Clara RiverosAnalistas y expertos dentro y fuera del país han planteado en sus observaciones las mayores preocupaciones y dudas que generó el anuncio del Gobierno.La semana pasada, el presidente Juan Manuel Santos hizo un anuncio trascendental para Colombia: “La paz es posible… ¡Y está más cerca que nunca!”. Luego de reunirse en La Habana con el comandante máximo de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko, informó que la fecha límite para -la firma del Acuerdo Final- poner fin al conflicto armado será el 23 de marzo de 2016. El presidente Santos señaló que, las FARC deberán iniciar la dejación de armas en los 60 días siguientes a la firma del Acuerdo. Los grandes anuncios no terminaron ahí. Se creará una Jurisdicción Especial para la Paz que garantice, según el mandatario colombiano, la institucionalidad y el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales del derecho a los que Colombia está obligada, posibilitando la paz duradera, sin impunidad, así como la satisfacción de los derechos de las víctimas: justicia, verdad, reparación y no repetición.La nueva jurisdicción estará a cargo de investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos por los actores del conflicto, las FARC pero también los agentes del Estado. Las sanciones contemplan un mínimo de 5 y un máximo de 8 años de restricción efectiva de la libertad, además de la restauración y la reparación a las víctimas. Los implicados, cuya culpabilidad sea comprobada, que no reconozcan su responsabilidad en la comisión de delitos deberán enfrentar penas hasta de 20 años. La dejación de las armas es un condicionante para acogerse a ese sistema de justicia y la reincidencia será sancionada. Es la ciudadanía, sin embargo, la que tendrá la última palabra sobre la validez del Acuerdo mediante la refrendación popular.Puesto en esos términos, parece lo más conveniente para poner fin a 50 largos años de conflicto. Lo complejo viene al hilar más fino. Analistas y expertos dentro y fuera del país han planteado en sus observaciones las mayores preocupaciones y dudas que generó el anuncio del Gobierno. “El acuerdo entre las FARC y el gobierno es el sapo que tanto nos anunciaron que nos teníamos que tragar si queríamos la paz”, sugirió Muni Jensen. Las opiniones en Colombia están divididas, algunos se abandonaron al optimismo casi irracional, otros a la crítica feroz (uribismo) y, hay quienes con esperanza, mantienen la calma y el saludable escepticismo.La organización internacional Human Rights Watch, en cabeza del director para las Américas, José Miguel Vivanco expresó que: el acuerdo con las FARC sacrifica la justicia para las víctimas. Prestar un servicio comunitario en una zona restringida no puede considerarse como castigo para los crímenes de guerra, esto va en contravía del derecho internacional. Es legítimo querer la paz pero ello no debe hacer perder la proporción de la realidad. Es infortunado comparar la posición de Vivanco con la del expresidente Uribe. Lo de Vivanco no es intransigencia, su interés no responde a cálculos políticos y electorales, tampoco se juega un lugar en la historia política del país.Los colombianos esperan, en su mayoría, penas de prisión para los responsables de crímenes de guerra. El deseo de paz no impide el rechazo generalizado hacia las FARC.Los colombianos esperan, en su mayoría, penas de prisión para los responsables de crímenes de guerra. El deseo de paz no impide el rechazo generalizado hacia las FARC. Carlos Malamud se refirió a “la difícil ecuación de la paz en Colombia”, al impacto en la opinión pública, los tiempos para la desmovilización y el desarme, la incorporación de las FARC a la vida política, la celebración del referéndum y las implicaciones del que se anuncia como un largo proceso de transición, así como a las cuestiones de forma y de fondo que inquietan a la ciudadanía: “¿Cuánta verdad y cuánta impunidad son aceptables para que la paz prospere? ¿Cuánto castigo y de qué clase es recomendable? ¿Son evitables y cómo las penas de cárcel? ¿Quién las debe imponer?”. Todos estos, interrogantes que hoy se hacen los colombianos. Se trata del desenlace del proceso y del futuro del país, nada menos.Para Andrés Oppenheimer el tiempo juega en contra y el acuerdo podría estancarse en el Legislativo, —ocho debates en el Congreso para aprobar una reforma constitucional equivalen a 14 meses— no por falta de apoyo sino por falta de tiempo para el trámite. Oppenheimer consideró prematuro el apoyo al acuerdo por parte de los líderes mundiales. “Si en los próximos seis meses Santos anuncia que los narcoterroristas de las FARC acusados de crímenes de lesa humanidad han aceptado cumplir al menos algún tiempo en prisión —como lo hicieron los narcoterroristas de los grupos paramilitares de derecha en Colombia— el acuerdo de paz merecería apoyo. De otra manera, cuéntenme entre los escépticos”.“La paz en Colombia pasa por la aceptación de Uribe (…) es indispensable que Santos firme la paz con Uribe para que el proceso se legitime a largo plazo”. Gustavo Duncan no le restó importancia a las preocupaciones del uribismo, a los costos fiscales del postconflicto y al eventual escenario en el que la izquierda llegue a gobernar y proceda al desmantelamiento de las libertades e instituciones de la democracia. Pese a los riesgos, Duncan enfatizó en que esto no significa la claudicación como aseveró el expresidente Uribe. Aunque la izquierda radical no tiene el camino despejado para instaurar un régimen al estilo de Cuba o de Venezuela, ese temor tiene fundamento.En la última década lo que se observó en algunos países de América Latina ha sido deplorable en materia de instituciones, libertades, falsificación histórica y acomodo de los hechos para mostrar como héroes a quiénes no lo son.¿Por qué se le debe exigir a la izquierda que demuestre su compromiso con la democracia y las instituciones? Porque sus representantes e intelectuales han sugerido que la desmovilización de las FARC es el primer paso en la transición hacia el “progresismo” y la democracia participativa, como ya lo hicieron Venezuela, Ecuador o Bolivia. Además, no han levantado su voz para cuestionar el proceder de esos gobiernos autoritarios y sus excesos. Al contrario, han justificado esas acciones y de forma deliberada, minimizan la importancia de la división de poderes y la alternancia. La izquierda colombiana creyó en las reglas de la democracia cuando Uribe gobernaba pero se rindió al populismo de los países del ALBA y manifiesta, sin pudor alguno, su afecto por la dictadura cubana.Esos modelos que inspiran a la izquierda no corresponden con el país que la mayoría de colombianos aspira y anhela, deberá entenderlo y aceptarlo sí pretende avanzar en la reconciliación nacional, pero sobretodo, sí busca que el electorado llegue a considerarla como una opción política seria. No le faltó razón a Humberto De La Calle, meses atrás, cuando señaló: “La política en Colombia, sí hay un acuerdo, se va a volver más ideológica (…) hay una conflictividad que se puede agudizar en términos de lucha ideológica (…) El acuerdo no es la paz”.Pasada una semana del anuncio gubernamental, las FARC emitieron un comunicado en el que contradicen a los representantes del Gobierno sobre el contenido del Acuerdo. “Que no venga nadie a estas horas de la historia de la reconciliación patria a empañar con caprichos infortunados el camino que resta para culminar un proceso que solo debe estar revestido por la gloria”.La desconfianza de los colombianos es válida.