Bolivia. Los abogados aseguran que hay tarifas no escritas y todos pagan por cada trámite en los juzgados
Los carteles y los hábitos en la plataforma del Palacio hay propaganda contra la corrupción
No encuentran solución para una justicia que ven con raíz corrupta
La sociedad boliviana es pleitista y eso satura los juzgados. Hay fiscales que atienden hasta 700 casos y tribunales con 1.400 procesos. La acumulación es caldo de cultivo para la corrupción, que ya es vista como normal por los usuarios y abogadosDesde que la ministra de Justicia, Virginia Velasco, decidió poner un número de teléfono con WhatsApp para recibir denuncias de corrupción o maltrato judicial, su teléfono no ha parado de sonar. La tarde del miércoles, su casilla sumaba 596 mensajes, que había clasificado en felicitaciones (286), vacíos (8), denuncias (300) y denuncias con pruebas (3). “Derechos Reales es un martirio. Tiene 65 denuncias”, dice desde La Paz. “La gente se ha acostumbrado a pagar. Los notificadores te cobran por distancias, dependiendo de los kilómetros que se tengan que mover. La corrupción comienza en los pasantes, sigue en los auxiliares y las secretarias, y llega a los jueces”, cuenta Velasco.Ella ve al sistema judicial como una enorme planta corrupta, como un árbol afectado por una enfermedad desde la raíz, que nació corrupto con la República, allá por 1825, y la única forma de salvarlo es cortándolo desde la raíz. “La justicia nació romanista, colonialista, discriminadora”, enumera la mujer que ha sido maltratada en más de un juzgado por vestir polleras y no identificarse como ministra de Justicia.La idea de que casi todo está podrido sobrevuela la mente de cualquiera al que se le pregunte sobre el sistema judicial. El exjuez Luis Jaime Cruz lo compara con un cáncer tratado con paracetamol; el exfiscal Joadel Bravo usa el edificio del Palacio de Justicia de Santa Cruz como metáfora. Es la estructura más alta de la capital, se levanta a más de 100 metros desde su base, pero las goteras llegan al sótano. Está tan deteriorado que bien podría estar podrido desde dentro.La coima, el acto de corrupción, se ha vuelto automática. “Si tenés que hacer una notificación, tenés que dar por lo menos Bs 30 al notificador. Si dejás un edicto, son Bs 50 a la secretaria. Si no pagás, te lo van a hacer igual pero lento, es mejor pagar”, dice un abogado con acento vallegrandino que “no está loco” para dar su nombre.Acelerar un proceso es clave y no es nada fácil. Cada juzgado de Santa Cruz -según Marcelo Arrázola, presidente del Colegio de Abogados- tramita unos 1.400 casos al año.“Vivimos en una sociedad muy pleitista. La gente acá se denuncia por Bs 10. Somos el país con mayor cantidad de causas penales de la región”, dice el exjuez Cruz.En 2014, según un reporte del Consejo de la Magistratura, había más de 620.000 procesos judiciales siendo tramitados por 1.000 jueces. Eso implica un juicio por cada 16 habitantes.Hoy en Santa Cruz, 110 fiscales tienen que lidiar con 38.000 procesos penales. Ahí no están contados los juicios civiles que se ventilan en otros estrados. Así, es normal que un fiscal tenga la obligación de tratar de ver entre 300 y 700 casos. Gómer Padilla, el fiscal de distrito de Santa Cruz, debe administrar a sus colegas para que las causas fluyan. Asegura que en los últimos años han mejorado mucho, que han cerrado causas y solucionado casos, pero que la carga procesal, los 38.000 procesos abiertos, no disminuye.