La china CAMC no presentó documentos en dos licitaciones, igual le adjudicaron proyectos

TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN GOBIERNO DE EVO MORALES.

Camce no presentó documentos requeridos en dos licitaciones

TRÁFICO DE INFLUENCIAS | Seis proyectos adjudicados a la transaccional china están en cuestionamiento, después de develarse un posible problema de tráfico de influencias. La revisión de contratos devela más irregularidades.Los TiemposCONTRATOS CON LA EMPRESA CHINA CAMCE - Los Tiempos  | UsuarioCONTRATOS CON LA EMPRESA CHINA CAMCE – Los TiemposLa empresa china CAMC Engineering CO. LTD. (Camce) fue esta semana el centro de un escándalo por el posible tráfico de influencias, debido a que su gerente comercial Gabriela Zapata fue pareja del presidente Evo Morales. Es que la empresa se ha adjudicado al menos seis millonarios proyectos en el país, muchos de éstos con visos de anomalías.Cuatro de los seis proyectos le fueron adjudicados por licitación directa o por excepción. La totalidad de los proyectos suman 564 millones de dólares.Haciendo la revisión de los contratos, además, se observa que en dos de los procesos de licitación pública no presentó la documentación completa requerida, pero las instancias licitantes le otorgaron plazos para completar la información y le adjudicaron los proyectos.Según el informe de evaluación y recomendación Nº 001/2013 sobre el proceso de contratación “Construcción Vía Férrea Montero-Bulo Bulo” bajo la modalidad llave en mano, Camce no contaba con el documento de declaración jurada de condiciones adicionales, dato que figuraba en el acta de apertura del 22 de agosto de 2013. Un día después, Camce se justificó en “contratiempos de idioma”.El informe de evaluación y recomendación señala: “La empresa China CAMC Engineering CO. LTD. en fecha 23 de agosto presenta nota de solicitud de verificación de documentos en la que aclara que (la declaración jurada de condiciones adicionales) se encuentra adjunta al formulario C2”.En tanto, en el proyecto Hidroeléctrico Misicuni, la empresa no presentó la documentación legalizada que avalara la experiencia de la empresa y de sus profesionales en el plazo señalado conforme lo establece el Documento Base de Contratación (DBC).En el DBC se especifica que el incumplimiento es causal de descalificación de la constructora y de la ejecución de su boleta de seriedad, valuada en el 1 por ciento del total del contrato.Sin embargo, el gerente de la empresa Misicuni, Leonardo Anaya, informó que los representantes de Camce solicitaron la ampliación para complementar los requisitos y que se aprobó un plazo de 15 días, mediante una resolución gerencial.Camce, además, se adjudica por excepción tres de los cuatro paquetes licitados por Misicuni. Cada paquete cuenta con un contrato diferente. El primero corresponde a la presa, vertedero y obras subterráneas por 54,5 millones de dólares; el paquete de inyecciones por 2,5 millones, y el sistema de comunicación y distribución de energía, en una segunda convocatoria fue adjudicado a Camce en segunda convocatoria, tras declararse la primera como desierta, por 2,5 millones de dólares.La empresa china participó sólo de dos procesos de licitación pública. Los otros tres corresponden a contrataciones directas y por la modalidad de contratación por excepción.La trasnacional también se presentó a un segundo proceso de licitación pública, se trata de “Equipamiento con maquinaria para la dotación de agua en el departamento de La Paz” en que postuló para la adjudicación de dos de tres ítems licitados.En ese proceso de licitación la empresa se adjudica la adquisición de un “camión perforador de pozos de agua” que corresponde al ítem 3 por un monto de 2.910.000 bolivianos. En esa misma licitación, Camce pierde el ítem 1, que es la adquisición de un camión cisterna de 10.000 litros mínimo porque no cumple con los documentos y formalidades del DBC.El primer contrato estatal que recibió CAMC data de 2009. Entonces Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) compró tres perforadoras por la modalidad de contratación directa.La “prueba” del GobiernoLa rescisión de contrato de la ejecución d e la