su estructura y funcionamiento responden a ello, pues el Estado brinda reconocimiento jurídico a su existencia y motiva su acción cuando tiene demandas, sobretodo en un país que vive pendiente de la platita que viene de la venta de las materias primas (gas, minerales). La relación Estado – organizaciones sociales varió en el tiempo en dos líneas: una cuando ellas estaban a favor del Gobierno-Estado en ciertos momentos, y otra en contra del Gobierno-Estado en otros momentos históricos. Pero, lo que esconde esta relación genérica son las imprescindibles formas precisas de articulación del Estado con las organizaciones sociales bolivianas, lo que los técnicos llaman «formas de mediación”.

El esquema MAS-IPSP en el Fondo Indígena

El MAS, organización política de Gobierno, funciona como MAS-IPSP por su compenetración total con las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad (CSUTCB, Bartolinas, Colonizadores, CIDOB y CONAMAQ) con la adición de la APG y la CPESC para algunos casos, y que en el marco de la Conalcam incluye a organizaciones urbanas como la COB, la COR El Alto, la FEJUVE El Alto y departamentalmente otras organizaciones menores. 

Página Siete del domingo 19 de abril titulaba «Más de 80 dirigentes tomaron decisiones en el Fondo Indígena desde 2008 hasta (2014) sobre la aprobación de proyectos y  recursos económicos” y también mencionaba a la exministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos, y la actual ministra Nemesia Achacollo; los legisladores del MAS Fidel Surco (colonizadores); Isaac Ávalos (exejecutivo CSUTCB);   Elías Quelca, exjiliri Apu Mallku del Conamaq; Leonilda Zurita, máxima dirigente de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa; Felipa Huanca (excandidata del MAS); Hilarión Mamani; Rodolfo Machaca; Ever Choquehuanca y otros  dirigentes que forman parte de la Conalcam).

La Asamblea y el Directorio del Fondo Indígena estaban conducidos por los dirigentes sociales. Pero, también la Unidad de Aprobación Previa de Proyectos estaba a cargo de esos mismos dirigentes. A través de personas propuestas por ellos, se integraba la Unidad de Monitoreo y Evaluación de Avance de Proyectos y estaban a cargo de la recepción y cierre de proyectos a través de la Dirección de Proyectos. Lo mismo ocurría en la Dirección Técnica, la Unidad de Capacitación en Elaboración de Proyectos, la Unidad de Ajuste de Proyectos y la Unidad de Acompañamiento en la Ejecución de Proyectos, segmentadas según organización, sin relación horizontal entre ellas. Por ejemplo, los proyectos de la CSUTCB, originados en las comunidades, eran avalados por las Federaciones Provinciales y Departamentales, y la CSUTCB terminaba certificando a esa comunidad como su afiliada ante el Directorio del Fondo Indígena y eran validados por técnicos de la CSUTCB.

Diríamos que casi toda la cúpula dirigencial de las organizaciones campesinas-indígena-originarias en varios niveles (según el diputado Rafael Quispe, más de 400 dirigentes), es decir, el Pacto de Unidad que es la estructura del IPSP, en los últimos 10 años del Gobierno actual tuvo actuación poco clara en el Fondo Indígena. Sobre ellos, la ministra Achacollo dijo que  «los responsables de la mala administración del Fondo son los mismos dirigentes”, desde luego excluyéndose ella pues se considera «sólo” parte del equipo político del MAS.

«Democracia Participativa” en el Fondo Indígena

Después de acusar insistentemente el MAS al sistema anterior de partidos de corromper a las organizaciones sociales con relaciones de dominación manejadas por los jefes de los partidos tradicionales, con pegas (puestos de trabajo), y aun con dinero de los llamados «gastos reservados”, el MAS-IPSP llegó al Gobierno con la bandera de la «democracia participativa” y la transparencia.

Y una de las funciones de esa «nueva democracia participativa” fue servir -según la necesidad del Gobierno- como mecanismo de intervención de las organizaciones sociales en la gestión del poder (lucha política contra la oposición) o en la gestión del Gobierno (administración de ciertas instituciones o parcelas de instituciones). Pero el acento más fuerte que el propio MAS le puso fue el involucramiento directo del Pacto de Unidad en la co-administración del Fondo Indígena, en un esquema de clara cogestión y cogobierno MAS-IPSP.

Mediaciones y fracaso del esquema MAS-IPSP

Todo Estado y sus sucesivos gobiernos deben vincularse con las organizaciones de su sociedad. Las mediaciones (articulaciones, bisagras) entre un Estado y su sociedad pueden ser en general de dos tipos: 1) Mediación prebendal y burocrática que consigue una clientela de dirigentes sociales que arrastran a sus organizaciones a esa relación a través de negocios poco claros (basados en el pago de dinero y la oferta de pegas); y 2) Mediación democrática, basada en obras y políticas públicas de beneficio corporativo o general, que consigue apoyo del ciudadano sin corromper ni a los dirigentes ni a las organizaciones.

¿Qué tipo de mediación de estas dos aplicó el Gobierno del MAS en el Fondo Indígena ? Pues  el tipo menos democrático y más dañino de mediación burocrática y prebendal; es decir, que bajo las palabras vacías del discurso de «revolución democrática-cultural” y «democracia participativa”, en los hechos, el MAS reprodujo y agravó la vieja y abusiva relación de los partidos tradicionales con las organizaciones sociales al no cambiar sustancialmente el contenido de dicha relación.

Y lo del Fondo Indígena es sólo la punta de algo muy grande, pues el Pacto de Unidad y el Conalcam, no se vincularon a una sola institución sino a una red de instituciones y estructuras del Estado central, pero también a las gobernaciones y alcaldías (como en la ciudad de El Alto). Ahora se explica la persistencia de estas organizaciones en su apoyo electoral y movilizado a favor de los candidatos del MAS, pues el pago para muchos dirigentes fue convertir en botín de saqueo el Fondo Indígena y –creíblemente- también otras reparticiones públicas.

Hoy, ese tipo de relación del Estado-Gobierno con las organizaciones sociales ha entrado en crisis. La extensa red de clientelas corporativas organizadas y controladas desde el Poder Ejecutivo se está desmoronando. El esquema de co-gobierno MAS-IPSP en el Fondo Indígena, sin clara definición de roles y ni marco institucional adecuado, ha hecho un inmenso daño moral a los legítimos derechos de las bases y afiliados de las grandes organizaciones sociales. Y la cúpula del MAS  seguirá intentando usarlas para sus propios fines sin interesarle mucho el daño que les haga.

Es claro que nuestro Estado es débil y no tiene fortaleza institucional para controlar la corrupción, pero ¿se puede admitir «errores” de quizá miles de millones de bolivianos  que afectan sobre todo a quienes más necesitan de inversión y desarrollo? ¿las organizaciones sociales seguirán soportando una relación destructiva con el Gobierno? Las bases sociales de esas organizaciones ya iniciaron la renovación de sus dirigencias con gente joven y transparente y restablecen su independencia sindical para reivindicar sus legítimas aspiraciones. Ojalá no se detengan, pues el tsunami de la corrupción cómplice creada por el co-gobierno MAS-IPSP puede llevarlas a su fin.