A pocos más de dos meses del accidente del avión de LaMia surgen nuevas revelaciones, según el informe de la Policía de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, pero solo hay cinco procesados de bajo perfil.
El 28 de noviembre el mundo se estremeció con la noticia del siniestro del avión de LaMia. Así quedó la nave CP-2933, que decoló de Viru Viru y se estrelló en Cerro El Gordo, cerca a Medellín. Foto: AFPEl general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Édgar Virgilio Pereyra Quiroga, exdirector de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), tiene orden de captura a escala nacional e internacional porque la investigación de la Fiscalía y de la Policía lo señalan como el responsable de haber otorgado, en tiempo récord, a la empresa LaMia el certificado para ser explotador del servicio aéreo dentro del país y fuera de nuestra fronteras.Así lo señala un informe de la Unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), al que tuvo acceso EL DEBER, a dos meses de la tragedia ocurrida en Colombia, donde se cayó el avión de LaMia, causando la muerte de 71 personas, la mayoría miembros del equipo brasileño de fútbol de Chapecoense.Hasta el momento la investigación tiene a cinco procesados, tres de los cuales están presos en los penales de Santa Cruz y La Paz, mientras que la Fiscalía guarda silencio en torno a la situación jurídica del empresario español-venezolano Ricardo Albacete, señalado en el informe de la Policía como dueño de LaMia y de los tres aviones que tenía la aerolínea.El informe de la Policía, en su parte fundamental, señala que “por otro lado se tiene similar información con relación a los otros dos ciudadanos Edgar Virgilio Pereyra Quiroga y Marco Antonio Rocha Venegas, quienes a sabiendas de la responsabilidad de sus actos en el hecho lamentable, se tiene conocimiento de la salida del país de los nombrados y estarían escondidos en algún país de Sudamérica, Centroamérica o Europa desconociéndose su paradero, lo cual ha motivado su búsqueda con las órdenes de aprehensión y su captura internacional”.Luego de los actos investigativos de la Unidad Anticorrupción, el informe señala que Pereyra Quiroga y Rocha Venegas son denunciados por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, desastre en medios de transporte, homicidio culposo, lesiones gravísimas y culposas.Entre las personas buscadas, el informe cita a su vez a Celia Castedo Monasterio, exinspectora de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Aeronavegación (Aasana), que desde el 5 de diciembre se refugió en Corumbá (Brasil), donde asegura ser inocente y que cumpliendo su rol hizo cinco observaciones al vuelo de LaMia.Designación repentinaEl informe policial señala que el 15 de diciembre de 2016 el general en servicio pasivo de la FAB, Luis Coimbra Busch declara que se desempeñó como director general de la DGAC desde el 18 de octubre de 2011 hasta el 7 de julio de 2015. Afirmó que en su gestión atendió los trámites solicitados por LaMia para operar en Bolivia.Además, en su gestión se tramitaron cuatro fases del permiso, siguiendo las normas, y que faltaba la quinta, que era la definitiva. El informe policial revela que Coimbra Busch recibió el 7 de octubre de 2014 una carta del general Gustavo Vargas Gamboa (preso en Palmasola), ex gerente general de LaMia, comunicándole la intención de iniciar el proceso de certificación del operador aéreo. El 7 de julio de 2015 es posesionado de forma sorpresiva el general de la FAB Édgar Virgilio Pereyra Quiroga.“El lunes 6 de julio de 2015 a primera hora de la mañana vía celular, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, le llamó para que asista de inmediato el 7 de julio a la posesión del nuevo director de la DGAC, Édgar Virgilio Pereyra. A partir de esa fecha Coimbra no conoce más de los trámites de LaMia, pero aclaró que lo dejó en la quinta fase, que consiste en otorgar el certificado de explotador de servicio aéreo”.Policías y fiscales que forma parte de la comisión que indaga este caso señalaron que les parece extraño que nadie ejecute la orden de apremio contra Virgilio Pereyra.La Policía a Ricardo AlbaceteEl informe de agentes de la Policía anticorrupción, después de las pesquisas, piden que a través de la Fiscalía se realicen actos investigativos contra Albacete, al que señalan como dueño de la empresa LaMia y de tres aviones, dos de los cuales están retenidos en Cochabamba, para que el Instituto de Investigaciones Forenses designe a los peritos informáticos para realizar un estudio técnico a las máquinas de computación y otros medios electrónicos secuestrados en instalaciones de la empresa LaMia.También se pide a la Notaría de Fe Pública 31, de Cochabamba, para que certifique si existe el testimonio de escritura 1181/2014, donde se detalla el contrato de arrendamiento de la aeronave otorgado por Ricardo Albacete a favor de LaMia Corporation, representada por Gustavo Vargas.Finalmente, se ha pedido a las empresas telefónicas privadas y estatales enviar el flujo de llamadas de Albacete y sus relaciones con personas en Bolivia. A la Aduana, la certificación de las tres naves importadas por LaMia. El informe policial es la base investigativa de la Fiscalía AnticorrupciónEL DEBER / Guider Arancibia