El “populismo” judicial en la Asamblea Constituyente

Jorge Lazarte R.

Todo  el desaguisado de las elecciones judiciales empezó en la Asamblea Constituyente(AC),   en la que estuvo  ausente  una conciencia clara de las dimensiones y complejidad del fracaso  secular de la justicia en Bolivia. Su lugar  fue ocupado por  la convicción simplista, y hasta revanchista en buena parte de los constituyentes de la mayoría oficialista,   de que el problema de la justicia consistió en que siempre estuvo  contra el “pueblo” el lugar de estar con el “pueblo”, y que la única foma de revertir esta situación era  una justicia al servicio del “pueblo”. Se creyó y se hizo creer  que el nuevo modelo de justicia popular  resolvería casi por ensalmo  los arraigados entuertos judiciales.

El escenario donde se armó esta idea “populista” fue    la  Comisión Judicial   de la Asamblea Constituyente, que fijó los principios constitutivos de la denominada justicia “plural”. Aunque   no se sabe cómo se llegó a esa meta, ni el camino recorrido internamente, lo que sí puede leerse en las Actas de la Comisión,  es que en el momento de votar  el Informe   hubo lo que dificilmente puede llamarse debate, que fue más bien una ocasión  para marcar posiciones,  con réplicas desordenadas,  afirmaciones más políticas y escasamente  argumentadas;  repetición de lugares comunes y letanías quejumbrosas,   sin  ninguna refererencia jurídico-doctrinal ni balance analítico serio que respalde lo que se iría a votar. Lo que iba a ser decisivo era la aritmética y disciplina del voto para imponerse en la disputa.

Las coincidencias existentes – acerca de lo que debían ser las   competencias   de los órganos judiciales y del  Tribunal Constitucional( que ya están estandarizadas internacionalmente)-,   fueron la envoltura  de  los   desacuerdos de fondo  que marcarían el modelo de la  “nueva” justicia, derivados de  “divergencias ideológicas” ,  como dice el Informe .  Estas   diferencias de principio   entre la mayoría oficialista y la oposición fueron irreductibles  y contaminaron la mayor parte de los temas tratados. Sin embargo,   el Informe fue presentado como  un “solo cuerpo” como para atenuar las divergencias  de fondo y de visión, que   según el  reglamento de la AC debieron  dar lugar a dos informes, uno por mayoría y otro por minoría.

Los  dos temas   que dividieron  a la Comisión  fueron  la elección por voto popular de los magistrados y el llamado  “pluralismo jurídico”. Ambos  serán  a su vez  las dos columnas del nuevo modelo de justicia, cuya “refundación” quería decir,  como se alegó en la comision Visión de País,  inventar un “nuevo derecho” con raíces endógenas. Con respecto al  voto popular,   los miembros  de la mayoría de la Comisión abogaron  por la justicia  “despotitizada”, que     deje de ser   de los “empresarios” para estar al servicio  del “pueblo”. Este cambio de eje debía traducirse     en que el verdadero  “dueño” de la justicia  debía elegir con su voto a los magistrados del sistema judicial . Se alegó  que esta modalidad  era   la que el “pueblo” había reclamado   en  los “Foros Territoriales ”( una encuesta de la época mostraba datos en la misma dirección) .   Estos pedidos se apoyaban  en el supuesto  muy repetido antes y sobre todo después de la Constituyente,   de que es  el camino  para  acabar con   los “cuoteos” políticos, percibidos por una buena parte de la población  como “culpables” de la degradación de la justicia.

Está  fórmula del voto universal fue calificada de “inédita”  y  saludada y  celebrada con entusiasmo irreflexivo y precipitado  por analistas y profesionales de perfil dentro y fuera del país,     a pesar de las alarmas ya existentes en la época sobre sus probables efectos contraproducentes.

Está claro que este razonamiento “populista” incurre en una falacia de principio, que es confundir      funciones “jurisdiccionales”- que son las de los jueces- con las funciones  “representativas”- propias del parlamento-,   e ignora  que esta diferencia funcional marca  las obligaciones y las responsbilidades de cada cual: los jueces están al servicio de la ley, mientras que los legisladores están al servicio de sus votantes, que pueden demandarles  rendición de   cuentas de sus actuaciones.

Esta diferencia  aconsejaba  en virtud del principio de separación de poderes y su preservación, desestimar el  mecanismo del voto, puesto que para el caso  es  inherentemente nocivo y no  impide  la politización de los cargos, al contrario lo contamina.   Como se sabe, en cualquier elección de cierto alcance  se vota teniendo en cuenta las inclinaciones políticas de los candidato  con todos los riesgos  de imprengnarse   con patologías propias de los procesos electorales, tanto más elevados  que forman parte de una rutina muy asentada. En los países donde arraigó   este mecanismo  de votación ( pero sólo para jueces),  como EE.UU. y Suiza,  se    constata el juego  de los  lobbys durante las campañas;  la existencia de fallos judiciales  electoralmente calculados  ;   el clientelismo,  la corrupción;  el compromiso partidario,  etc.  etc.  que han puesto en duda la conveniencia de este mecanismo de elección de jueces,  o alternativamente han impulsado crecientes  restricciones para neutralizar   estas contaminaciones.

Sin lugar a dudas, por lo menos entre nosotros,  no puede descartarse que en la decisión “populista”   pudo haber habido  una   cierta y no escasa ingenuidad    al   pensar  que  el voto universal idealizado sería  una garantía contra la politización. Aquí las buenas causas empedraron el camino al infierno,  como suele decirse.   De cualquier manera,  lo cierto es que este mecanismo  fue funcional a la apuesta   del gobierno   de ser “poder” y no sólo gobierno, y a su pretensión  de tener  el control de la “totalidad” del poder, y por tanto, del órgano judicial y el TC con el voto del “pueblo” , aunque las razones  en el presente sean  más prosaicas y menos santas. Pero por otra parte  este modelo  es la negación misma de la idea  de justicia inherente  al Estado de derecho, como puede constatarse  por sus graves  consecuencias que hoy afectan como nunca al poder judicial y a la justicia, calificada de “podrida” por los mismos que la alentaron.

Este nuevo “modelo” de justicia “plural”  carga además    el lastre del vicio de origen de toda la Constitución Política”plurinacional” que  nació violando los  reglamentos  de funcionamiento de la Constituyente y las leyes que la hicieron posible. El proyecto de Oruro  fue aprobado sin quorum y enviado así al Congreso Nacional, y en él   se incluyó una claúsula , única en el mundo- que estaba ausente en las redacciones anteriores-,   que es violatoria flagrantemente  de toda la jurisprudencia, convenciones y pactos internacionales refereridos a derechos fundamentales, y  ponen en duda su debido cumplimiento,   como tendremos ocasión de explicitar en el siguiente artículo.

 

 

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