A cuatro años de la represión a los indígenas del TIPNIS y a más de cinco de la violenta intervención a una protesta en Caranavi, las víctimas no encuentran justicia en Bolivia. Por eso, buscan llevar los expedientes ante la CIDH.
La Paz, 25 de septiembre (ANF).- A cuatro años de la intervención policial a la VIII marcha indígena de tierras bajas, y a más de cinco de la represión a los pobladores del municipio de Caranavi, la defensa de las víctimas en estos dos casos coinciden en afirmar que la justicia en Bolivia está plenamente politizada y que, por lo tanto, sólo quedan las instancias internacionales para juzgar a los verdaderos culpables.
Si bien en ambos casos se prepara una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra las autoridades del Estado, no existe una fecha exacta para que ello suceda. La defensa asegura que aún está a la espera de una coordinación con algunas instituciones internacionales y que esta información no se hará pública hasta que la delegación encargada de plantear esta acusación retorne al país, una medida que asumen por cuestiones de seguridad y estrategia.Â
Caso Caranavi, entre el desconocimiento y el hermetismo del Órgano JudicialÂ
Entre el 7 y 8 de mayo del 2010, se suscitó una brutal represión policial en el municipio de Caranavi. Comunarios de esta región protagonizaron un bloqueo de caminos en demanda del cumplimiento de la promesa electoral que Evo Morales había hecho para la construcción de una fábrica de procesamiento de cítricos. Â El conflicto se saldó con la vida de dos personas. Mario Hernani murió por el impacto de una granada de gas, y Mario Callisaya, por balines disparados por la policía.Â
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Fuente: noticiasfides.com