Varios jueces y vocales que juzgan a los ciudadanos en Santa Cruz responden a procesos, algunos tienen en su contra imputaciones e incluso acusaciones para ir a juicio oral. Así lo muestra un informe elevado por la Fiscalía General, a través de la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, en respuesta a una solicitud hecha por la diputada de FSB-PDC Érika Justiniano.El informe indica que desde la gestión 2014 se formularon 137 denuncias contra jueces, de las cuales tres fueron archivadas y las restantes 134 se encuentran en etapa inicial. Dichas denuncias tienen que ver con incumplimiento de deberes, organización criminal y delitos penales.La diputada informó de que al recibir denuncias de la gente contra los juzgadores se vio obligada a solicitar al fiscal general, Ramiro Guerrero, un informe del trabajo hecho por los fiscales que llevan causas, además de una nómina de jueces y vocales del Tribunal Departamental de Justicia que son investigados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.El fiscal de Santa Cruz, Gómer Padilla, emitió un informe el 16 de septiembre haciendo una relación de todos los procesos de los jueces y vocales, con nombres y apellidos, así como de los fiscales anticorrupción que impulsan las causas.Ocho fiscales denunciadosTras recibir los informes, la parlamentaria recordó que el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal establece que la etapa preliminar debe concluir en un plazo máximo de 20 días y que puede ser ampliado a 60 u 80 días como máximo; sin embargo, estos plazos se incumplieron.Según la diputada, los plazos vencieron sin que los fiscales hubiesen hecho algo por esclarecer las denuncias ciudadanas. Con esta actitud, los fiscales se convierten en cómplices y encubridores de los denunciados. “Esta situación acarrea mayor impunidad y corrupción, pues la gente dice: ‘para qué voy a denunciar si mi denuncia no prosperará’. Pero además puede servir para chantajear a los jueces y que la corrupción sea cada vez mayor”, expresó.Con los informes, la diputada presentó denuncias ante la Autoridad Sumariante del Ministerio Público contra ocho fiscales de la Unidad Anticorrupción. Los acusó por los delitos de faltas disciplinarias graves y muy graves. Inicialmente, dicha denuncia fue rechazada, pero al final fue admitida y los fiscales deben ir a juicio disciplinario