“A río revuelto, ganancia de pescadores”, dice Padilla, para graficar la enorme cantidad de casos que circulan en la oficina de un fiscal y las ‘tentaciones’ a las que puede ser sometido. Padilla asegura que su oficina está abierta para recibir denuncias, que él las investiga y que ya ha tenido resultados, incluso imputaciones contra sus propios colegas por actos de corrupción. “El otro día, 17 fiscales me dijeron que no se sentían respaldados por el fiscal departamental ante la imputación de una colega. Entonces les dije: ‘¿Quién creó el estigma contra el fiscal, el juez, el abogado y el policía? El propio fiscal, juez, abogado y policía con sus actos’. Ahora el estigma (de corruptos) nos asusta a los que lo hemos creado”, cuenta.Antes de que se abriera la puerta de la oficina de Padilla, una mujer afroboliviana con un bebé de año y medio en brazos rogaba para verlo. Ella denunciaba una extorsión de Bs 10.000 en una dependencia policial de la periferia. La fiscal que llevaba su causa (una denuncia por loteamiento) le cobró esa cifra. “Yo me presté plata porque necesitaba salir para llevar a mi hijo a quimioterapia”, cuenta, mientras le levanta la polera al niño para mostrar la herida de una cirugía para extirparle un riñón. Ella no pudo esperar a Padilla, pero prometió volver al día siguiente con todos sus papeles, incluso con el documento de ‘libertad irrestricta’ que consiguió con el dinero.Padilla dice que, desde diciembre, cambiará la forma de trabajar de sus fiscales, que creará fiscalías corporativas para que tres abogados trabajen al mismo tiempo en los casos, para que se especialicen en investigación, procesamiento y defensa judicial de los procesos y, también, para que se vigilen entre ellos. “Muchos dicen que hay que cambiar a todos, pero yo le pregunto una cosa: ¿los nuevos que vendrán nacieron en Marte? No, son hijos de esta misma sociedad”, añade.Ahí apuntan todos los abogados consultados. Arrázola recuerda que la sociedad es la que corrompe; Cruz cree que el problema de fondo es moral. “La abogacía debería ser la profesión más noble, pero es una de las más pervertidas”, dice el exjuez que conformó el primer tribunal que juzgó y condenó a otro juez.La ministra Velasco también apunta a la sociedad. Pide que no den un solo peso. Recuerda que en la Constitución y en la ley 025 se establece que la justicia es gratuita, que los funcionarios tienen que cumplir, que el secretario, juez o fiscal que no esté de acuerdo con su sueldo debe renunciar, que debe dejar el espacio a otro que quiera servir, que hay que incluir los principios del Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella en la justicia, y que hay que reformarla consultando al pueblo, a los movimientos sociales.Puede que allí tampoco esté la respuesta. Bravo asegura que ahora nadie llega a juez ni a fiscal sin el aval de los movimientos sociales, que estos son parte de la ley como control social, pero que en realidad tratan de controlar los fallos a su conveniencia. Él confía en la meritocracia, en formar una comisión de cinco grandes juristas que propongan un nuevo sistema. Cruz duda. Asegura que algunos de los más encumbrados juristas son de los más corruptos de su gremio e insiste en la guerra moral, en prácticamente educar de nuevo a administradores de justicia y ciudadanos.Arrázola, en cambio, es más institucionalista. Propone dar un presupuesto adecuado, aumentar al menos 100 nuevos juzgados en Santa Cruz para descongestionar los despachos, establecer una carrera judicial para que los funcionarios se cuiden de caer en hechos irregulares y despolitizar la justicia, dotarla de una independencia política que, asegura Arrázola, nunca tuvo.Cuando a la ministra Velasco se le consulta sobre politización, frena en seco: “Jamás ha sido politizada la justicia. Es independiente pues”. Así, por lo pronto, el único hecho concreto para curar el cáncer que todos ven, es la instalación de cámaras en los juzgados. “Por lo menos las hubiesen puesto sin avisarles. Ahora los negocios se podrán hacer en un café”, ironiza Bravo
Los carteles que luchan contra la corrupción apuntan a la conciencia ciudadana como principal arma.