La autonomía con la que soñaban los que fueron a votar en el referéndum por el estatuto en 2008 no es la autonomía que acaba de aprobar la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.A siete años, dos meses y 22 días de aquel 4 de mayo de 2008, la Constitución Política del Estado es el principal obstáculo para el ejercicio de las competencias departamentales que pretendían los cruceños al sufragar.Si el 4 de mayo se aprobaron los estatutos de cuatro departamentos (los de la media luna: Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija) el 9 de mayo también se aprobó un referéndum revocatorio porque en ese momento había una pugna de poder en la que el Gobierno nacional sentía que no tenía absoluto control de la política a escala nacional.En 2008 se produjo la toma de instituciones, la marcha de campesinos que amenazaba con cercar Santa Cruz y también la masacre de Porvenir. En ese escenario, en el referéndum por el estatuto cruceño ganó el Sí con el 85% y con una participación superior al 60% de los electores.Y, aunque en principio el Gobierno nacional desconoció estas votaciones, terminó incorporando la autonomía en la Constitución Política del Estado que se aprobó en enero de 2009 a través de una consulta popular, en la que Santa Cruz rechazó el modelo propuesto por la Asamblea Constituyente.Cuando los cruceños acudieron a votar por autonomía lo hicieron con la esperanza de tener una policía departamental, de elegir en el departamento al fiscal de distrito, de manejar la educación en la misma región, de controlar la propiedad de la tierra desde la Gobernación, entre otras competencias que estaban en el proyecto de estatuto.La Constitución Política del Estado fue la aguja que pinchó la ilusión, ya que establece competencias claras y las que asigna a los gobiernos departamentales son menores y supeditadas a normas nacionales.Los argumentosCuando se aprobó el texto del estatuto, que fue a referéndum en 2008, estaba vigente la Constitución Política del Estado de 1967. Siete años después hay una nueva Carta Magna que es diferente, señala el abogado y asambleísta departamental José Luis Santistevan.Él argumenta que para que la autonomía tenga un avance y se la pueda ejercer es preciso que el estatuto se adecue a esa norma fundamental. “Lo contrario sería mantenernos estancados”.En cambio, el proyectista deL estatuto de 2008 y uno de los principales críticos al texto aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental Juan Carlos Urenda, dice que no hay nada que celebrar, porque la Autonomía nace cercenada por la Constitución.Considera que lo que se debería hacer ahora es luchar por una modificación de la Carta Magna o dejar que sea el Tribunal Constitucional el que mutile el estatuto aprobado en 2008. Critica que lo hubieran hecho los actuales representantes y que, además, celebren por ello.“Se ha sacrificado el principio de la autonomía de verdad y se ha caído en la trampa gubernamental de hacer una autonomía de mentira”, señala Urenda, quien considera que la Constitución Política del Estado es centralista.Santistevan responde que con la actual correlación de fuerzas en el Legislativo (con dos tercios en manos del MAS) es imposible plantear una modificación del régimen autonómico que hay en la Carta Magna. Además, sostiene que lo que se ha logrado es un avance en el autogobierno, la capacidad de elección de las autoridades y la planificación del desarrollo departamental.Urenda ve retroceso, por ejemplo en materia de seguridad, ya que antes de la nueva Constitución los prefectos eran comandantes de la Policía departamental y ahora no tienen esa tuición.Entre 2008 y 2015El estatuto departamental de 2008 planteaba un régimen electoral que administre los comicios y consultas regionales, pero lo que permite la Carta Magna es un órgano electoral que no es autónomo, sino supeditado al Tribunal Supremo Electoral.Es más, ni siquiera la elección de vocales departamentales se decide en Santa Cruz, ya que los asambleístas departamentales proponen nombres y quien decide es el Legislativo Nacional. Y aunque la Constitución señala que los cinco vocales son elegidos de ternas, la Ley del Régimen Electoral impone que el presidente del Estado Plurinacional designe a uno de los vocales de manera directa.El estatuto de 2008 planteaba que el gobernador expedía los títulos agrarios, pero esa es una competencia privativa del presidente nacional en la Carta Magna, por lo que mantener esa competencia daría lugar a una anulación de parte del Tribunal Constitucional.En cuanto a tareas de seguridad ciudadana, en 2008 se planteaba que el gobierno departamental pueda elegir al fiscal de distrito, pero una ley define que quien tiene esa potestad es el fiscal general del Estado.Cuando ganó el Sí al referéndum autonómico, se votó por que haya una policía departamental para garantizar la seguridad ciudadana, pero la Constitución define que la Policía es una competencia privativa (sinónimo de intransferible) del Estado central.En cuanto al régimen laboral, cuando se aprobó el Estatuto de 2008 mediante referéndum, se planteó un salario mínimo departamental. Pero ahora esa es una facultad del Estado nacional, el mismo que define los feriados, aunque estos sean solo para el departamento.En 2008, uno de los debates fundamentales se refería a la educación, ya que varios textos escolares tenían contenidos que ignoraban la cultura oriental y priorizaban la historia del occidente del país. En ese momento, había una dirección departamental de educación. Pero ahora el Servicio Departamental de Educación depende del Estado nacional, en el marco de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez. También la capacitación docente y la definición de las contrataciones de maestros dependen del nivel central.Las aspiracionesNo obstante, el Estatuto recién aprobado incluye 12 áreas de especial actuación, entre las que están la educación, la seguridad ciudadana, comunicación, cooperativas, recursos naturales, desarrollo rural y agropecuario, entre otras.Santistevan sugiere que estas 12 áreas son las que mantienen el espíritu del estatuto de 2008.Por ejemplo, en educación crea un consejo departamental y una dirección departamental de gestión educativa para participar del diseño del currículum escolar (junto con el Estado nacional) y también para informar sobre esta materia a la asamblea departamental, entre otras tareas, como contratación de maestros cuando falten los ítems dados por el Ministerio de Educación.En cuanto a seguridad ciudadana, si bien no plantea la creación de la policía departamental, sí propone la creación de instancias de prevención del delito. Además, la Constitución plantea que cada departamento diseñe su propio plan de seguridad ciudadana, el mismo que debe ser aprobado por los órganos legislativos del departamento o del municipio, lo cual no se ha hecho efectivo hasta el momento.Juan Carlos Urenda sostiene que hay 41 competencias propuestas en el estatuto de 2008 que no son cubiertas por el límite que impone la Constitución, que solo se incluye 10 competencias a plenitud y 15 que son cubiertas con limitaciones, porque son compartidas con otros niveles del Estado.Los asambleístas del MAS votaron en blanco y tienen observaciones al estatuto recientemente aprobado, principalmente porque argumentan que se redactó en un pequeño gabinete y que no fue difundido en los diferentes sectores de la sociedad.Además, critican que se hubiera eliminado la elección de los subgobernadores por voto popular.Hay sectores originarios que también protestan porque dicen que sus sugerencias no fueron incluidas en el estatuto, como los afrobolivianos, quienes aspiran a tener un curul en la Asamblea Departamental.No obstante, el estatuto fue entregado el jueves al Tribunal Constitucional, cuyos miembros le darán luz verde o lo devolverán para que sea modificado y adecuado a la Constitución Política del Estado