El presidente Evo Morales, jaqueado por los escándalos de corrupción que salpican a su gobierno, parece estar barajando la posibilidad de “escapar hacia adelante” mediante una nueva agenda de radicalización del mal llamado proceso de cambio.Hablamos de un segundo paquete de estatizaciones con objetivos múltiples, que van desde amedrentar a actores del sector privado como medio para acallar voces críticas, hasta ensanchar la burocracia para crear nuevas pegas que aquieten las aguas dentro de sus “movimientos sociales”.El caudillo cocalero lanzó el globo de ensayo hace un par de días, al inaugurar la Cumbre Política de Trabajadores y Movimientos Sociales, en Cochabamba, donde preguntó a sus seguidores “si faltan nuevas empresas estatales o qué más hay que nacionalizar todavía”.Esto, a pesar de que el Procurador General del Estado, Héctor Arce, uno de los más estrechos colaboradores del primer mandatario, había declarado el “fin del ciclo de las nacionalizaciones” en octubre del año pasado.En una década de gobierno Morales estatizó manu militari nada menos que 19 empresas, de las cuales la mayoría terminaron siendo deficitarias en manos públicas. Este proceso les ha costado a los contribuyentes bolivianos 615 millones de dólares en indemnizaciones a los inversores expropiados, más otros 531 millones por pagar.Esperemos que no se concrete este nuevo “salto cualitativo” dentro de la Robolución, que sin duda contribuiría a empeorar aún más las sombrías perspectivas económicas para los próximos cuatro años…[email protected]