ferrovía Bulo Bulo-Montero por incumplimiento de cronograma es el caso que el Gobierno pretende mostrar como prueba de que no existe ningún tráfico de influencias. El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, dijo que producto de esta rescisión caen tres sanciones sobre la empresa y se le están aplicando las boletas de garantía (23 millones de dólares), se le prohíbe presentarse a nuevas licitaciones del Estado durante los siguientes tres años e ingresa en la central de riesgos en el sistema bancario por la ejecución de boletas.Según Claros, estos castigos le son aplicados desde diciembre pasado, cuando se rescindió el contrato.Sin embargo, Camce logró que el Tribunal de Justicia de La Paz le acepte una acción de amparo, que impide que se le ejecuten las boletas. El caso ahora está en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional, que emitirá su fallo en próximas semanas. Claros da por hecho que ese fallo será favorable al Gobierno.De todos modos, las observaciones por esta ferrovía ya corrían desde mayo de 2015, cuando se le hizo llegar una carta notariada de advertencia. De todos modos, en julio, el Gobierno volvió a adjudicarle una obra: esta vez la planta de sales de potasio.PLANTA EN UYUNIFue adjudicada por la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE), a la cabeza del exministro de Minería y Metalurgia, Luis Alberto Echazú, gerente nacional de Recursos Evaporíticos, por contratación directa iniciada el 19 de mayo de 2015. Estas contrataciones se apoyan en el decreto 2030 que autoriza a las empresas las contrataciones directas (nacional o extranjera) y adherirse a contratos elaborados por proveedores y contratistas. Adjudican la obra a pesar de las observaciones a la empresa.SAN BUENAVENTURAEl gerente Ramiro Lizondo Diaz, ex viceministro de Micro y Pequeña Empresa, por invitación directa suscribió el contrato con Camce a pesar de las denuncias públicas, sobre el proceso de contratación y la empresa contratada, después de haber sido descalificada dos veces. Posteriormente, se dictaron los decretos supremos 1972 y el 1979 para contrataciones directa y por excepción de Easba.Los trabajadores denunciaron abusos y que trabajaban sin contratos.MISICUNISegún el presidente de la empresa, Jorge Alvarado, sólo se realizó un proceso de contratación por excepción en los que se ofertó cuatro paquetes para el proyecto múltiple Misicuni.Camce resultó como adjudicataria de tres paquetes (I, II y el IV) del proceso de contratación directa por un valor de 59,2 millones de dólares.Por cada paquete adjudicado, según Alvarado, se firmó un contrato diferente a pesar de tratarse de un solo proceso de contratación directa.FERROVÍASe adjudica mediante Resolución Administrativa MOPSV-VMSV 007. La compañía china CAMC se adjudicó el tramo I que abarca Montero-Santa Rosa-Río Yapacaní La firma china Railway el tramo II que une Río Yapacaní con Bulo Bulo. Ya se resolvió el contrato con la empresa china Railway por incumplimiento. Ahora existen demandas pendientes con CAMC por la resolución de contrato que se realizó en diciembre pasado. Existe un amparo constitucional presentado por Yinying Yao, representante de Camce.PERFORADORASSe adquieren los equipos en base a los decretos supremos 29506 y 0224 por un valor de 60 millones de dólares por la modalidad de contratación directa. Los equipos son adquiridos de Camce en la gestión del expresidente Carlos Villegas. Después de la adquisición se aprueba recién la Ley N° 187 para financiar los recursos pasando por alto la Ley 2042 que establece que ninguna autoridad puede comprometer recursos que no están presupuestados ni asegurados. A la fecha no hay más información sobre los equipos.EQUIPOS DE AGUALa licitación fue realizada por la Gobernación de La Paz. Los resultados del proceso de contratación fueron presentados mediante la resolución administrativa N° 68/2014. En este proceso de licitación pública Camce se presenta a dos de tres ítems del proceso, pero resulta ganadora solo del tercer ítem denominado: “Camión perforador de pozos de agua” por una suma de 2,9 millones de dólares. Fue la Secretaría de Economía y Finanzas la encargada de cumplir el proceso.