David Tezanos Pinto dijo que el uso de armas letales está sujeto a investigación, aunque el domingo afirmó que los policías tenían armas de fuego, pese a que el Ministerio de Gobierno no las había autorizado.
Ref. Fotografia: Defensor del Pueblo, David Tezanos.
La Defensoría del Pueblo «ponderó» la labor de la Policía Nacional en el conflicto entre los cooperativistas mineros y el Gobierno y detectó que cumplió sus funciones en «condiciones limitadas de indumentaria, insuficiencia de equipos de protección antimotines y elementos de disuasión», pero no ratificó que vio a policías con armas de fuego.
«Es ponderable que la Policía boliviana haya desempeñado su mandato de cumplir y hacer cumplir la ley y que en gran parte del conflicto ejecutaron acciones acordes a protocolos contra disturbios, en condiciones limitadas de indumentaria, insuficiencia en equipos de protección antimotines y elementos de disuasión en situaciones de desproporcionalidad y desventaja, sufriendo varios heridos en sus filas», señala el comunicado al que dio lectura el defensor David Tezanos Pinto.
La autoridad señaló que se constató el uso de cartuchos de gases y balines de goma, casquillos, heridos y «víctimas fatales por arma de fuego», aunque aclaró que el Ministerio de Gobierno informó que prohibió el uso de armas letales durante el desarrollo del conflicto, un tema que dejó para la investigación del Ministerio Público.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Sin embargo, este pasado domingo, el Defensor del Pueblo dijo que sí vieron a policías con armas de fuego. «Lamentablemente sí hubiera habido uso de armas letales como se ha visto atribuibles a miembros de la Policía, esto hubiera sido una conducta totalmente aislada por móviles de venganza», declaró cuando participó del cortejo fúnebre del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
Ese mismo día, al ser consultado sobre qué sabía de los mineros muertos, dijo: «es mucho más indeterminado porque el uso de municiones letales que habrían causado la muerte no era prohibido para la Policía». Y añadió que en un contingente tan grande de más o menos 1.500 policías y 6.000 mineros «encontrar a un responsable se torna más complejo.
Tezanos Pinto anunció que la Defensoría del Pueblo elabora un informe sobre los hechos relacionados a los conflictos que terminaron con la vida de cinco personas: cuatro mineros, tres con impacto de bala; uno por mala manipulación de explosivos y el viceministro de Régimen Interior; además de un minero con muerte cerebral.
Por el asesinato del viceministro nueve cooperativistas fueron detenidos y enviados a la cárcel, el Ministerio Público continúa en las investigaciones; mientras que por la muerte de los mineros, aún no existen detenidos ni sospechosos de los que haya informado el Ministerio Público.
En el comunicado también señala que la Defensoría del Pueblo procuró generar espacios de diálogo, llamó al repliegue policial y al cuarto intermedio en el bloqueo de caminos, pero «la tensión no bajó», por el contrario la «escalada de violencia y la subversión del orden y la ley, sumada a la forma en que se asesinó a una autoridad, ha decantado en una deslegitimación de la dirigencia», dice.
Y reclama porque las demandas de los mineros cooperativistas debieron ajustarse al modelo de Estado, para no exponer a los trabajadores a una confrontación, como se vivió entre los días 10, 11 y 22, 23, 24 y 25 de este mes.
Fuente: eldia.com.bo
