Cuatro jueces se enfrentaron al presidente y dictaron medidas cautelares. Impidieron así la expulsión de los musulmanes que llegaron en horas posteriores a la decisión del magnate.
Refugiados son bienvenidos. Trump vete a casa, dice un cartel que sostiene un manifestante el 29/01/2017 en Washington, EEUU, durante una protesta contra las órdenes ejecutivas de Donald Trump. (John Middlebrook/DPA)
En la primera semana de su mandato Donald Trump se topó con la Justicia: ya son cuatro los jueces que dictaron medidas cautelares contra el decreto que el presidente republicano firmó el viernes para impedir el ingreso a EE.UU. a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y a los refugiados de todo el mundo.
Después de que en las últimas horas del sábado una jueza de Nueva York impidiera la repatriación de dos iraquíes detenidos en el aeropuerto JFK, otros tres jueces en los Estados de Massachusetts, Virginia y Washington restringieron el poder del decreto presidencial para expulsar de EE.UU. a los libios, somalíes, sudaneses, yemeníes, iraquíes, iraníes y sirios llegados el viernes tras la firma del decreto.
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La decisión que tomó hoy la jueza Allison Burroughs, en Boston, es de especial relevancia: además de bloquear la repatriación de dos iraníes detenidos en el aeropuerto Logan (Boston) prohibió que siguieran detenidos por las autoridades de inmigración.
Según el decreto, los ciudadanos de los siete países musulmanes citados no podrán entrar en EE.UU. en un plazo de 90 días (aunque tuvieran la visa para hacerlo). El plazo de prohibición para los refugiados de todo el mundo es aún mayor, de 120 días. A menos que además de refugiados tengan pasaporte sirio: en ese caso, la prohibición de entrada a EE.UU. es sencillamente indefinida.
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Ante el frente de batalla presentado por los jueces contra Trump, la Casa Blanca matizó la intención del texto, que en principio parecía abarcar a todos los ciudadanos de esos siete países. Según el jefe de Gabinete, Reince Priebus, a los que tengan permiso de residencia en EE.UU. (titulares de la llamada green card) “no les afecta” el decreto.
Durante una entrevista en la cadena NBC, Priebus dijo también hoy que de cualquier manera serían interrogados en profundidad.
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Su jefe, Trump, lo argumentó con un tuit. “Nuestro país necesita fronteras fuertes y un riguroso escrutinio, AHORA. Miren lo que está pasando en toda Europa y, qué duda cabe, también en el mundo: ¡un lío tremendo!”, escribió en la red social.
La confusión reina en los aeropuertos estadounidenses desde el viernes, donde los agentes de inmigración no tienen directivas claras. Cientos de personas se manifestaron contra el decreto en las terminales aéreas de Nueva York, San Francisco, Dallas o Seattle.
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“No dejar que se infiltre gente que pretenda perjudicarnos”, dijo el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, para defender la medida.
Además de atentar contra el debido proceso y la protección igualitaria, el decreto de Trump también podría ser inconstitucional por discriminar en función del credo: los países afectados son de mayoría musulmana.
Aunque escribirlo con las mismas palabras habría sido abiertamente ilegal, el alcance del decreto es muy similar al de aquella amenaza de campaña de Trump de prohibir la entrada a “todos los musulmanes” (uno de los republicanos que se oponía entonces a esa discriminación del Trump candidato era Mike Pence, entonces gobernador de Indiana y hoy vicepresidente).
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La distinción por religión también puede identificarse en la parte del decreto que, tras la prohibición de 120 días para los refugiados, da prioridad a los perseguidos por su religión, una frase que apunta a los cristianos de Irak y de Siria. “Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!”, tuiteó Trump hoy.
Según Spicer, 109 personas pasaron desde el viernes por procedimientos de control reforzados al llegar al país, y solo “unos veinte” permanecen detenidos. Pero en el resto del mundo las aerolíneas se están negando a embarcar a los ciudadanos de los países alcanzados por la medida, aunque posean una visa en regla.
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Irán es uno de los países más afectados por la gran cantidad de iraníes con visas de trabajo o de estudio en Estados Unidos. “Restricciones injustificadas”, dijo ayer la Liga Árabe sobre las prohibiciones impuestas por Trump. También afectan a cientos de trabajadores de Sillicon Valley que son originarios de países musulmanes. Google y otros gigantes del área manifestaron su protesta.
La oposición demócrata ya pidió que se retire el decreto. En la mayoría republicana, aunque pocos legisladores lo han defendido tampoco ha habido muchas condenas. “Los tribunales juzgarán si ha ido demasiado lejos”, dijo ayer a la cadena ABC el republicano Mitch McConnell, jefe de la mayoría del Senado.
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Gracias a los fallos de los jueces, ninguno de los que llegaron a EE.UU. tras la firma del decreto será deportado por el momento, aunque hubo informes de que en algunas ciudades los empleados de inmigración siguieron adelante con los planes de deportación, pese al dictado de los jueces.
En cualquier caso, las decisiones de los jueces son cautelares, no fallos definitivos, y en febrero habrá nuevas audiencias para determinar si se mantienen o no.
Aunque la Justicia frenó las deportaciones de los llegados en las horas siguientes al decreto, los refugiados y los que tenían permiso para viajar a EE.UU. en los próximos días siguen bloqueados. Según Anthony Romero, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la batalla judicial no ha hecho más que empezar: “Esto acabará probablemente ante el Tribunal Supremo”.
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Fuente: clarin.com